La discusión de “la vuelta a clases” ha tomado importancia política de magnitud en las últimas semanas. Tanto el gobierno nacional, con el ministro de Educación Nicolás Trotta haciendo conferencias por las provincias y sus gobernadores, como la oposición de Cambiemos, acuerdan en esta presión de reapertura de las escuelas e instituciones educativas, rozando los 10.000 casos de Covid-19 diarios y sin un claro plan de vacunación nacional.

Este intento de reapertura viene acompañado de una fuerte campaña de ataque contra los docentes, a quienes se quiere responsabilizar por el retorno. Somos los estudiantes y docentes quienes defendemos la presencialidad para garantizar el proceso educativo.

Pero la responsabilidad le cabe a los gobiernos, que no hicieron nada por la educación en once meses y buscan omitir sus propias faltas, descargándola sobre los trabajadores de la educación. Es el Estado -nacional y provincial- quien debe garantizar las condiciones edilicias, de trabajo y de estudio para volver segurxs a las aulas.

Mucho ruido y pocas nueces

Advertimos titulares y anuncios rimbombantes por parte del gobierno nacional y su oposición de Cambiemos en las provincias para una “vuelta a la presencialidad”, pero ¿qué hizo el gobierno en estos once meses para garantizar la vuelta a la presencialidad?

Los protocolos para volver a las aulas que presentan, volverán sobre las pautas diseñadas por el Consejo Federal de Educación y Trotta, presentadas en octubre y nunca garantizadas.

Para volver a las mismas necesitamos las condiciones pertinentes. Previamente a la pandemia, las escuelas, institutos y universidades se encontraban en pésimas condiciones de infraestructura. Durante la pandemia no han destinado un centavo a reacondicionar los espacios. ¿Cómo imagina el gobierno que sea posible regresar a las aulas con un promedio de 35 estudiantes (en nivel secundario) o llegando hasta más de 100 en nivel superior?

No hay aulas con espacio suficiente para garantizar “burbujas” de 10 estudiantes a cargo de cada docente, una correcta ventilación, agua potable en todos los establecimientos, jabón, disposición de alcohol en gel y barbijos para estudiantes, docentes y no docentes. Para volver segurxs a las aulas, el Estado debe disponer en cada jurisdicción el presupuesto necesario destinado a realizar obras de infraestructura y reacondicionamiento de los espacios de trabajo y estudio. También abrir de manera urgente los listados de clasificación docente y no docente, en nivel secundario y superior, para garantizar las clases presenciales en estas “burbujas”.

Otro problema es el transporte, siendo éste uno de los principales focos de contagio de Covid. ¿Qué hizo el gobierno para reacondicionarlo y evitar el colapso que supondrá en trenes, subtes y colectivos una vuelta masiva a clases? Nada. Muy cínicamente esbozaron que “el resto de los pasajeros deberá darle prioridad a lxs estudiantes en el transporte público”. Imaginemos las horas pico y el hacinamiento usual a la prepandemia: una bomba epidemiológica. Una inversión en esa sintonía podría servir para un servicio de transporte escolar gratuito, que sostenga los viajes sin aumentar brutalmente la curva de contagios.

Los problemas de lxs estudiantes y la virtualidad

La juventud que estudia y trabaja ha sido fuertemente golpeada por la crisis económica signada en el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Estuvo marcada por una serie de medidas seriamente regresivas para nuestras condiciones de vida: la eliminación del IFE, el aumento en la precarización laboral, la inflación que se come nuestros salarios, las dificultades de acceso a la vivienda. En este marco, los gobiernos nacional y provinciales han recortado el presupuesto para la educación.

Los “protocolos de vuelta a clases” necesariamente van a contar con un sistema híbrido, ya que la totalidad de lxs estudiantes, sobre todo en nivel superior no van a poder regresar a las aulas por distintos motivos -personas a cargo, ser pacientes de riesgo, etc. ¿Qué hizo el gobierno en estos meses para evitar que lxs estudiantes se queden afuera de la cursada “virtual”?

Ya atravesamos todo el ciclo lectivo 2020 bajo la modalidad de virtualización forzosa. No se garantizó la conectividad para estudiantes y docentes con entregas de computadoras y conectividad (las becas estudiantiles de la Ciudad y Progresar rondan los 2.100 pesos mensuales, y no son universales), intentó cerrar los postítulos y tecnicaturas, y no garantizó que se puedan rendir exámenes sin que implique una hiperexplotación docente.

Para los docentes, las presiones laborales se multiplicaron y los ataques a las condiciones de trabajo generaron estrés laboral, avances contra el acceso al trabajo y una mayor falta de estabilidad laboral. A todo esto, hay que sumar pérdidas salariales de entre un 15 y un 20% respecto de la inflación.

El resultado de esta política vaciadora fue una deserción masiva de estudiantes, un desgranamiento total de la matrícula y de hiperexplotación docente. Trotta reconoce que un millón de estudiantes perdieron todo vínculo con la escuela, pero las cifras de deserción en la educación obligatoria supera largamente el 40%, cerca de 5 millones de estudiantes. Una realidad similar muestra el abandono en la enseñanza superior.

No podemos tener otro ciclo lectivo sin recursos para esta virtualidad parcial, con docentes y estudiantes pagando los recursos de sus propios bolsillos, para aprender y enseñar. Planteamos la necesidad de seguir exigiendo dispositivos, conectividad, alimentación saludable en los comedores y becas estudiantiles que permitan garantizar la permanencia.

La defensa de la educación está en nuestras manos

La parálisis y la complicidad de las burocracias sindicales ante la crisis educativa no sorprende a nadie. Las conducciones burocráticas han pactado paritarias a la baja y negocian una vuelta a clases sin recursos.

Gobierno y oposición acuerdan una “vuelta a las aulas” sin condiciones, a pesar del riesgo epidemiológico que significaría para estudiantes, trabajadores y familias.

Es importante que lxs estudiantes nos organicemos Los centros de estudiantes, con sus coordinadoras y federaciones, deben debatir y garantizar un plan de acción por un retorno seguro, formando comités de bioseguridad e higiene con poder de veto.

En este cuadro, impulsemos reuniones, asambleas, plenarios junto a docentes y familias para imponer a los gobiernos las condiciones necesarias para garantizar un retorno a la presencialidad escolar seguro y cuidado.