Educación
27/9/2025
Intoxicación de alumnos por agua contaminada en las escuelas de Mar del Sur
Sufrieron vómitos, diarreas y internaciones. Es la punta del iceberg de las consecuencias del ajuste y vaciamiento educativo.
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Tribuna Docente de General Alvarado
Los certificados de potabilidad habían sido adulterados.
La comunidad educativa del municipio bonaerense de General Alvarado está atravesando una situación alarmante. En Mar del Sur alumnos y alumnas fueron obligados a consumir agua contaminada durante meses. Las consecuencias se hicieron sentir en el cuerpo de los chicos y chicas: con vómitos, diarreas, internaciones y un impacto directo en la salud de estudiantes y familias.
La Justicia Federal imputó a Carolina Palacios (presidenta del Consejo Escolar por Unión por la Patria), Adriana Parodi (vicepresidenta del Consejo e integrante del PRO), Fernán Gorostiza (tesorero del cuerpo, ingresó por la lista de Unión por la Patria) y al prestador privado Ezequiel Bravo, por falsificación de informes sanitarios, uso de documentos públicos falsos, suministro de agua nociva para consumo humano, defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Según la investigación, los certificados de potabilidad que afirmaban que el agua era apta para consumo habían sido adulterados con sellos falsos de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Mar del Sur carece de red cloacal y de agua corriente. El Polo Educativo se abastece de un pozo cercano a un sistema séptico, lo que habría permitido que la contaminación de las napas afectara fuertemente al agua utilizada en las escuelas.
Este hecho no es un accidente ni un error administrativo. Es parte de una política de vaciamiento de la escuela pública que se arrastra desde hace años. Mientras se falsifican documentos y se juega con la salud de los estudiantes, las y los docentes trabajamos en condiciones de sobrecarga laboral, con edificios deteriorados y con salarios por debajo de la línea de pobreza.
Recién cuando el escándalo tomó estado público el intendente Sebastián Ianantuony (de Unión por la Patria) y el titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, dispusieron la intervención administrativa del Consejo Escolar de General Alvarado. Una medida tardía que busca cubrir el impacto mediático sin resolver lo de fondo.
El gobierno de Axel Kicillof y la cartera de Educación son responsables: sostuvieron a estas autoridades corruptas y desoyeron las denuncias. Su silencio y su inacción los convierten en cómplices de este atentado contra la salud pública. Tampoco la conducción oficial de Suteba ha dicho una sola palabra: el encubrimiento y la subordinación al gobierno son una constante.
Desde Tribuna Docente señalamos que este escándalo en General Alvarado es solo la punta del iceberg. La falta de presupuesto, el abandono de la infraestructura escolar y el deterioro salarial son parte de un mismo plan de ajuste que recae sobre docentes, estudiantes y familias.
Por eso exigimos el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales, la separación inmediata de los consejeros escolares implicados; la realización urgente de análisis bacteriológicos en todas las escuelas del distrito, con resultados públicos y control de la comunidad; un plan integral de obras para garantizar agua potable y condiciones seguras en cada escuela; y un aumento salarial inmediato y mayor presupuesto para la educación pública.
Llamamos a organizar asambleas en cada establecimiento para discutir un plan de lucha y enfrentar colectivamente esta política criminal. La salud, la vida y la educación de nuestra comunidad educativa no pueden seguir siendo la variable de ajuste.
