Como es de público conocimiento han ocurrido en nuestra provincia en estos últimos días numerosas peleas entre estudiantes en las calles, se tratan secundarios de distintos colegios y los motivos aun no son claros. Esta no es la primera vez que ocurre algo así, hace unos años un alumno del Gymnasium de la UNT fue apuñalado y perdió la vida en una pelea callejera.

Hoy el actual gobernador, Osvaldo Jaldo, sacó un decreto y realizó declaraciones en los medios de comunicación al respecto, todo en la línea de judicializar a estudiantes y padres.  En primer lugar, los estudiantes que realicen disturbios en la vía pública serán detenidos y puestos a disposición de la Justicia, también serán desafectados de los establecimientos educativos perdiendo el año escolar ya que no podrán ser recibidos en ninguna escuela en lo que reste del año.

Segundo, a los establecimientos, ya sean públicos o privados, que perciban un subsidio del Estado se les dispondrán la quita de dicho beneficio. Por último los padres deberán responder por dichos actos teniendo “sanciones” dependiendo el lugar de trabajo si son empleados públicos provinciales, comunales o municipales.

El decreto de Jaldo no es solo abiertamente represivo sino ciertamente ilegal en un montón de aspectos, una burrada, la mayoría de las cosas que se disponen van en contra de cientos de leyes. Una vez más los únicos golpeados son los jóvenes, la juventud no necesita más represión, necesita escuelas y universidades en condiciones, necesita becas de estudio y transporte, no un tratamiento policial a los problemas que surgen de este sistema.

Está claro que vivimos bajo una latente represión policial que se acrecienta aún más en los barrios más carenciados. Jaldo no solo es un gran alumno de Milei en el ajuste brutal que está llevando adelante, también los es en lo represivo. Repudiamos totalmente el decreto del gobernador y llamamos a los estudiantes a organizarnos realizando asambleas en todos los lugares de estudio en la línea de la gran movilización educativa del 23 de abril.

¿Por qué decimos que está en riesgo el derecho a protestar en la Ciudad de Buenos Aires?

Dos años de prisión por movilizar. Si marchaste ocho veces, podés ir a un juicio por dieciséis años tras las rejas. Vamos a la audiencia pública del 10/5 con Gabriel Solano en la Legislatura. –

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