Con fecha 3 de noviembre, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación habilitaron a 87 municipios sobre un total de 135 a volver a la presencialidad. Los distritos alcanzados por la nueva norma involucran a más de 3 millones de alumnas y alumnos y a alrededor de 200 mil docentes. Entre ellos están decenas de los más populosos del Gran Buenos Aires, como Moreno, Lomas de Zamora, Quilmes y Florencio Varela, y de los más hundidos en la pobreza, como José C. Paz, Malvinas Argentinas y Presidente Perón (el municipio de la recuperación de tierras de Guernica).

Una razón de estado

La decisión de Axel Kicillof fue habilitada por el gobierno nacional cuando, en la última reunión del Consejo Federal de Educación, el ministro de Educación Nicolás Trotta eliminó el requisito de nula o muy baja circulación del virus para volver a las aulas. Lo reemplazó por una relación manipulable que combina contagios, camas disponibles en terapia intensiva y condiciones sanitarias y de infraestructura en las escuelas (Infobae, 4/11).

Lejos de ello estamos. El 51% de las escuelas secundarias estatales del país no disponen de desagüe de red o cloaca, trepando al 85% en zonas rurales; el 19% de todas las escuelas no tienen agua de red pública (36% en rurales); el 55% de las escuelas argentinas no dispone de accesibilidad para personas con discapacidad; el 76% no tiene sistemas de refrigeración; el 36% no tiene calefacción y el 27% ni siquiera un ventilador (Clarín, 26/10).

Sin embargo, el semáforo roto de Trotta señala, con 12.000 contagios y 400 muertes diarias, que el 64 % de la provincia está en luz amarilla, con indicador epidemiológico de Mediano Riesgo, que garantiza “el regreso seguro a clases presenciales, quedando habilitadas exclusivamente las actividades de revinculación al aire libre, en predios cerrados para grupos de hasta 10 estudiantes, conforme el Protocolo que obra como anexo IV en la mencionada resolución” (Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires).

El protocolo de “seguridad” recomienda que exista 1 lavabo cada 20 alumnos. En las escuelas, la relación que hoy existe es de 4 cada 300, aproximadamente, pero el alcohol en gel y las toallas de papel no existen en ningún establecimiento.

Es por el lucro, estúpido

Al comienzo de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof se jactaban de haber aprendido de los países de Europa. Hoy, cuando en Europa recrudece la pandemia, consecuencia de la completa apertura económica, como pasa también ahora en la Argentina, miran para otro lado en resguardo de los intereses de los capitalistas locales como también lo hacen Macron o Merkel en el viejo continente.

El presidente francés cerró los bares, restaurantes, museos y negocios no esenciales, pero, a diferencia del confinamiento de dos meses impuesto entre marzo y mayo durante la primera ola del coronavirus, las escuelas permanecen abiertas. Así mismo, las fábricas, las explotaciones agrícolas y el sector de la construcción podrán seguir funcionando y los servicios públicos continuarán atendiendo.

“La economía no debe detenerse, ni hundirse” señaló el mandatario francés, quien declaró que “el virus está circulando a una velocidad que ni siquiera los pronósticos más pesimistas habían anticipado, y que hasta 400.00 personas podrían morir”. Lo cierto es que las escuelas parecen ser, en casi todos los casos, la excepción a los cierres anunciados. ¿Se trata, acaso, de que se ha alcanzado un consenso general sobre la importancia de las escuelas para los niños y niñas? La otra excepción la constituyen las empresas y las grandes industrias, motivo por el cual los más escépticos afirman que las escuelas abiertas son apenas una consecuencia colateral de la necesidad de proteger las golpeadas economías europeas. Y por feo que suene se trata de una realidad: los padres que trabajan deben tener un lugar para dejar a sus niños” (Infobae, 4/11).

Lo mismo ocurre en nuestro país.

A la cola de Macri, Larreta y la ministra Soledad Acuña

Nicolás Trotta, Axel Kicillof y Roberto Baradel, Secretario General del Suteba, han acusado al macrismo de hacer márketing irresponsable con su anuncio de volver a la presencialidad el 17 de febrero del 2021. Pero “luego de que la
Ciudad informara que la intención del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta es adelantar a febrero el inicio de clases en 2021, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, habló sobre las posibilidades de que el año próximo se retomen las clases presenciales en marzo” (La Nación, ídem). Pretende que ello se sostenga gracias a la doble actividad, presencial y a distancia, es decir, a la sobrecarga de trabajo de las y los docentes.

Profundizan el ajuste

En el año 2018, el gasto educativo establecido en el presupuesto nacional, fuera del gasto provincial, fue el 3,8 % del PBI (Cippec, Documento de Trabajo N° 178, febrero de 2019). En el presupuesto que se aprobó en Diputados la semana pasada, cayó a 1,3 del PBI.

Este ajuste que incluye salarios por debajo de la línea de la pobreza para toda la escala salarial es sostenido por la burocracia sindical de Suteba. “Celebro que el gobernador Kicillof haya priorizado las paritarias, la inversión en salud, en educación, la ayuda social y el diálogo permanente con las organizaciones sindicales”, declaró Baradel (Clarín, ídem).

El 10 de noviembre, jornada nacional en rechazo de la vuelta a las actividades presenciales

Mientras la burocracia de Ctera-Suteba entrega a la educación en la mesa del FMI, los sindicatos multicolores y antiburocráticos salen a la lucha para frenar esta apertura “hasta que estén dadas las reales condiciones determinadas por las Comisiones de Higiene y Seguridad de cada escuela” (Comunicado Sutebas Multicolores), se provea de recursos de conectividad, se realicen todas las obras de infraestructura y se sustancien todos los cargos necesarios.

El régimen de hambre y saqueo nacional al servicio del FMI y los pulpos capitalistas que gobierna el país en las últimas cuatro décadas, dinamitó las bases de la educación pública: pauperizó a las familias obreras (en el Gran Buenos Aires, la pobreza es del 43% y 6 de cada 10 chicos es pobre); disolvió el salario de los trabajadores de la educación, que no supera la línea de la pobreza, y vació el presupuesto para educación.

El 10, la docencia saldrá a enfrentar esta política de “pico y pala” contra la educación pública que, en medio de la pandemia, la Nación y las provincias profundizaron. Sumate a la Caravana Educativa y al Plenario Provincial de Delegados Multicolor que se realizará el 12 de noviembre para dar continuidad al plan de acción.

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