La Suprema Corte de Justicia de Mendoza habilitó la realización de ceremonias religiosas y clases de catequesis en escuelas públicas. Los jueces Julio Gómez y María Teresa Day hicieron lugar a una Acción Procesal Administrativa presentada por el Obispado de San Rafael contra una resolución que la Dirección General de Escuelas (DGE) provincial había dictado en 2018 para prohibir las prácticas religiosas en horario escolar de escuelas públicas.

La presentación del Obispado había pedido se declarara la “nulidad e inconstitucionalidad” de la resolución, al entender que tal medida “no solo saca a Dios del horario escolar, sino que ahora se lo expulsa definitivamente de la escuela”.

El fallo judicial muestra un avance de la Iglesia Católica sobre las decisiones del Estado, nada que pueda sorprendernos en la provincia del instituto Próvolo. La decisión judicial se conoció casi sobre el final del ciclo lectivo 2020, por lo que no se aplicará hasta que comience el ciclo lectivo 2021.

La resolución de la DGE a la que ataca este fallo judicial fue producto de la gigantesca marea del movimiento de la mujer que puso en evidencia y denunció la infinidad de irregularidades y atropellos a la educación laica que se encontraron en el año 2018, particularmente en las escuelas albergue del sur provincial. Por ejemplo, se supo que en las instituciones educativas públicas se suspendían las clases para celebrar misas u otros actos religiosos, incluso ese mismo año una docente fue removida de su cargo por denunciar semejante falta a los derechos de les estudiantes.

Es de público conocimiento el aspecto confesional de los dos miembros de la Corte mencionados, así como el historial antiderechos y antiobrero de la jueza María Teresa Day quien a dos días de haber asumido apareció en los medios afirmando estar en contra del aborto legal. Son conocidos sus vínculos con el Opus Dei y en el proceso de su nombramiento contó con el apoyo de jueces misóginos, cuestionados por desconocer en condenas penales la figura de femicidio.

Para decir aborto legal, ESI laica, Ni Una Menos y que se respete el acceso a la educación pública, laica y científica, es necesario ante todo exigir la separación de las Iglesias del Estado. Hoy resulta más que evidente la unión que existe entre los poderes eclesiásticos y quienes nos gobiernan, basta ver el lugar que se les da en el actual debate por la legalización del aborto. Por eso, desde el Plenario de Trabajadoras llamamos a repudiar este fallo, a exigir una educación laica en todo el territorio provincial, por la conformación de un Consejo Autónomo de las Mujeres y Disidencias y para que los jueces y juezas sean electos y revocables por el pueblo, que dejen de cobrar como millonarios y ganen lo que gana la mayoría del pueblo trabajador.