Las discusiones sobre la forma en la que la universidad entrará a la etapa apresuradamente denominada “pospandemia” tienen cada vez más asidero, mientras se acerca el 2022. Lo que muchas veces es presentado como una relación tensionante entre dos modalidades (presencialidad versus virtualidad) y cómo cada una de ellas puede aportar o no a la solución de ciertas problemáticas para la educación superior, esconde una cuestión de fondo: por las facultades pasa un nuevo ajuste, fruto de una orientación que tiene a la economía del país al servicio del arreglo con el FMI y el pago de la deuda externa.

Detrás de eso, como perspectiva, se oculta un elemento más profundo: las intenciones de este (y otros gobiernos) de sancionar una nueva ley de educación superior, con el argumento que califica a su antecesora de “longeva” y la finalidad de deteriorar las carreras de grado y avanzar en una política de mercantilización de la Universidad. Todo este cuadro requiere que estemos alertas, más teniendo en cuenta que la pandemia demostró como nunca que el gobierno de la Universidad no consulta nada ni a docentes, ni a estudiantes, ni a ningún trabajador para actuar. El desafío de organizarnos con un programa propio para defender la educación está más presente que nunca.

Presupuesto o FMI

El debate sobre el balance de la “educación a distancia” y la vuelta a la presencialidad requieren examinar un punto crucial. Detrás de esas discusiones se esconde la cuestión presupuestaria. Con la partida que el gobierno planea darle a la Universidad, sólo se garantiza la deserción estudiantil, mayor precarización y retracción de los salarios de docentes y no docentes. Veamos.

Un informe reciente del Observatorio Argentinos por la Educación mostró que la cartera del 2022 implicaría un ajuste de 6,2% para toda el área educativa. Este recorte no cae como una cuestión excepcional. En 2020, hasta el mes de septiembre se extendió el presupuesto votado para 2019, cuando en el medio hubo una inflación superior al 50%. 2021 no llegó en mejores condiciones: ya en el Presupuesto el gobierno nacional admitía un recorte en términos reales de más de 10 puntos sobre la inflación (17% contra 29%). El aumento de precios, lo sabemos, ya superó con creces ese número, consagrando una pérdida de más de 20 puntos para la educación superior sin que el año haya terminado. La Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, recibe a su vez un recorte de un punto en la participación de la institución en el Presupuesto, si se lo compara con el último año sin pandemia (2019).

¿Qué implica este ajuste? En primer lugar, una disminución de la inversión en obra pública, lo que deja a la Universidad en peores condiciones de infraestructura: menos acondicionamiento edilicio, menos aulas, peores condiciones en los baños. Este ajuste hace, por ejemplo, que haya una baja nominal de 18,9% para los seis hospitales de la UBA. ¿Qué presencialidad cuidada, en este momento de “transición”, se puede configurar en este contexto? A su vez, el 95% parte del presupuesto va a los salarios docentes, que ya en muchos casos cobran (si es que lo hacen) cerca de la mitad de la canasta de pobreza (un “Ayudante de Primera” con 20 horas frente al curso cobró $39 mil durante 2021). El bolsillo de nuestros docentes, con un presupuesto a la baja, sufrirá nuevos ataques, como también le ocurrirá al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que caerá en una situación ya magra: no se cobra, por citar un ejemplo, hace cinco meses en la UNCuyo y hace cuatro en la UBA. Las becas para estudiantes, que durante toda la pandemia subieron nada más que $1.000, correrían la misma suerte con esta partida.

Tanto es el ajuste que generó una crisis muy grande con muchos rectores y camarillas universitarias. Jaime Perczyk, ministro de Educación, buscará un aumento presupuestario para intentar salir de la encerrona de un recorte grande que dejó su antecesor, pero esa suma no alcanzará lo que el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), adaptado de entrada a las exigencias gubernamentales de ajuste, considera para el funcionamiento (más de 400 mil millones). El Consejo Superior de la UBA rechazó el Presupuesto 2022, algo que en igual magnitud una muestra de la crisis y una impostura, porque el radicalismo y las facciones del peronismo cogobiernan la universidad y han gobernado el país en los últimos años: todos ellos ajustaron la educación superior.

El poco presupuesto destinado alcanza también una faceta más. Las diferentes camarillas universitarias anunciaron con bombos y platillos la “bimodalidad” y las “aulas híbridas”. ¿cuánto destinan para eso? Según las cifras del Plan de Virtualización de la Educación Superior II, 1.500 millones, es decir, 0,46% del presupuesto total. ¿Cómo se van a adaptar las aulas? ¿Con qué recursos se van a comprar equipos, formar a los docentes y demás? ¿Qué virtualidad puede constituirse de esa manera?

El recorte, responde, como no podía ser de otra manera, a una política determinada: entregar el conjunto de los recursos del país para el pago de la deuda. Es la misma línea que genera que más de la mitad de los jóvenes hoy tengan ingresos por debajo de la línea de pobreza o que haya habido una suba del 52% del monotributo.

Se hace más que necesario organizarnos para lograr un aumento sustancial de los fondos que el gobierno debe destinar a la educación en todos sus niveles. Es juventud o FMI.

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La sala del Zoom está llena

En un cuadro de ajuste e incremento de la penuria social, es evidente que el pasaje a la virtualidad genera una ilusión en una parte del estudiantado. Un ejemplo que ilustra tal afirmación es que en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA surgió un “Manifiesto Virtualista”, un documento que sienta las bases para, según sus palabras, “que la opción de cursada virtual se quede para siempre en la educación pública como posibilidad real y de calidad”. Los argumentos para presentar esta modalidad como un elemento que facilite la cursada se asientan en la posibilidad de “ganar tiempo”. En una juventud que labura jornadas extendidas durante el día, es un debate interesante. Pero solamente mirándolo de manera precisa se pueden sacar las conclusiones adecuadas.

La “bimodalidad” o las “aulas híbridas” que la mayoría de las facultades anuncian se definen como la convivencia sincrónica de la virtualidad y la presencialidad. Esto es, como dice Verónica Weber (coordinadora ejecutiva de la Red Universitaria de Educación a distancia de Argentina del CIN, en la revista de este ente), una instancia en la que “la clase presencial con pocos estudiantes es retransmitida sincrónicamente para estudiantes que se conectan de manera remota”. Si bien Weber entiende que es necesario superar esa visión, a la que califica de “instrumental, restringida y dominante”, introduce que en la concepción actual hay una idea de combinación o mezcla. Lo que inocentemente se presenta como una convivencia de realidades esconde un problema: se modela de manera oculta un “docente multitasking”, a quien se le agrega tareas por la misma remuneración y se le pueden aumentar la cantidad de estudiantes a cargo con cierta facilidad.

¿Qué educación de calidad se puede dar en un proceso de clases y acompañamiento pedagógico de formación con decenas de jóvenes de forma presencial y otros tantos, quizás cientos, de manera remota? ¿Cómo se intercambia con el docente o de qué manera las clases y hasta las evaluaciones se pueden constituir y desarrollar en tanto espacio formativo? Distinto podría ser si se pensara y se invirtiera recursos para formación, equipos, adaptación de contenido. Pero hoy la orientación del zoom es para explotar, no para incluir. La última resolución de Filosofía y Letras (UBA) admite que haya clases virtuales en aquellas materias en donde la gente exceda las aulas. La solución no sería tener más clases sino pasar lo que no se puede sostener físicamente al Zoom. La sala está llena.

Esto quiere decir que nosotros nos consagramos en el campo que el manifiesto antes citado califica (rememorando a Umberto Eco) como “apocalíptico”. De ninguna manera.  La intromisión de herramientas virtuales puede ser indudablemente progresiva para educar y discutir sus términos en un debate de conjunto entre estudiantes, docentes y todos los trabajadores de la educación sería un proceso indudablemente rico desde una perspectiva política y pedagógica.

Pero no puede esconderse ni la explotación ni tampoco los miles de estudiantes que se quedan afuera por no disponer de los recursos. El gobierno nacional repartió en pandemia 121.000 equipos y prometió algo menos de 700.000 para este año (sobre los que no hay noticias) con millones de jóvenes con problemas de conectividad. Las innumerables movilizaciones de la juventud piquetera al Ministerio de Educación por wifi y computadoras no fueron escuchadas. Desde ese punto se desprende un campo de lucha que hay que continuar y profundizar en 2022.

Distancia social… de la realidad

Del otro lado de la moneda, poner un atisbo de romantización en la educación clásica, presencial, omite problemáticas que son importantes. Desde nuestra corriente, comprendemos que la presencialidad muestra una superioridad no solamente pedagógica (hay lazos de enseñanza irremplazables) sino también política, ya que facilita y dinamiza la organización estudiantil y docente y su unidad en la lucha. No obstante, volviendo al primer punto, no hay modalidad de ese tipo que pueda desenvolverse sin deterioro si no hay presupuesto.

Uno de los problemas más evidenciados de la pandemia fue el aumento del abandono de las cursadas. Lo dice el último documento del CIN: “Las universidades no podemos desconocer la alta tasa de deserción que existe en el sistema. Este inconveniente se agravó aún más con la pandemia y jóvenes dejaron los estudios por las dificultades de la modalidad o por tener que trabajar, entre otras cuestiones. Este fenómeno también se dio en el nivel secundario y superior no universitario y tal cuestión abre muchos interrogantes a futuro.La virtualización de la educación hizo evidente la brecha tecnológica existente entre los y las estudiantes de distintos orígenes sociales.”. Frente a esa “brecha” no se repartieron casi computadoras y solamente se liberaron los dominios de datos de las “.com” de las universidades nacionales, mientras que muchas clases se llevaron adelante a partir de otras plataformas. Pero analizando el cuadro más a fondo, según un estudio de la “Síntesis de Información de Estadísticas Universitarias del 2019-2020”, el 38,4 de les jóvenes que comenzaron a estudiar en 2018, ya en el año siguiente no seguían la cursada. Solamente en los primeros 12 meses ya hay, en Argentina, un nivel mayor de baja de estudiantes que en la media de Iberoamérica (33%).

Esta situación es consecuencia de la precarización laboral y social a la que es sometida la juventud, que no es siquiera paliada por un plan de becas consecuente. La Progresar, acaso la partida más importante en ese sentido, está en $3.600, algo que en muchos casos ni siquiera cumple con el valor de los apuntes de una materia.

Es decir, lo que se profundizó en pandemia por el agravamiento de la crisis general y por la falta de inversión para la “virtualización”, ya existía plenamente con anterioridad. La pregunta es, ¿qué camino buscan los gobiernos y las diferentes camarillas universitarias. En la última Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández habló de una “nueva ley de Educación Superior”. Nunca accedimos a ningún texto, pero los trascendidos inmediatamente posteriores hablaron de recetas ya conocidas. Títulos intermedios y sistemas de créditos, que como perspectiva no harían más que quitarle valor al conjunto de la educación universitaria y apuntar a que lo que hoy es “carrera de grado” vea disminuido su contenido, al estilo europeo del plan Bolonia 3+2 (3 años de carrera, 2 de máster). A su vez, también diferentes referentes del CIN hablaron de la posibilidad del Estado para tomar un examen a quien quiera recibirse para poder ejercer su título. Las reformas antieducativas (como esta ley y la creación de la Unicaba en la Ciudad de Buenos Aires como preámbulo para el cierre de los Institutos de Formación Docente) son más deserción. No menos.

¿Qué universidad queremos?

La etapa actual, entendemos, ofrece un desafío para les estudiantes. La necesidad de tomar las riendas para defender a la Universidad de nuevos ajustes y de una impronta de ataque contra ella, frente al ahogo presupuestario, la deserción, el avance de la explotación docente. Ese objetivo se asimila en un contexto determinado: la pandemia no terminó, como demuestran los rebrotes del invierno europeo. A su vez , implica en unidad con los docentes prepararse para rechazar todas aquellas reformas que busquen avanzar en una lógica de mercado para la Universidad, que como resultado son sinónimo de privatización y de exclusión.

La pelea del 2022 implica defender la educación superior ,con un programa concreto. Que defienda la necesidad de un plan de becas nacional,que incluya el aumento de la Beca Progresar a $15.000. Lo mismo para el reparto de computadoras, puntos de wifi y la liberación de datos de todas las plataformas que incluyen clases o intercambios virtuales. A su vez, requiere la pelea por mejores condiciones edilicias, que incluye no solamente más aulas para garantizar el distanciamiento y poder cursar  (la pelea para que no haya cupos a las inscripciones hoy toma una envergadura considerable) sino también jabón en los baños, alcohol en gel en todos los pisos, mayor planta docente para mayor cantidad de cursos,que las materias tengan triple franja horaria. Lo mismo vale para plantarse en defensa de las condiciones laborales de nuestros docentes, para que ninguna modalidad sea una excusa para un ataque mayor.

Lógicamente, esta política necesita de recursos y ellos se desprenden de una orientación determinada. Si los recursos del país están orientados al FMI, la educación se pone en jaque. La defensa del no pago de la deuda y el rechazo al pacto con el Fondo van de la mano de la lucha educativa.

Dicha pelea, a su vez, no podrá ser realizada de manera consecuente por los bloques mayoritarios del país al interior de la Universidad. Las variantes del PJ y del kirchnerismo (La Cámpora, Patria Grande) son parte de ese gobierno ajustador y la Franja Morada y los radicales pueden hablar demagógicamente contra el ajuste pero gobernaron el país hasta 2019 y lo dejaron en condiciones catastróficas, mientras que co-gobiernan la Universidad hace más de tres décadas. La independencia política y la necesidad de recuperar las Federaciones estudiantiles que hoy responden a intereses ajenos al estudiantado adquieren un lugar fundamental para esta pelea.

El 2022 expondrá este escenario que incluirá tensiones y perspectivas más que importantes de lucha. La pelea para que se convoquen asambleas lugar por lugar para organizarnos y rechazar esta política. Nuestros docentes, en instancias de organización de AGD y Conadu (H) ya avanzaron en ese sentido.

Defender la universidad y la educación está, al fin y al cabo, en nuestras manos.

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