Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, abrieron un nuevo capítulo de sus medidas antieducativas. Con la lapicera del Ejecutivo, Republicanos Unidos (de López Murphy-García Moritán-Kienast) presentó un proyecto de ley, que fue aprobado en la sesión legislativa del día jueves 17, para modificar el funcionamiento de la Asociaciones Cooperadoras de las escuelas públicas de CABA. Con esto se apunta a penalizar, estigmatizar y sancionar a aquellos miembros cooperadores que tengan militancia política; y restringir la participación de las comunidades en las Asociaciones Cooperadoras. Las comunidades escolares y las cooperadoras, por su parte, rechazaron la medida.

La diputada Marina Kienast, miembro vocal de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura Porteña, y militante de la coalición gobernante de CABA, encabezó la presentación del proyecto de ley, que contó con el apoyo de todo el oficialismo. La diputada negacionista del terrorismo de Estado, conocida por haber presentado en el mes de marzo un proyecto de ley para establecer un dispositivo de denuncias por razones ideológicas contra docentes, es una mandadera del Ejecutivo. En el mes de mayo, inmediatamente después de la aprobación de la reforma laboral docente, desde estos sectores se difundió la necesidad de votar un proyecto de ley vinculado a las Cooperadoras Escolares.

En ese marco, una encuesta absolutamente tendenciosa comenzó a llegar vía wasap y correo electrónico a varias familias, con el objetivo de instalar la idea de que era necesario implementar una ley de cooperadoras a la medida de Juntos por el Cambio. Si bien en el año 2012 se sancionó una ley nacional al respecto, la Ciudad no adhirió y tampoco planteó una legislación superadora, sino que terminó ocurriendo todo lo contrario. Al día de la fecha, la normativa vigente en ese plano data de 1980. El proyecto de Kienast apunta directamente contra la organización, articulación, participación y toma de decisiones de las familias que conforman las comunidades.

En su articulado, plantea como pasible de sanciones y revocación de mandatos la militancia política y partidaria, haciendo de la persecución ideológica y la delación una ley que incluso traza antecedentes nefastos en un cuadro en el que la ministra pretende armar un festival de sumarios y penalizaciones a docentes, mapadres y estudiantxs por colocar voces divergentes a la del GCBA en las escuelas públicas. La ley también liquida la posibilidad de participar con voz y voto a quienes, aun siendo parte de la comunidad educativa, no tengan hijxs en las escuelas de pertenencia a las cooperadoras, así como también limita la cantidad de mandatos en los que se puede participar.

Pero el ataque contra las cooperadoras que se legalizó en CABA no comenzó con este proyecto. Solo en el año 2021, el 80% de las cooperadoras no recibió el Fondo Único Descentralizado de Educación (Fude), el cual corresponde por ley a las cooperadoras para que puedan adquirir diferentes insumos. La cantidad de dinero que envía el Ministerio de Educación a las escuelas está determinado por diferentes variables, a saber, cantidad de estudiantxs, la vulnerabilidad, cantidad de aulas, patios y jardines; por la cantidad de materiales didácticos necesarios para docentxs y estudiantxs, entre otros.

Sin embargo, en años críticos y extraordinarios como lo fueron el 2020 y el 2021, a causa de la pandemia, que reveló las múltiples necesidades socioeducativas, Acuña, a través de una resolución, determinó destinar entre $200 y $300 por estudiantx por única vez. Se trató de $1,80 por día, y aún con lo irrisorio del monto, esto no fue depositado en la totalidad de escuelas. Los reclamos de lxs cooperadorxs no se limitan a los problemas del 2021; en el 2020 se multiplicaron las protestas para que el Fude fuera depositado, ante el incumplimiento de la ley. La baja de la participación del presupuesto educativo también es un factor de achique del Fude, que está llevando a las cooperadoras a paliar la desidia estatal generando fondos propios de acuerdo a las características de cada comunidad.

Desde el año de la creación de las cooperadoras (1932), las escuelas, en diferentes momentos, fueron asistidas por las cooperadoras, que se han visto forzadas por los diferentes gobiernos a tratar de subsanar las falencias, la desidia, y el abandono del Estado. Si bien cada Asociación Cooperadora cobra características particulares según los contextos socioeducativos, allí donde funcionan el trabajo se realiza codo a codo entre lxs participantxs de las mismas y los equipos directivos y docentes. Lo mismo ocurre con el apoyo a los proyectos educativos institucionales. Pero una vez más, el gobierno porteño legisla apuntalando sus intereses y no de acuerdo a las necesidades educativas reales. Es necesario implementar un plan de infraestructura escolar, aumentar becas y las viandas, entre otras cuestiones.

El legislador porteño del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, Gabriel Solano, votó en contra de esta ley, señalando que “es un proyecto entre los tres proyectos antieducativos que se están tratando y que apuntan de forma directa contra la educación pública. ¿Qué hace la Legislatura para colaborar con el trabajo tan importante de las cooperadoras las cuales en diversos casos suplen lo que el Estado Porteño no hace? En lugar de tener una ley que se ponga a disposición de las cooperadoras, de aprobarse este proyecto tendremos una ley que las viene a perseguir con argumentos que apuntan contra la política”.

 

El legislador mostró una foto de la militancia política oficialista al interior de las escuelas, que tiene a Mauricio Macri, Acuña y Larreta entre infancias de una escuela primaria, y dijo que “Macri (como demuestra la foto) estaba haciendo política posando entre menores (!), pero si una cooperadora se expresa a favor de lxs pibxs en lucha, se la persigue. De fondo es una política reaccionaria y persecutoria que rechazamos sin miramientos” concluyó el diputado.

Desde el Partido Obrero y Tribuna Docente continuaremos luchando por los reclamos de las Asociaciones Cooperadoras, contra la militancia antieducativa de la pedagogía de la persecución y delación que intentan perpetrar Larreta-Acuña y del conjunto de las fuerzas reaccionarias que conforman la coalición gobernante. El compromiso a fondo del Partido Obrero, su militancia y sus diputadxs, con la lucha por el conjunto de los reclamos de la comunidad educativa, es total.

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