Bajo el paraguas de la “contingencia generada por la pandemia del Covid 19 que nos atraviesa como sociedad”, los gobiernos, y en particular el de Juan Schiaretti, aprovecharon para proceder a un ajuste y una “reforma pedagógica” sobre el sistema educativo, que todavía no está del todo claro cuál será su magnitud y alcance.

En nombre de garantizar el proceso pedagógico y evitar la deserción estudiantil, el ministro de Educación, Walter Grahovac, emitió un número incalculable de memos y resoluciones ministeriales, durante 2020 y 2021, en su mayoría antiestatutarias. Sin embargo, cualquiera que vea los números escandalosos del abandono escolar y la caída del nivel educativo en Córdoba pediría la renuncia del ministro y de todos sus funcionarios.

Una de las principales reformas apareció en febrero del 2021, en el memorándum 01/21, donde se establece que “a fin de garantizar la mayor presencialidad posible, se prevé avanzar en la integración de espacios curriculares. En este sentido, la planificación de la enseñanza deberá orientarse al desarrollo de Proyectos de Aprendizajes Integrados (PAI)”. Los PAI, al igual que los Piffo, lo que hacen es agrupar en espacios areales dos o tres asignaturas (Física, Química y Biología; Educación Física y Educación Artística, por ejemplo) que en muchos casos son inconexas, reduciendo al mínimo del mínimo los contenidos que cada una tiene.

¿Cómo llevar adelante semejante recorte de contenido? Pues bien, en este texto se establece además que “se propicien encuentros de planificación conjunta entre docentes, recuperando toda información que permita caracterizar la trayectoria escolar de cada uno de los estudiantes y determinar los contenidos a priorizar para el ciclo lectivo 2021”. Como se ve, si se tiene en cuenta que los proyectos PAI y Piffo se debían realizar en pleno pico de la ‘segunda ola’, cuando se producía una vuelta antisanitaria a la presencialidad, la tarea encomendada a la docencia no solo era antipedagógica y precarizadora, sino imposible de realizar. De hecho, o no se hizo o las inspecciones instruían a los directivos a hacer “trabajos prácticos” y que luego cada materia o espacio curricular siga dictando su contenido.

Los proyectos areales y el recorte de contenidos son un planteo estratégico de este gobierno que ya los implementó mediante el llamado Nuevo Régimen Académico (NRA) en varias escuelas. La pandemia fue la excusa perfecta para que se generalice y se aplique, inclusive en escuelas donde la docencia, mediante su lucha, rechazó la implementación efectiva de ese NRA.

Resolución 828: que el “dibujo” lo haga la docencia

Mientras se “bajaba” desde el ministerio a las escuelas la aplicación del memo 01/21, nunca se establecía allí cómo evaluar la areales. Es por esto que a menos de una semana del cierre de notas improvisaron la Resolución 828, donde en los hechos las asignaturas comprendidas en las areales deben “dibujar” una sola nota, esto a pesar de que alguna asignatura tenga aprobado y otra reprobado al mismo alumno o alumna.

Además, esta resolución plantea en su art. 4 que “para las instancias de coloquio de diciembre y exámenes complementarios de febrero, las mesas estarán constituidas por un docente para los espacios curriculares disciplinares, mientras que para las áreas que se integran se preverá la presencia de dos (2) docentes”. Quiere decir que si el PAI está integrado por tres docentes o asignaturas, será el equipo directivo quien decida qué docentes queden afuera de la evaluación bajo criterios inciertos. De todas formas lo que sí es claro es que los espacios areales creados por el memo 01/21 serán evaluados mediante la improvisación que se establezca en cada establecimiento, con una fuerte intromisión de directivos e inspectores. Una estafa para que los números cierren.

Sin embargo, la letra que más le importa a este gobierno está desarrollada en el art. 5, donde se autoriza a “que la promoción de estudiantes al curso inmediato superior se realice previendo la organización curricular y didáctica por área. Por tal motivo, un estudiante estará en condiciones de promocionar siempre y cuando adeude hasta dos espacios o áreas curriculares”. Si se tiene en cuenta que cada área de los proyecto PAI-Piffo contienen hasta tres asignaturas, un alumno o alumna no solo pasa de año con un contenido adquirido mínimo, sino que además puede triplicar la cantidad de materias que adeude de un año a otro. Por ejemplo, antes pasaba de año debiendo dos materias y ahora seis.

No es el Covid, es la flexibilización completa de la enseñanza

La reducción de contenidos no es una ‘contingencia’ como plantea en su introducción cada memo; es una política estratégica que surge previo a la pandemia, aunque esta solo la haya intensificado. Es sintomático que el mismo gobierno haya identificado 80 mil estudiantes con dificultades de conectividad y empapelado las calles el año pasado anunciando 100 mil computadoras y, según el propio Ministerio de Educación, apenas adquirió 2.000 unidades.

Junto a esto, los datos de la Caja Previsional de Córdoba reflejan que Schiaretti redujo la masa salarial de los docentes en los últimos tres años y también el número de docentes en las escuelas (La Voz, 28/11). Las decisiones políticas se tomaron en el contexto de la peor crisis educativa que haya vivido nuestra provincia.

El exiguo presupuesto para educación es, además, materia de continua subejecución. A pesar de que aumentó la pobreza, el programa de asistencia alimentaria PaiCor solo se ejecutó este año en un 81%. En los últimos 10 años, a pesar de que las escuelas se caen a pedazos, no se ejecuta más del 30% del presupuesto de infraestructura escolar. Lo real y concreto es que la plata que debería destinarse a la educación se está usando para otros fines.

 

Defendamos el derecho a la educación pública

Los gobiernos que nos forzaron a una virtualidad improvisada y sin recursos primero, y a una presencialidad improvisada y sin recursos después, ahora pregonan que el mercado laboral tiene una mano de obra sobrecalificada. De hecho, el informe sobre el mercado de trabajo del Indec publicado en junio señala que el 64,7% de la población desocupada tiene secundario completo. Si uno se atiene a los preceptos de la Ley Federal de Educación elaborada por el kirchnerismo, de poner en pie “una escuela que forme para el trabajo”, la tarea de adaptarse a un mundo laboral cada vez más precarizado estaría cumplida.

Los funcionarios nacionales y provinciales que en la era posmenemista abrazaron e impulsaron las reformas educativas del Banco Mundial, con la colaboración activa de la Ctera, la Uepc y de sus “pedagogos”, hoy deberían sentirse realizados, a pesar del profundo derrumbe educativo. Por el contrario, Tribuna Docente defiende el derecho a la educación que no priorice como único objetivo las demandas del mercado laboral para embrutecer a nuestro/as estudiantes; que sea científica, integral, laica y universal, contra los gobiernos que niegan este derecho y usan el presupuesto educativo para alimentar la especulación financiera de un régimen en decadencia.

Desde Tribuna Docente rechazamos el memo 01/21 y la Resolución 828. La defensa de la educación pública no vendrá desde ningún corrillo ministerial sino desde la organización efectiva de la docencia y las escuelas. Es por esto que quienes se oponen a esta política precarizadora y de degradación educativa son los sindicatos docentes recuperados de las manos de la burocracia sindical Celeste en todo el país, las autoconvocatorias docentes y las numerosas movilizaciones de estudiantes precarizados que luchan por el derecho a la educación. Es preciso fortalecer esta perspectiva para derrotar estas y todas las “reformas” antieducativas.

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