Una de las actividades favoritas de Milei es pasar la motosierra sobre el presupuesto educativo, aunque su bufón mediático Adorni diga que para el gobierno “la Argentina, sin conocimiento, no tiene futuro”. En estos primeros tres meses de 2024, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el presupuesto universitario se desplomó un 33% (interanual real) y las partidas destinadas a algunos de los programas educativos más importantes se han visto reducidas en más de un 90% (ídem). La política libertaria de destrucción de la educación está en marcha y los trabajadores y los estudiantes tienen el desafío de derrotarla.

Estos recortes tienen características criminales; es que las partidas no fueron actualizadas en sintonía con la inflación 2024. Los rectores de las universidades advirtieron que las casas de estudio podrían quedarse sin presupuesto en el segundo trimestre, por lo que dejarían de funcionar; además, el ajuste implica que los docentes continúen cobrando salarios de pobreza. En respuesta al ataque antieducativo del gobierno, docentes y estudiantes de distintas universidades nacionales vienen realizando clases públicas y otras medidas de lucha. Durante este miércoles 10 de abril y el jueves 11 de abril tendrá lugar un paro de docentes universitarios con clases públicas y acciones callejeras. Ya hubo o habrá iniciativas de este tipo en prácticamente todas las universidades del país y habrá una marcha federal educativa el día 23 de este mes.

En defensa de la universidad pública, por aumento de presupuesto y recomposición salarial.
10 y 11, paro y jornadas de visibilización en las universidades nacionales
El 25, marchamoshttps://t.co/dYDSF9ac4d pic.twitter.com/t2kFuO4fDk

— AGD-UBA (@UbaAgd) April 9, 2024

Se está comenzando a gestar un movimiento de lucha en las universidades, otro indicativo de que Argentina asiste a una intensificación de la lucha de clases. La historia ha demostrado que, cuando el estudiantado y la docencia se ponen de pie, otros sectores de trabajadores pueden irrumpir en la escena política. En 2001, el exministro de Economía del gobierno de la Alianza, Ricardo López Murphy, anunció un recorte del 30% del presupuesto universitario para pagar la deuda externa y reducir el déficit fiscal. Una poderosa protesta docente-estudiantil, que incluyó huelgas indefinidas, cortes de calle, asambleas, clases en la vía pública y tomas de facultades y colegios, terminó por provocar la caída del ministro. En diciembre de ese mismo año, una rebelión popular echó al gobierno asesino y proimperialista de De la Rúa.

Milei debería tomar nota de esto. Hace poco echó lastre anunciando la prórroga del presupuesto universitario megadevaluado de 2023, intentando disminuir un poco las tensiones en el sector. Pero desde varias casas de estudio denunciaron que el dinero aún no apareció. De conjunto, el gobierno derechista busca privatizar la universidad y la educación pública toda con el objetivo de abrir nuevos nichos en los que el capital pueda obtener beneficios.

El gobierno también aplica esta política ajustadora y privatista sobre los programas educativos. La partida para infraestructura y equipamiento escolar, la cual por ejemplo se utiliza para construir, ampliar y refaccionar edificios, o para garantizar el funcionamiento de comedores escolares o adquirir materiales pedagógicos, cayó un 98,9% en términos reales. Los fondos asignados al fortalecimiento edilicio de jardines de infantes se ajustaron en un 93%. En el caso de Conectar Igualdad, su presupuesto cayó un 83%. También fueron recortadas las partidas que se giran al Fondo de Incentivo Docente (79%), a Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas (67,8%) y a Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (45,9%).

Según un relevamiento de la ejecución presupuestaria del primer trimestre realizado por Cepa (Centro de Economía Política Argentina), el gobierno redujo casi el 50% del presupuesto de Educación y Cultura; el robo equivale a unos 700.000 millones de pesos. Todo el dinero destinado a esta área representa menos de la tercera parte del que se destinó a pagar intereses de deuda pública.

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Los libertarios atentan constantemente contra el derecho a estudiar de los trabajadores y sus hijos. Recortar programas como Conectar Igualdad o aquellos relacionados a becas contribuye al incremento de la deserción estudiantil. Y no destinar dinero para construir o refaccionar edificios es delincuencial habida cuenta el derrumbe en el que se encuentran muchísimos establecimientos educativos (esto impide que haya clases, provoca que alumnos cursen hacinados, etc.). La política de Milei solo agrava la crisis educativa que se han encargado de alimentar los gobiernos de las últimas décadas.

La semana pasada, la docencia movilizó en distintas ciudades del país en el marco del paro convocado por Ctera. Reclamó la restitución del Fonid y repudió la política antieducativa del gobierno nacional. Es importante que la lucha docente se desenvuelva con independencia política de la orientación de los gobernadores, que fungen como correa de transmisión del plan de guerra antieducativo de Milei. En Buenos Aires, por ejemplo, Kicillof suspendió la implementación de la jornada completa en 60 escuelas primarias, ataca el salario docente y se apresta a privatizar Ioma. Rechaza gravar con impuestos extraordinarios a capitalistas y terratenientes para atender las necesidades sociales de los trabajadores bonaerenses y paliar los efectos del ajuste libertario. Lo mismo vale para el resto de los mandatarios provinciales, que hacen demagogia populista al mismo tiempo que negocian con Milei.

Profundicemos la lucha en defensa de la educación pública.

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