Luego de minimizar el efecto de la pandemia desde hace meses, el salto a niveles de 14.000 contagios diarios de Covid-19 obligó al gobierno de Alberto Fernández a volver parcialmente sobre sus pasos y resolver el llamado toque de queda sanitario.

Para Trotta, la educación no será afectada

Antes de ser anunciado en los medios el decreto que oficializará el toque de queda, el ministro de Educación de la Nación volvió a declarar que “las políticas restrictivas no afectarán el inicio de las clases presenciales”, y que la vacunación de los docentes “no es un requisito indispensable para volver a clases” (Página 12, 6/1).

El “semáforo epidemiológico” de Trotta y de todos los ministros de educación de todas las provincias, que resolvieron protocolos de regreso a las aulas amañados en el Consejo Federal de Educación, cuando comienzan a cerrarse distritos y hasta provincias enteras a la circulación de no residentes, está “clavado” en verde.

Esto ya fue denunciado por los sindicatos Multicolores opositores a la burocracia sindical celeste de Ctera, cuando por resolución 370 del CFE se eliminó el criterio precedente de que “el parámetro para disponer la reapertura de clases presenciales en las regiones urbanas y periurbanas se debía registrar una tasa regular mínima o nula de contagios”.

Hoy se rige por una combinación de datos manejados por gobiernos y funcionarios que dividen a las opciones en riesgo “bajo, medio o alto”, despegadas del crecimiento de los contagios que ahora sacudieron al gobierno nacional.

La decisión de Trotta de que para los docentes la vacuna –que además ahora no llega- tampoco “es un requisito indispensable para volver a clases” desnuda las condiciones inaceptables en las que Alberto Fernández y los gobernadores pretenden aplicar, “de facto”, el regreso presencial a las aulas.

Un editorial del diario El Día de la provincia de Buenos Aires, que reconoce que la educación está agobiada por pérdida de días de clase por problemas edilicios constantes y huelgas docentes por salarios y condiciones laborales inaceptables, advierte que a pesar brote de coronavirus, “la escuela pública reclama para el 2021 la presencia de los alumnos en las aulas” (7/1).

A partir de hoy, se estima que se restringiría la circulación de personas entre las 23 y las 6 de la mañana, reducirá el uso del transporte público para trabajadores no esenciales, limitará los vuelos al extranjero, serán obligatorios test PCR tanto de pasajeros de vuelos internacionales como también de cabotaje, se acotará a 10 el números de personas que pueden estar en una reunión y una batería de medidas de represión con las fuerzas policiales y armadas en las calles, amenazas de multas y de cárcel a los infractores, con el código penal bajo el brazo. Algo muy grave como para adjudicárselo a la “desobediencia” juvenil.

Al gobierno peronista que puso todos los recursos del Estado al servicio de los usureros internacionales, los capitalistas y el FMI, le ha vuelto a estallar la crisis sanitaria en la cara, y cuándo todavía no ha terminado la primera, el país está azotado por “la segunda ola”.

Para patrones y gobiernos, aún sin condiciones edilicias, sanitarias ni laborales, imponer la presencialidad es una razón de Estado.

 

 “Entre bueyes no hay cornadas”

Esta política de Trotta fue calificada por el burócrata sindical moyanista de Udocba, Miguel Díaz, como propia de un ministro de Macri, aludiendo a supuestas contradicciones con el toque de queda de Alberto Fernández.

Pero Miguel Díaz no denuncia, encubre. Igual que Ctera, que se ha colocado a la cabeza del operativo de regreso presencial, aún cuando no existen las condiciones más elementales para ello.

La decisión tomada por Alberto Fernández y los 24 gobernadores de establecer el toque de queda sanitario tiene por base no endurecer más las restricciones, porque todos los participantes consideraron como “indispensable” el no frenar la actividad económica en general y la de los lugares turísticos en particular.

Ello incluye no renovar la licencia laboral para alguno de los padres a cargo del cuidado de niños con las escuelas cerradas por la pandemia, la que ya fue levantada, con fecha 4 de enero, por el ministerio de Trabajo, en el marco del período de vacaciones escolares. No renovar exige de la presencialidad.

Comités de seguridad, higiene y salubridad de docentes y comunidad educativa

El brote de la segunda ola de coronavirus, el vaciamiento del sistema sanitario y la ausencia de una política seria de vacunación ponen en primer lugar para todos los trabajadores la lucha por la defensa de la salud y la vida de las familias obreras.

La apertura de las escuelas dependerá de la resolución de todos los problemas que aquejan a las escuelas, y de la garantía de condiciones sanitarias para alumnas/os, padres y docentes. Tampoco está garantizada la seguridad sanitaria en el transporte, que colapsará con el vuelco de 13 millones de alumnas/os y docentes a la circulación.

Al igual que en las fábricas, está planteado en las escuelas la puesta en pie de Comités de Seguridad, Higiene y Salubridad electos, que tengan en sus manos la verificación de las condiciones necesarias para volver a las aulas.