07/01/2021
Editorial

Frente a la segunda ola de la pandemia

Las restricciones solamente son sostenibles si se aplica una asistencia que permita sostener los ingresos populares, los salarios y a la enorme y creciente masa de desocupados.

El alza de los casos de pandemia, superando los 13.000 este martes, está golpeando de lleno en la agenda política nacional. En medio de la escalada el gobierno planteó la necesidad de un toque de queda nocturno, que incluso provincias como Chaco y La Pampa ya están aplicando. El toque de queda vendría luego de sucesivas desmentidas. El martes, y con una parte importante de la crisis concentrada en la situación en la costa bonaerense, Kicillof convocó a una reunión con intendentes… para no realizar ningún anuncio. El facho Berni descubrió ahí que la sociedad es “está madura” para ejercer la “responsabilidad social” y que por lo tanto su rol no es “hacer de niñera”. Larreta, que dio Covid positivo, se opone a las restricciones, mientras los casos en la Ciudad vuelven a los peores niveles de la peor fase de la pandemia. Las idas y vueltas muestran que ni el gobierno nacional ni Cambiemos en la Ciudad tienen una línea de acción clara. Improvisan frente a la emergencia. La curva de casos y muertes aumenta en medio de la confusión oficial.

Las causas de estas idas, vueltas y vacilaciones hay que buscarlas en una política oficial totalmente empantanada. En materia sanitaria, es claro que no se puede cortar la propagación del virus sin una política de restricciones, paralizando actividades no esenciales y recurriendo a protocolos estrictos en materia de transporte, en el comercio, en los lugares de trabajo y en los de ocio. Sin embargo, estas medidas chocan, en primer lugar, con la percepción popular de una cuarentena larga y que no impidió la propagación del virus. En segundo lugar, con la perspectiva del gobierno y las patronales de iniciar una reactivación económica, que de todas formas ya estaba comprometida por la recesión global, la inflación, los salarios deprimidos y la pobreza récord.

Las restricciones solamente son sostenibles si se aplica una asistencia que permita sostener los ingresos populares, los salarios y a la enorme y creciente masa de desocupados. Las organizaciones populares elaboraron un programa desde el inicio de la cuarentena para esta situación, planteando el subsidio al desocupado de 30.000 pesos, la garantía para el cobro íntegro de los salarios unido a la apertura de cuentas de las empresas que cierren o despidan. Muy por detrás de este programa, las medidas del gobierno no solamente fueron insuficientes sino que además fueron a la medida de los sectores patronales que se salvaron con los subsidios oficiales sin nunca abrir las cuentas al control de sus trabajadores. En diciembre último, estas medidas de asistencia fueron recortadas en nombre de la reducción del déficit para encarar un pacto con el FMI. La improvisación de restricciones no va acompañada de medidas de asistencia. La crisis social consecuente irá, por lo tanto, en aumento.

El planteo del toque de queda fue precedido por una intensa campaña en los medios contra la juventud. Mientras el mismo presidente apareció públicamente rompiendo las restricciones de cuarentena, mientras no se aplican los protocolos en los lugares de trabajo ni comercios, y se abandonan las campañas de concientización, se apunta los cañones mediáticos contra los jóvenes, colocando toda la responsabilidad de los contagios en las fiestas clandestinas, una forma cómoda de evitar las responsabilidades estatales y patronales y de justificar la represión policial que se dio durante toda la cuarentena contra los jóvenes de los barrios.

Todo esto ocurre tan solo una semana después del enorme operativo de propaganda oficial en torno a la llegada de 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V, que fueron distribuidas y se están aplicando gradualmente en todo el país. El triunfalismo de la vacuna fue sucedido por la desorientación oficial. Es lógico, porque en las mejores hipótesis, la vacunación de 10 millones de personas, una base para que sea significativa la reducción de la circulación del virus, se irá haciendo gradualmente hasta fin de año.

Swiss Medical en la Rosada

Esta confusión se suma a la existente en materia del sistema de salud. Luego del discurso de Cristina, que propuso “repensarlo”, el ministro de Salud emitió una resolución de aumento a las prepagas, que el presidente se apuró a derogar, dejando en evidencia las fracturas al interior del propio oficialismo. Se suceden las reuniones y presiones de la burocracia sindical y la medicina privada para un rescate oficial de sus cajas. La burocracia quiere un aumento del 9 al 11% en los aportes, o sea, financiarse reduciendo los salarios. Como respuesta a la derogación del aumento, Belocopitt (de Swiss Medical) y la burocracia sindical denunciaron la intención oculta de crear una “Anses” de la salud, terminando con la salud privada, e interviniendo directamente en un negocio que maneja 800.000 millones de pesos anuales.

Pero el gobierno no quiere ir a un choque abierto con estos pulpos, y menos aún con la burocracia sindical que maneja, de un lado, las Obras Sociales y, del otro, las paritarias a la baja. Por eso Alberto Fernández convocó al mismo Bellocopit a una reunión de dos horas en la Rosada, donde, según Clarín, negó las versiones de nacionalización. Desde el Instituto Patria también le bajaron el tono a la confrontación. Lo que ocurre es que el financiamiento en crisis del sistema de salud, en un cuadro inflacionario, recesivo y pandémico, es un acicate que impulsa al Estado a intervenir, sin un plan claro, en los negociados del sector privado. La centralización del sistema de salud fue descartada en mayo último, luego de ser anunciada por Ginés González García como una alternativa en danza.

Esta centralización sería un enorme paso adelante en el marco de la pandemia, pero para el gobierno implicaría una crisis política mayúscula con un sector poderoso del capital y también con la burocracia sindical.

Por otro lado, en el planteo de Cristina, el “repensar” el sistema de salud incluye un desfinanciamiento a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que serían excesivos en una Ciudad “opulenta”. Con estos argumentos, se aplicó ya un recorte a la Ciudad de 65.000 millones de pesos, que Larreta trasladó raudamente en forma de tarifazos e impuestazos a los trabajadores de la Ciudad, y que golpeará en el financiamiento de su sistema de salud y educativo.

El ajuste agrava la situación de los trabajadores de la salud, que siguen sin respuesta a sus demandas. El golpe a las paritarias y las condiciones de trabajo de los agobiados médicos y enfermeros es un atentado a la lucha contra el Covid-19. Las huelgas en el Garrahan, la paritaria empantanada de médicos en la Ciudad, las movilizaciones de enfermería y las de los trabajadores de la salud en todo el país pusieron este panorama de relieve. A Las condiciones estructurales que dificultan la atención, la precarización laboral en salud, el empleo múltiple por los salarios por el suelo, se suma ahora un enorme deterioro inflacionario de todos los salarios del sector, que tuvo paritarias de miseria durante todo el 2020, bancadas por UPCN y ATE. La perspectiva del pacto con el FMI condiciona la situación política tanto como la pandemia.

Inflación, parate económico e intervencionismo

Las inconsistencias de la política oficial exceden con mucho el campo sanitario. Para evitar el default con el Club de París, el gobierno pretende avanzar en un acuerdo con el FMI antes de abril. El FMI reclama profundizar el rumbo de ajuste que el gobierno viene llevando adelante con la eliminación del IFE y la ATP y la reforma jubilatoria. El gobierno, que reclama el pacto con el Fondo y aplica el consecuente ajuste, implementa al mismo tiempo una prohibición hasta marzo de las exportaciones de maíz, en favor de la cadena agroindustrial. ¿Cómo se explica? Ocurre que, en medio de un alza internacional de los precios de las materias primas y con el dólar desdoblado, el capital agrario no liquida un solo dólar al precio oficial, agravando la caída de reservas y apuntando a forzar una devaluación. El gobierno ha fracasado en todas las medidas tomadas en este sentido. De nuevo, la crisis empuja a choques y crisis políticas. El campo declaró, en respuesta, un paro de tres días.

Pero estas medidas de intervención son limitadas e improvisadas y pueden llevar a choques con el campo, pero no resuelven ninguno de los problemas que tiene en el horizonte el país. Mientras el oficialismo dice querer controlar la inflación, habilita tarifazos generalizados en cada provincia.La inflación de diciembre superaría el 4% y los alimentos han superado el 6%, que son los que más impactan en el bolsillo popular. En el corriente mes de enero, se viene un revisión hacia arriba de los precios cuidados y concluye la vigencia de precios máximos y las patronales no quieren saber nada con una prolongación de este régimen. Estamos ingresando a una nueva escalada inflacionaria. La restricción a la importación de maíz no generará una baja de precios en ausencia de una apertura de cuentas de la cadena de comercialización.

El gobierno pagó 700.000 millones de pesos de intereses de Leliq en el año, alimentando la inflación, la suba del dólar y entregando como tributo al sistema financiero casi el equivalente de toda la facturación anual de la salud privada y las obras sociales. Ahí están las prioridades oficiales.

Las consecuencias de la política oficial se descargan especialmente sobre los trabajadores, con un avance sin tregua de la desocupación, la caída del salario y la miseria en los barrios. Los escarceos con el campo no pueden confundir a los trabajadores: el plan es el ajuste, como lo dejó en evidencia la reforma antijubilatoria, colocando los aumentos para los jubilados por debajo de la inflación cuando la jubilación mínima es de 19.000 pesos.

En todos los terrenos, se pone de manifiesto que las medidas necesarias para evitar que se profundice la crisis social y sanitaria son incompatibles con los intereses del capital y su Estado. Cuando más falta hace volcar la totalidad de los recursos nacionales en sostener la crisis social y enfrentar la pandemia, el gobierno avanza en la reducción del déficit, comenzando por el robo a los jubilados con aumentos por debajo de la inflación, en función del pago de la deuda y los acuerdos con el capital financiero. Cuando más necesario es centralizar el sistema de salud para volcar todos sus recursos a enfrentar la escalada de casos e internaciones, los escarceos con la medicina privada conducen de una u otra forma a un rescate por parte del Estado.

Impulsamos un programa de emergencia. Centralización del sistema de salud, bajo control de representantes electos de los propios trabajadores. Respuesta a los reclamos de sus trabajadores, en materia salarial y de condiciones de trabajo. Protocolos bajo control de los trabajadores en cada lugar de trabajo, en el transporte, y los comercios, para evitar los contagios. Asistencia extraordinaria para poder sostener las medidas de restricción y cuarentenas que sean necesarias para cortar la propagación del virus. Ningún despido, apertura de libros de las empresas que cierren o despidan, garantía salarial a cargo del estado. Paritarias libres, seguro al desocupado de 30.000 pesos. Este programa debe ser financiado mediante el no pago de la deuda externa y el proyecto del Frente de Izquierda de impuesto extraordinario a las grandes rentas y fortunas.

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