El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el comienzo de las prácticas denominadas “profesionales” a partir del quinto año de la escuela secundaria, lo que comenzaría a regir en el ciclo lectivo 2022 y afecta a 29.000 estudiantes del nivel, en las 442 escuelas de gestión pública y privada de la ciudad. Estas reformas que han encontrado su marco nacional en la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo, son la otra cara de la moneda de la reforma laboral pretendida por el Fondo Monetario Internacional, que traerá mayor ajuste para quienes estudiamos y trabajamos.

Las prácticas “profesionales” de Larreta encuentran asidero en los dichos del presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien insistió hace poco en el establecimiento de “políticas de creación de empresas y de empleo” basada en la flexibilización de las leyes laborales, y a la par un “modelo de formación profesional dual que combine el aprendizaje y la formación”. La UIA condiciona la contratación de personal por las empresas a que sea en condiciones de precariedad, fuera de convenio y sin estabilidad, y se relame con la mano de obra barata que pueden ser los estudiantes.

Las mismas serán de 120 horas, de carácter obligatorio y gratuitas. La medida se encuadra en las reformas (anti)educativas llamadas Secundaria del Futuro (SdF), la cual representa la profundización de la Nueva Escuela Secundaria (NES). Durante 120 horas cátedra, los estudiantes cambiarán las aulas por oficinas de organizaciones, fundaciones y multinacionales, que cuenten con áreas vinculas a algunas de las 13 orientaciones académicas que poseen las 116 escuelas de gestión estatal y las 326 de educación privada. Estas prácticas serán obligatorias y no serán rentadas.

Bajo el argumento falaz del “desarrollo de nuevas capacidades”, de la “toma de decisiones y autonomía”, y de “estimular el pensamiento crítico y la creatividad”, el jefe de Gobierno entrega a les estudiantes a una situación de extrema explotación laboral por parte de empresas que deberán inscribirse en un registro, del cual no se conocen precisiones ni requisitos que deban cumplir (Prensa Obrera, 9/12). Lo que es seguro es el peso de la obligatoriedad del trabajo no remunerado para les estudiantes del nivel medio.

Además, el nuevo proyecto de Larreta sumará más de 30 horas de educación financiera que serán distribuidas a lo largo del año escolar. Los contenidos no serán brindados por docentes, sino miembros de las empresas privadas del sector “FinTech” como Ualá, Mercado Libre, la Cámara de Fintech de Argentina, Mujer Financiera, Ripio, Balanz, Afluenta y Poincenot. En cuanto a los contenidos que impartirán las empresas en las escuelas públicas: importancia de la educación financiera; buenos hábitos; orientación vocacional; billeteras electrónicas y criptomonedas; consumo responsable; plan de ahorro y productos de crédito; reglas de oro para tus finanzas. Un paso más de parte del gobierno para avanzar en la degradación y privatización educativa.

Desde la banca del Frente de Izquierda Unidad- Partido Obrero, los legisladores Amanda Martín y Gabriel Solano presentaron un pedido de informe con especificaciones sobre esta nueva reforma. Ni el Ejecutivo ni el Ministerio de Educación respondieron.

Con este nuevo anuncio, se demuestra la política privatizadora del gobierno de Larreta y Acuña, lejos de las demandas de las comunidades educativas. Comenzando para las vacantes para todos los niveles educativos, pasando por el recorte de la educación especial (cerrando su formación integral y laboral y afectando a más de 600 personas de hasta 50 años que asisten a escuelas cuyos tramos pedagógicos los contienen en sus proyectos), el avance en la implementación de la Unicaba, la universidad privatista. Sigue vigente el reclamo por computadoras y WiFi para todos los niveles, luego de dos años de pandemia y profundo recorte presupuestario; que ha dejado como resultado a miles de pibes por fuera de la educación.

Las reformas educativas vienen a imponer modificaciones profundas que apuntan a adaptar la educación a un mundo laboral precarizado, que desconoce cualquier conquista por parte de les trabajadores y sus convenios colectivos. La falta de formación es otra pata argumental del gobierno de la Ciudad para explicar la desocupación en la juventud. Reclamamos prácticas laborales formativas y enmarcadas en los convenios colectivos de trabajo de cada sector. Debemos rechazar este nuevo intento privatizador que solo busca favorecer al capital y no la educación pública.