En las últimas semanas, se han multiplicado en Rusia las detenciones de activistas de Pussy Riot, el colectivo artístico y militante formado en 2011 que denuncia la opresión sobre las mujeres, la persecución del colectivo LGTBI y la falta de libertades democráticas bajo el gobierno de Vladimir Putin.

El miércoles 7, Masha Alekhina, artista, activista y una de las miembros fundadores del grupo, fue detenida cuando salía de cumplir una condena de 15 días. La acusan de “resistencia policial” y pasará 15 días más en prisión.

También fueron detenidos el activista Alexander Sofeev en un centro de vacunación cuando fue a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19, el fotógrafo Dmitry Vorontsov, y el periodista Andrey Kiselev. Los tres detenidos fueron llevados a la comisaría de policía sin motivo alguno. Sofeev y Vorontsov fueron acusados de “vandalismo” y permanecerán en la comisaría, mientras que Kiselev fue liberado sin cargos.

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El 12 de junio, la artista y activista de Pussy Riot Veronika Nikhulshina realizaba una entrevista cuando fue abordada por tres agentes para detenerla. La detuvieron por “fumar en la vía pública” y fue liberada horas más tarde. El día 16 fue detenida nuevamente por “intenciones de cometer acciones ilegales relacionadas con violaciones del orden público y la seguridad pública”, supuestamente destinadas a interrumpir los partidos de fútbol de la Eurocopa 2020 en San Petersburgo. Fue condenada a 15 días de prisión a pesar de que no existían pruebas sobre tal acusación, ni siquiera hay partidos programados en dicha ciudad.

El 21 de junio, el miembro de Pussy Riot, Alexander Sofeev, y su amigo, el fotógrafo Dmitry Vorontsov, regresaban a casa cuando una camioneta de la policía se detuvo junto a ellos. Fueron arrestados y condenados a 15 días en prisión. La acusación es de circular por la vía pública en “estado de ebriedad”; sin embargo, un estudio realizado por un médico narcólogo demostró que ninguno de los dos se encontraba en ese estado, por lo que cambiaron los informes a “lenguaje obsceno”.

El 22 de junio, la diputada municipal y activista de Pussy Riot, Lyusya Shtein, salió de su departamento y fue abordada por tres oficiales, negándole información sobre su arresto hasta llegar a la comisaría. Fue acusada de violar el arresto domiciliario (fue condenada luego de participar de una movilización contra Putin en enero) y de agresión a la autoridad; sin embargo se negó la petición de la defensa de incluir grabaciones de la cámara del pecho del oficial de policía o de cámaras de vigilancia cercanas.

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Luego del arresto de Lyusya, la policía detuvo a la activista y directora de cine Anna Kuzminykh que iba de camino a casa desde un salón de belleza condenándola a 15 días de prisión por agresión a la autoridad. Las autoridades se niegan a exponer las grabaciones de las cámaras de seguridad incorporando al informe solo el testimonio de los policías. Durante su arresto, Anna tuvo varios ataques debido a una enfermedad rara y grave que padece, la policía le negó el acceso a sus medicamentos durante horas causándole dolores intolerables.

Ese mismo día, Maria Alyokhina salió de casa para ir a vacunarse acompañada por dos amigas: la activista Olga Shalina y un joven. Subieron a un taxi, pero gente vestida de civil les cerró el paso, las detuvieron agentes sin identificación por “resistirse a la autoridad”. Fueron encarceladas por 15 días. Las autoridades negaron su solicitud de presentar los videos como prueba contra la acusación, tomando nuevamente solo los testimonios de los policías como evidencia.

Rechazamos la persecución contra Pussy Riot.

Frente a los ataques del régimen de Putin contra las mujeres, el colectivo LGTBI y la población trabajadora, la salida pasa por la organización independiente y la lucha, sin ninguna confianza ni apoyo político a la derecha y el imperialismo.

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