26/05/2021

Lo que está en juego en Italia

El plan de recuperación de la Unión Europea en acción.

Mario Draghi, primer ministro italiano.

El gobierno italiano de Mario Draghi ha presentado el 26 de abril ante la Cámara de Diputados su ambicioso plan de recuperación para pilotear lo que fuera la peor crisis económica del país desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un programa de inversiones y “reformas estructurales” por 6 años cuyo valor asciende a unos 248.000 millones de euros entre fondos procedentes de la Unión Europea (UE), mayoritariamente, y determinadas partidas nacionales. Un articulista del periódico londinense The Economist señaló que la Comisión Europea ha quedado ampliamente satisfecha con las “promesas” que realizó Draghi, por lo que estarían dadas las condiciones para una liberación de los fondos.

El premier italiano dijo al parlamento que el “destino” del país y la “medida de lo que será su papel en la comunidad internacional” dependen enteramente del éxito de este programa. Pues el plan en cuestión -y las contradicciones que trajo consigo- ha estado en la base de lo que fue la crisis política que pavimentó el camino, bajo la forma de un gobierno de unidad nacional, hacia el encumbramiento de Draghi. Europa mantendrá sus miradas puestas en lo que haga el gobierno italiano, ya que el país, a pesar de recibir la mayor parte de las erogaciones del fondo europeo, es reprochado por haber pospuesto durante décadas las grandes reformas que pide Bruselas.

Salvataje al capital

La apuesta del Ejecutivo es revertir el impacto de la bancarrota capitalista mundial en la península, que se ha agudizado con la pandemia. La economía de Italia se encuentra empantanada hace años; la banca se ha venido destacando por su elevada cartera de créditos incobrables y morosos, y la proliferación de las denominadas empresas zombis (que sobreviven a base de deudas o rescate estatal) está a su vez en el epicentro de la crisis actual.

El millonario paquete de subvenciones y préstamos ha contado con el beneplácito de la Confederación General de la Industria Italiana (Confindustria) y de la Asociación Nacional de Constructores de Edificios (Ance, por sus siglas en italiano).

El 40 por ciento de los fondos -68.600 millones de euros- se dedicarán a la llamada transición ecológica del sistema productivo, y el 25 por ciento -49.200 millones- a la “digitalización” del país, cuya aplicación estará a cargo del ministro de Innovación Tecnológica y Transición Digital, Vittorio Colao (ex CEO de Vodafone), lo que ampliará la conexión a internet en diversas regiones y buscará avanzar en la implementación de redes 5G. Una parte considerable de estos fondos -57.400 millones- serían utilizados para reducir las “disparidades” entre el norte y el empobrecido sur.

El Ejecutivo también ha aprobado un decreto para socorrer a empresas, autónomos y familias mediante la repartición de unos 40.000 millones de euros. El grueso de estos está destinado a empresas, en tanto que otra buena porción servirá para financiar al sector turístico y al agrícola. En menor escala se alistan fondos para los comercios cerrados por la pandemia, los ayuntamientos en crisis y para ayudar a las familias con problemas económicos.

Detrás de la presentación progresista del programa se encubre un rescate al capital. En lugar de destinar los préstamos a una reorganización nacional que parta de las necesidades de la población, Draghi apuesta a intentar dinamizar a la estancada burguesía tricolor a costa de los trabajadores, que pagarán esa orientación a través de los despidos y la mayor explotación que acarrea toda “modernización” capitalista. A la vez, la deuda contraída por Italia para afrontar el plan y la parte de los fondos provenientes de la Unión que no sean asumidos de manera conjunta por los Estados constitutivos de esta deberán ser reembolsados, lo que constituirá otra carga sobre las masas.

En el marco de la agudizada guerra comercial entre los grandes jugadores del tablero mundial la tentativa italiana aparece, a pesar de todo, con pronóstico reservado. Para mayor muestra de esa orientación, la educación recibirá solo 31.900 millones; apenas 22.400 millones para “políticas de inclusión”, y el vapuleado presupuesto sanitario, la menor parte (unos 18.500 millones, de los cuales una porción irá a parar a manos de la salud privada).

Es por esto que la clase capitalista transalpina ha festejado el anuncio del gobierno con subas en el mercado de valores; la Ance estima que su sector puede beneficiarse de un total de 113 mil millones de euros –el 51 por ciento de los recursos- y Telecom registró el mejor desempeño accionario de 2021. Todo el sector energético (ENI, Terna, Falck Renewables, entre otros), entretanto, espera altos rendimientos por el paquete de rescate.

La orientación reaccionaria de Draghi tiene su expresión en todos los planos. En el frente externo, está alineándose con Estados Unidos y el capital europeo en medio de las disputas que tienen lugar en el convulsionado panorama internacional. En esta línea, el gobierno viene de bloquear la adquisición de una empresa italiana de semiconductores por parte de capital chino y ha arrestado a un oficial de la Marina italiana acusado de espiar para el gobierno ruso, al que ya señalaba de violar los derechos humanos debido a la detención del opositor Alexei Navalny. Asimismo, como parte de su agenda internacional, el primer viaje presidencial ha sido a Libia, donde dio su apoyo a la Guardia Costera local contra los migrantes y persigue como fin estratégico preservar el papel del imperialismo italiano en la región.

Ajuste y límites

Los fondos han venido estando condicionados a la puesta en pie de un programa de reformas estructurales que hasta el último instante mantuvo en vilo a Bruselas. La Justicia Civil será un eje vital, en la cual se prevé contratar personal temporal en aras de “agilizar la actuación de los tribunales”, y, asimismo, se la reorganizará para garantizar “el derecho a reclamar” de los inversores extranjeros.

Por otro lado, la reforma fiscal que Draghi tiene en mente deberá “simplificar el proceso del pago de impuestos” y rebajar la presión fiscal, es decir, los impuestos al capital. A diferencia del “New Deal” de Joe Biden, que contiene una modestísima suba de las rentas e impuestos a la burguesía, el plan de estímulos del gobierno italiano no encerraría subidas impositivas, solo se “reforzarán” las normas contra la evasión fiscal.

La espinosa cuestión del bloqueo a los despidos y de las pensiones no fue por el momento del todo esclarecida. La cuota 100, el sistema que permite a los trabajadores “jubilarse antes” –a partir de los 62 años con 38 años de contribuciones- podría reemplazarse por la llamada “cuota 102”, que eleva la edad de retiro a los 64 años, aunque también hay otras opciones de ajuste en danza. La burlada suspensión de los despidos –estos alcanzaron los 2,2 millones durante el gobierno de Giuseppe Conte-, que fue extendida hasta junio, perecería marchando a un esquema de exenciones impositivas y de pago por parte del Estado de un porcentaje de los salarios para aquellas empresas que presenten pérdidas en sus balances.

Con todo, el gobierno nacional aspira a conseguir un déficit fiscal del 3,4 por ciento en 2024, luego de que este trepara en 2020 a un 11,8 por ciento. El ajuste comenzaría a partir del próximo año, donde el déficit fiscal pasará al 5,9 por ciento, mientras que la deuda pública italiana superará los 3 billones de euros en 2024, o sea, el 152,7 por ciento del PBI. Esto es lo que está en juego alrededor del plan recuperación de la UE, a saber, un ajuste contra las masas de características históricas para cumplir con las pretensiones de Bruselas.

Sin embargo, la aplicación de este gran entramado, choca con el hecho de que en el mes de julio comienza el “semestre blanco”, un periodo que precede a la elección del presidente de la República. El principal nombre para suceder a Sergio Mattarella, el actual mandatario, es el mismísimo Draghi, lo que ha provocado una crisis, puesto que en febrero el gobierno deberá emprender las “reformas”. La única manera de sortearla sería prorrogando el mandato de Mattarella, aunque por el momento dicha posibilidad es rechazada por este. Así las cosas, los partidos del establishment han comenzado a tomar posición; mientras que los derechistas de La Lega apoyan la investidura presidencial de Draghi con la condición de avanzar hacia elecciones anticipadas, los centroizquierdistas Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas quieren evitar nuevas elecciones. La burguesía italiana, a su vez, pretende que Draghi sea quien capitanee el ajuste.

Frente a este escenario, la clase obrera debe abrirse paso de manera independiente para intervenir en la crisis. Este viernes 21, mientras en Roma sesionaba el Foro del G20, tuvo lugar un acto impulsado por las organizaciones del Pacto de Acción Anticapitalista, que reúne a sectores del sindicalismo combativo, el cual ya protagonizó anteriormente otras jornadas. El sábado 22, se desarrolló una manifestación nacional impulsada por organizaciones de izquierda y por USB (Unión Sindical de Base), con una delegación que viene de protagonizar el boicot a los barcos con armas que marchaban hacia Medio Oriente para robustecer la masacre sionista.

Es necesario poner en pie un polo de independencia de clase para enfrentar al gobierno ajustador.

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