Este martes, con 78 votos a favor, la cámara baja decidió someter a juicio político al primer mandatario chileno, Sebastián Piñera, tras una jornada maratónica de 23hs de debate que incluyeron 15 hs de la intervención del diputado Jaime Naranjo (PS), a cargo de defender el libelo acusatorio, tiempo que sirvió para que pueda llegar a votar favorablemente Giorgio Jackson (Frente Amplio), que se encontraba guardando cuarentena preventiva. En adelante, es el Senado quien, en su rol de juez, deberá definir si destituye al presidente, aunque cabe señalar que aquí los votos para lograr su destitución e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos no estarían garantizados aún, ya que el oficialismo haría valer su peso para rechazarlo (se requieren dos tercios de los votos).

Si bien la maniobra dilatoria de Naranjo, puesta en marcha en función de contar con los votos necesarios para que avance la acusación constitucional, fue presentada como un gesto heroico por parte de la oposición patronal, a nadie escapa que la hipocresía que ello representa, ya que estamos hablando de los sectores políticos representativos del régimen de los 30 años, impugnados por la rebelión popular, que además han puesto en juego sus recursos políticos para sostener a este gobierno criminal. Por si alguna duda cabe, basta con recordar que Piñera pudo eludir la primera acusación por la complicidad de estos partidos y que en definitiva fueron quienes orquestaron el pacto del 15 de noviembre (de 2019) que rescató al gobierno y al régimen político en su conjunto. Quienes hoy pretenden presentarse como héroes son en realidad cómplices.

Piñera no, pero sus políticas represivas sí

Luego de dar luz verde a la acusación constitucional contra Piñera, la Cámara de Diputados aprobó, por 76 votos a favor, la extensión por 15 días del estado de emergencia que permite que el Wallmapu, territorio donde habita la comunidad mapuche, siga militarizado (el Senado también dio su aval horas más tarde). El pretexto es la seguridad, pero el verdadero motivo es afianzar el dominio de los grandes empresarios sobre la región. Con ello, queda demostrado que el juicio político contra el presidente es solo una maniobra para saldar la crisis en favor de sus planes de relevo y salvataje del régimen político que la continuidad de Piñera en La Moneda pone en riesgo.

No representa una novedad, en rigor de verdad, pues la “oposición” le ha votado al gobierno todas las leyes represivas presentadas luego del estallido social. Estamos hablando de las herramientas jurídicas de las que se valió el gobierno para perseguir y criminalizar a quienes, desde octubre del 2019 en adelante, han salido a luchar contra las políticas negadoras de derechos elementales de los últimos 30 años. Ahora le brindan el amparo legal que necesita para seguir masacrando al pueblo mapuche (como lo demuestra el reciente asesinato del comunero Jordan Llempi), que resiste al saqueo que las forestales y latifundistas llevan adelante, históricamente amparados por el Estado chileno. No son héroes, son tan asesinos como el gobierno que ahora sientan en el banquillo de los acusados para ocultar sus propias responsabilidades políticas.

A las calles para terminar con el régimen hambreador y terrorista

Como pueblo trabajador que sufre en carne propia los vejámenes de las políticas del gobierno y la oposición cómplice, no podemos ser convidados de piedra en este estado de situación. A la cocina parlamentaria debemos oponer una salida en nuestros propios términos, con los métodos históricos que tenemos como clase. Debemos arbitrar los medios para poner en pie las instancias de deliberación y organización popular por un plan de lucha de los sindicatos, asambleas territoriales y movimientos sociales hasta que caiga Piñera y con él el régimen de los 30 años.

Fuera Piñera. Fin a la militarización del Wallmapu. Desmantelamiento de las fuerzas represivas. Libertad a lxs presxs por luchar. Justicia para las víctimas del Estado terrorista. Por una verdadera asamblea constituyente, libre y soberana.

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