El Gabinete israelí de Seguridad para Cisjordania aprobó el domingo un paquete de medidas que significan el control total de la región donde viven más de 3 millones de palestinos, terminando de enterrar definitivamente cualquier resabio de los Acuerdos de Oslo de 1993 y de Hebrón de 1997. Este paquete incluye legislación de propiedad, confidencialidad de registros, planeamiento urbano y “control ambiental”. En los hechos, transformará las áreas A y B, de supuesto control civil (ultra-limitado) de la Autoridad Palestina, en áreas C, de control absoluto israelí. “Vamos a continuar matando la idea de un Estado palestino”, declaró Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas israelí (BBC, 10/2).

Las nuevas medidas acompañan la aprobación de 19 nuevas colonias en diciembre de 2025, la próxima implementación de la pena de muerte obligatoria para cualquier palestino acusado de “atacar al Estado judío” (mientras israelíes que cometan crímenes equivalentes solo tendrían prisión) y el comienzo de la ejecución del proyecto de urbanización en el sector denominado E1, que fracturará por completo la ya dañadísima continuidad territorial entre el norte y el sur de Cisjordania. Originalmente, la presentación de este paquete en octubre en la Knesset (parlamento israelí) había motivado críticas públicas de funcionarios estadounidenses como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff (El Salto, 9/2).

En cuanto a la propiedad, se elimina la ley jordana preexistente que impedía la compra de tierras por parte de “no-árabes” y se permite a particulares israelíes adquirirlas sin intermediarios, y también se levanta la confidencialidad sobre el registro de propiedad, lo cual abre el terreno a falsificaciones, manipulaciones, presiones y extorsiones directas sobre propietarios palestinos. Bajo la fachada de la protección ambiental y de sitios arqueológicos, Israel justifica ahora tomar el control de cualquier lugar con una simple resolución administrativa. En la ciudad de Hebrón, directamente se arrebata a la Autoridad Palestina todo control sobre la planificación urbana y los permisos de construcción, constituyendo en los hechos una municipalidad paralela. Finalmente, sitios religiosos como la Tumba de Raquel en Belén o la Mezquita de Ibrahim también quedan bajo la órbita sionista (Al Jazeera, 9/2). 

Entre las colonias (legalizadas por Israel, ilegales bajo el derecho internacional) y los puestos de avanzada (outposts en inglés, ilegales incluso para la legislación israelí) en Cisjordania, más las ocupaciones de viviendas en Jerusalén Este, hay más de 700.000 colonos israelíes en tierras reconocidas internacionalmente como Palestina, a pesar de estar bajo ocupación militar desde 1967, tras la Guerra de los Seis Días. Como explicamos en notas anteriores, existe un régimen de apartheid en toda la región, con legislaciones y procesos judiciales diferenciados para israelíes (ley civil) y palestinos (ley marcial). Su aplicación se basa en la ocupación militar y un sistema carcelario de muros, portones, cámaras, checkpoints, que limitan el movimiento cotidiano de la población palestina. 

Dentro de esta masa de población (israelí e inmigrante) implantada proliferan los grupos fascistas y fundamentalistas que vemos cotidianamente agredir aldeas palestinas, hiriendo y asesinando a sus pobladores, arrancando o quemando olivos, matando animales y un sinfín de atrocidades. Estos grupos son amparados por el Estado de Israel, pertrechados por funcionarios como el ministro de finanzas Smotrich, y protegidos en el día a día por el Ejército sionista, en una tarea mancomunada con roles distribuidos para hacer imposible la vida de los palestinos, acelerando día a día el proceso de limpieza étnica.

Diversos medios de comunicación consideran que el momento para este avance no es casual, que se trata de una movida de la pata ultraderechista de la coalición que gobierna Israel para condicionar las tratativas entre Netanyahu y Trump, tanto respecto del plan para Gaza como en torno a temas como un eventual ataque a Irán. En el mismo plano pueden analizarse los recientes bombardeos a Khan Younis, volviendo efímera la declaración de cese al fuego, como las manifestaciones de colonos liderados por Daniela Weiss intentando entrar al sector de la Franja controlado por Israel para establecer nuevos asentamientos. Es un intento de establecer hechos “irreversibles” en el territorio, a sabiendas que la política yanqui requiere, al menos por el momento, estabilidad en Cisjordania para concentrarse en otros frentes, especialmente el plan inmobiliario en la Franja de Gaza. 

Este nuevo episodio de avasallamiento de todos los acuerdos previos y del derecho internacional deja algunas conclusiones políticas. En primer lugar, queda expuesta la hipocresía de los reconocimientos de diferentes Estados hacia el virtualmente inexistente Estado palestino (declaraciones que fueron el resultado de la presión de la movilización popular, pero que apuntaban a desarmar esa ola de solidaridad) y ficcionar un camino hacia los “dos Estados”. Ahora vemos comunicados inocuos del Reino Unido, de España y también de Naciones Unidas denunciando la ilegalidad del avance israelí, exhortaciones a que Israel se detenga, que cumpla leyes y acuerdos que nadie estaría dispuesto a imponer por la fuerza. En el mismo sentido, la declaración de los países de Oriente Medio (Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía y Pakistán) condena la anexión ilegal y llama a desescalar el conflicto y preservar la legislación internacional y la posibilidad de una “paz justa” (Haaretz, 10/2). Puro palabrerío de países que coxisten y han normalizado relaciones con el ente de ocupación sionista.

En segundo lugar, se ve la inutilidad de las “señales positivas” de la Autoridad Palestina (AP) hacia Estados Unidos y hacia Trump en particular. De nada sirvió saludar el acuerdo impuesto por Trump o postularse como alternativa de gobierno de facto en Gaza. Estados Unidos no los considera una alternativa viable según sus intereses. Israel avanza ininterrumpidamente desde la misma firma de los acuerdos de la década del 90 en sentido contrario del supuesto objetivo de los mismos, resultado de la política contemporizadora y hasta cómplice de la AP con la ocupación sionista, actuando como gendarme contra las expresiones más radicales de la resistencia en la región. Hamas, por su lado, llamó a incrementar la confrontación con Israel, al mismo tiempo que reiteró que no va a cumplir con el plan de desarme de la fase 2 del plan colonial de Trump hasta que no se retire completamente el ejército israelí de toda la Franja de Gaza.

Este panorama sombrío no debe hacernos perder de vista que el pueblo palestino sigue firme en su resistencia, a pesar de los durísimo golpes recibidos. La movilización popular internacional sigue siendo la mejor herramienta para apoyar esta causa, como ocurrió en Sydney en rechazo al presidente israelí Isaac Herzog, con las huelgas portuarias, con las campañas de boicot, con una nueva misión de la Flotilla Global Sumud, y por sobre todas las cosas, la lucha en cada país contra todos los gobiernos capitalistas cómplices del genocidio. A seguirla.

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