Este 25 de septiembre se llevó a cabo en Cuba un referendo que aprobó un nuevo Código de Familias, que reemplazará al que está vigente desde 1975. El documento, que había sido votado por la Asamblea Nacional en el mes de julio (previa consulta popular entre los meses de enero y abril), brinda la posibilidad de reconocer varios padres y madres más allá de progenitores biológicos (multiparentalidad), la “gestación solidaria” (o subrogada) sin fines de lucro y el matrimonio entre personas del mismo género. Un avance legislativo dentro de un país que estuvo signado por la homofobia y el sexismo y en el que el Estado ejerció una persecución a la homosexualidad.

Según CNN, “el 74,1% de las personas con derecho a voto en el referéndum nacional del domingo habían acudido a votar. Con el 94% de los votos escrutados hasta las 9 de la mañana del lunes, 3.936.790 habían votado a favor y 1.950.090 en contra”. Durante la jornada se extendió el horario de votación en algunas provincias, debido a las condiciones meteorológicas que imposibilitaron el traslado de los electores. Según el Consejo Electoral Nacional, votaron 1,6 millones de personas menos que en el plebiscito por la reforma constitucional de 2019, lo que Frank García Hernández, del Colectivo Comunistas de Cuba, consultado por Prensa Obrera, atribuyó “al descontento popular con el gobierno, y no a la oposición al Código que se aprobó”. Comunistas, principal organización de la izquierda crítica cubana, se había pronunciado por el Sí, “sin dudas, pero no sin comentarios”.

La conquista de estos derechos es el resultado de la intervención política y de lucha sistemática del movimiento LGTBIQ+ contra ataques y persecuciones. Ya en 2019, el gobierno reprimió muy violentamente una marcha del movimiento, y el matrimonio igualitario quedó por fuera de la reforma constitucional por el fuerte rechazo de las iglesias evangélicas, al que el régimen cubano cedió. En ese sentido, hay que decir que la burocracia gobernante no ha parado de hacer concesiones a las iglesias desde el ’98, cuando se produjo la primera visita de Juan Pablo II.

Ante el plebiscito, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba había publicado un comunicado en el que rechazaba el “matrimonio igualitario”, la “autonomía progresiva” que otorga el nuevo Código a jóvenes y adolescentes para decidir sobre tratamientos quirúrgicos sin autorización de sus padres- madres, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la reproducción asistida, expresando al minoritario sector de la población que votó negativamente durante la consulta popular. Las Iglesias fomentaron, aunque sin demasiado éxito a la luz de los resultados, el terror a la introducción de la denominada “ideología de género” en la legislación. En el comunicado al que nos referimos se puede leer: “El matrimonio entre hombre y mujer, que es la base natural de la familia, no puede ser desplazado o deformado para dar paso a otras maneras construidas legalmente”.

Como sucede en todo el mundo, pero con mayor vigor en América Latina, las iglesias, mayoritariamente católica y evangélicas, se organizan para bloquear la conquista de derechos del movimiento de mujeres y diversidades, tal como ocurrió en nuestro país en ocasión del debate de la Interrupción Voluntaria del Embarazo durante 2018 y 2020. En la actualidad, y aun cuando el aborto es legal, siguen interfiriendo para obstaculizar el ejercicio de ese derecho.

La lucha del movimiento LGBT+ fue, en el caso cubano, la base de la conquista de estos derechos, del mismo modo que lo fue la conquista del aborto legal en nuestro país. Para detener la embestida por parte del lobby clerical y de los grupos enemigos de esos derechos, hay que restaurar en Cuba la completa separación de la Iglesia y el estado, de la mano de la democracia obrera, y conquistarla en nuestro país y en el resto de América Latina.

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