Ecuador vive desde la semana pasada un extraordinario proceso de movilizaciones contra el paquetazo de ajuste lanzado por el presidente Lenín Moreno. El recorte de subsidios en los combustibles desató protestas y un paro de transportistas que fue respondido por el gobierno con la declaración del estado de excepción, el despliegue de las Fuerzas Armadas y la detención de dirigentes sociales.

Pese a la represión, las protestas se incrementaron. Aunque los transportistas levantaron su medida de fuerza, las comunidades indígenas nucleadas en la Conaie arribaron masivamente a Quito desde todos los rincones del país. El 9 habrá un paro general convocado por el Frente Unitario de Trabajadores, que nuclea a las centrales sindicales, en reclamo de la derogación de las medidas de ajuste.

La supresión de los subsidios en los combustibles forma parte de un compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal. Para que cuadren los números, incluso, no se descarta que el gobierno avance en un plan de privatizaciones. En febrero de este año, Ecuador suscribió un acuerdo por más de 10 mil millones de dólares con el FMI y el Banco Mundial. A cambio del préstamo, estos organismos exigen una reducción del déficit y el avance en las llamadas “reformas estructurales” (laboral y jubilatoria). La reforma laboral en carpeta incluye la creación de nuevos contratos de trabajo que habilitan el despido sin indemnización durante los tres primeros años de vínculo laboral, contratos temporales, y el recorte de vacaciones de los empleados públicos (El País, 3/10).

Ecuador ha sufrido un vertiginoso aumento de la deuda pública en los últimos años, que algunos cálculos sitúan ya en 60 mil millones de dólares. El gobierno del ex presidente Rafael Correa recurrió a China como su principal prestamista, a cambio del petróleo. Los chinos realizaron también grandes inversiones en el país. Si bien Lenín Moreno no ha renunciado a esta fuente de financiamiento (el año pasado tomó un préstamo con Beijing por 900 millones de dólares), parece más proclive a cambiar de collar.

El plan de guerra contra las masas del gobierno de Lenín Moreno va a la par de una política de subordinación al imperialismo en política exterior. Los dos datos más sobresalientes son la expulsión de Julian Assange de la embajada en Londres y el alineamiento con la cruzada golpista de Trump contra Venezuela.

El levantamiento popular ecuatoriano ha despertado el pánico en la clase dominante. En cadena nacional, el presidente anunció el traslado del gobierno a Guayaquil hasta que amainen las protestas. Y denunció un plan destituyente de Correa y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Los titulares de bloque de los principales partidos de la Asamblea Nacional (el oficialista Alianza País, la derechista Creo y el Partido Social Cristiano, entre otros) emitieron un comunicado que llama a “restablecer el estado de derecho” y respalda el estado de excepción.

El Movimiento Revolución Ciudadana, la fuerza del ex presidente Rafael Correa, se negó a firmar el comunicado y respalda públicamente las protestas. Su línea parece ser la de elecciones adelantadas. El de Correa es un planteo oportunista, toda vez que su gobierno se caracterizó por la represión de las comunidades indígenas y el disciplinamiento del movimiento obrero, al punto que le quitó la personería gremial al sindicato de maestros. Por todo esto, la Conaie salió a desmarcarse públicamente de Correa en un texto difundido por las redes sociales.

Correa, recordemos, había ungido a Lenín Moreno como su delfín, en los mismos tiempos en que Cristina respaldaba la candidatura presidencial de Daniel Scioli. Como se ve, los “nac & pop” pavimentan el camino de los peores ajustadores.

El levantamiento ecuatoriano muestra el carácter incendiario de las políticas de ajuste del FMI. Es necesario desarrollar la movilización en apoyo al pueblo ecuatoriano. Por la derogación del estado de sitio, la libertad de todos los detenidos, el retiro del paquetazo y la derrota del gobierno fondomonetarista.