Con la aprobación del plan presentado por el primer ministro Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, el Brexit ingresó en una nueva etapa. El proyecto –que debe pasar aún por la Cámara de los Lores- reconoce compromisos financieros con la Unión Europea y ciertas garantías para los ciudadanos de la Unión en el territorio, pero a partir del 31 de enero el Reino Unido estará técnicamente fuera de ella. Empieza un período de transición, en que ambas partes discutirán el estatus futuro de su relación comercial, y en el transcurso del cual regirán aún la mayoría de las normas europeas.

En su afán de acelerar la salida, Johnson ha establecido una cláusula que fija como inexorable la fecha del 31 de diciembre de este año como límite para arribar a un compromiso. Si no se llega a un acuerdo de libre comercio, algo muy difícil de lograr según las autoridades de la UE, debido al escaso tiempo disponible, los vínculos comerciales pasarían a regirse por las normas de la Organización Mundial de Comercio. Se trata del famoso Brexit desordenado que despierta el temor de la City y las burguesías europeas.

Johnson ha logrado imponer su propuesta debido al cambio de composición del parlamento, tras las elecciones adelantadas de diciembre, que marcaron un significativo triunfo del partido conservador y una profunda debacle del laborismo y de los liberal-demócratas (la fuerza abiertamente europeísta de los comicios). En la campaña electoral, el excéntrico líder de los tories logró imponer el lema de la consumación definitiva del Brexit como el remedio a todos los males que padece el Reino Unido, sumido en una profunda crisis social y económica desde la bancarrota de 2008. Combinó ese caballito de batalla con críticas a los migrantes y con una demagogia sobre mayores fondos para los servicios públicos. Johnson explotó las vacilaciones de Jeremy Corbyn respecto al Brexit para arrebatarle al laborismo algunos de sus distritos históricos del centro y norte de Inglaterra.

Pero al revés de lo que dice Johnson, el Brexit traerá perjuicios a los trabajadores. El proyecto aprobado elimina el compromiso de que los derechos de los operarios británicos se mantengan equiparados con los de la UE, lo que obviamente quiere decir recortar esos derechos, nunca incrementarlos respecto a los ya pobres niveles de la Unión (donde las llamadas políticas de austeridad han provocado una demolición de esos derechos). 

La única perspectiva que ofrece el Brexit es un acercamiento mayor a los Estados Unidos de Donald Trump, que puede tener como consecuencia hasta la privatización del sistema de salud.

El Brexit potencia todas las tendencias disgregadoras en Europa (al estimular otros procesos de separación) y en el propio Reino Unido. Reactiva las pretensiones independentistas en Escocia, cuya fuerza política dominante –el SNP- es pro-UE. Ya se han empezado a organizar movilizaciones en reclamo de un nuevo referéndum, que cuentan con apoyo del partido de gobierno, de algunos sindicatos y del laborismo de esa región. En el caso irlandés, el Brexit ha replanteado el problema de una frontera dura entre ambas Irlandas y con ello el resurgimiento de un conflicto histórico. Para sortearlo, Johnson y los funcionarios de Bruselas han acordado una aduana en el mar (entre Irlanda del Norte y el Reino) que no satisface ni a los unionistas (partidarios de la permanencia en el Reino) ni a los partidarios de una Irlanda unificada.

En todo este cuadro de declive, la monarquía experimenta su propia crisis, en medio de una sórdida pelea, cuya expresión más visible es el renunciamiento del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle.

El laborismo

En el laborismo se ha abierto un debate tras la derrota de Corbyn. Se trata de una fuerza profundamente dividida. A su modo, ha refractado las grandes divisiones que surcan el país. La derecha del partido achaca la responsabilidad del cataclismo electoral a un programa que definen como demasiado radical (por su planteo de aumento salarial y de algunas nacionalizaciones). Impulsan como candidata a la jefatura del partido a Jess Phillips, que reúne por ahora menos adhesiones entre los diputados laboristas que Rebecca Long Bailey, quien estaría más próxima a Corbyn. Sin embargo, quien cosecha más apoyos entre los diputados es de momento Keir Starmer,  un partidario de la UE pero que da el Brexit como un hecho ya consumado (The Guardian, 8/1). Los sindicatos definirían su respaldo entre los dos últimos candidatos mencionados. En el complejo mecanismo de selección de autoridades del Labour, una vez que culmine esta primera etapa habrá una votación abierta a los 500 mil afiliados entre aquellos candidatos que consigan un piso determinado de apoyos entre parlamentarios y seccionales partidarias.

La nueva etapa del Brexit se combinará con las políticas de ataque del gobierno de Johnson contra las masas. Se vuelve importante una lucha a fondo contra ese gobierno reaccionario y un planteo estratégico para unir a los trabajadores. Ese planteo es la unidad socialista del país y de Europa.