El presidente Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional aprobaron, finalmente, la ley número 354, una reforma antipopular del Código de Trabajo que fue dictada por las grandes patronales. Desde que comenzó el año, las calles fueron copadas por movilizaciones y barricadas que denunciaban el carácter proempresarial y precarizador de estas reformas; las cuales se intensificaron en las últimas semanas, durante las sesiones del parlamento. Las protestas contaron con adhesiones juveniles y de los sindicatos que convergen en la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical (Conusi) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs), entre otros. El 4 de agosto, hubo piquetes frente a las distintas sedes del Ministerio de Trabajo.

Los cambios implican la suspensión de los contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre, periodo durante el cual los trabajadores quedan sin derecho a percibir el salario y no se les garantiza la posterior recontratación. Al mismo tiempo, permite a las patronales modificar a capricho las jornadas laborales, con solo informarlo con 48hs de antelación al trabajador, que en caso de rehusarse puede ser despedido. Habilita jornadas laborales de hasta 12 horas, reduce el plus salarial por trabajar en días de fiesta y feriados (y también reduce el pago de las horas extra), fracciona y limita el aguinaldo, deja sin cobertura a las trabajadoras embarazadas (avasallando el fuero de maternidad), etc. Es un ataque brutal a las condiciones de trabajo, que corona un proceso de ataques que se remonta a 1995. El gobierno y las patronales se valen de la pandemia para avanzar en esta agresión, en línea con las reformas laborales que promueve la burguesía en todo el subcontinente.

En Panamá se registran más de 300 mil suspensiones (Resumen Latinoamericano, 27/8), es decir, miles de familias a la completa deriva. La informalidad abarca a la mitad de la población ocupada y el 65% de los nuevos empleos generados es de este tipo (La Estrella, 5/8).

Se pretende descargar la crisis económica precedente sobre la espalda de los trabajadores y rescatar así las ganancias capitalistas. Además, en un país con más de 70.000 contagios por Covid-19 y más de 1,500 muertes y sin perspectivas de que la curva descienda, la cuarentena se sigue flexibilizando bajo presión de las patronales, con aperturas en las industrias automotrices, de la construcción y del turismo.

La reforma ya fue aprobada y sancionada por Cortizo (del centroizquierdista Partido Revolucionario Democrático). Es necesario avanzar hacia un congreso de bases del movimiento obrero y un plan de lucha que permita derribarla.

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