El fin de semana pasado, después de varios choques políticos y tortuosas negociaciones, el Congreso norteamericano evitó -a último minuto- la paralización de las oficinas de gobierno (el llamado shutdown) gracias a un precario compromiso entre el presidente Joe Biden y el titular de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, que extendió el financiamiento presupuestario por unos 45 días.

Los salones políticos no habían recuperado el aire cuando se reabrió la crisis: McCarthy cayó como fruto de una moción de censura presentada en la Cámara por un ala de su propio partido, resentida por el pacto establecido por su jefe con la Casa Blanca. Dicha moción fue apoyada por los legisladores demócratas, que vieron la oportunidad de vengarse de McCarthy por otros asuntos pendientes, como el proceso de impeachment que el Great Old Party abrió contra Biden en el Congreso, a modo de represalia por las múltiples causas judiciales que enfrenta Donald Trump. Así funcionan hoy las instituciones de la “principal democracia del mundo”.

Provisoriamente, la presidencia de la Cámara de Representantes quedó en manos del republicano Patrick McHenry y recién el 11 de octubre comenzará a discutirse un reemplazo en regla. Las perspectivas no son las mejores: la unción de McCarthy demoró 15 sesiones, hasta que por fin se alcanzó un acuerdo.

La ausencia de un timonel claro en el bando republicano complica a la oposición, envuelta en fuertes disputas intestinas, pero tampoco es gratuita para Biden, que necesita desempantanar aspectos presupuestarios claves, como la ayuda militar a Ucrania y el financiamiento de la represión a las migraciones en la frontera sur. Con respecto al primero de estos puntos, el vocero nacional de seguridad, John Kirby, dijo a sus pares europeos que hay dinero disponible para cubrir las necesidades del frente ucraniano “para un par de meses más o menos” (La Nación, 4/10). Es decir, el tiempo urge.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, había visitado personalmente Washington hace pocas semanas, tratando de conseguir un respaldo bipartidario a la continuidad del financiamiento de la guerra, pero un sector republicano expresó sus reticencias, en momentos que la deuda general norteamericana está ya por encima del 120% del PBI (El Economista, 31/5). El proyecto de ampliación presupuestaria transitoria votado el fin de semana por el Congreso no contempla, a raíz de estos reparos, el desembolso de 24 mil millones de dólares adicionales para Kiev, pedido por Biden. El presidente solo arrancó un compromiso de los republicanos de discutir la cuestión en forma separada.

Contra los trabajadores

Por fuera de las disensiones entre demócratas y republicanos acerca de las áreas en que debería ser ejecutado y sus dimensiones, hay una coincidencia en la necesidad de proceder a un ajuste que pague el pueblo trabajador. Tras un acuerdo entre Biden y el ahora caído en desgracia McCarthy, el Congreso aprobó en junio una elevación del techo de la deuda, pero que va acompañada de un congelamiento del gasto no militar hasta 2025. Entre los recortes instituidos figura un endurecimiento de los requisitos para acceder a los programas de asistencia alimentaria y el  fin del programa de alivio de las deudas estudiantiles.

Este ataque a las masas contrasta con el tratamiento de la industria militar. Los números asombran: cerca de la mitad del presupuesto estadounidense está destinado a ese ítem en 2023 (The Conversation, 19/6). El gasto militar yanqui constituye el 39% del gasto militar mundial, seguido por China con el 13%, y Rusia con el 3,9% (ídem).

Washington ya ha aprobado, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, unos 63 mil millones de dólares de ayuda para Kiev, la mayor parte para asistencia militar (DW, 29/8). La magnitud de estas cifras, que ni siquiera encuentra su correlato en un progreso en los frentes de batalla, desató las críticas de Trump y otros referentes del partido republicano, los que, en cualquier caso, aprueban el colosal financiamiento de la maquinaria de guerra yanqui que ya hemos mencionado antes.

Mientras se ajusta las condiciones de vida de las masas, el militarismo campea a sus anchas y los capitalistas se ven favorecidos por una baja presión impositiva. “[Los impuestos] han pasado de un tipo efectivo del 56% para la población más rica sesenta años atrás, al 23% después de las rebajas fiscales de 1,5 billones de Donald Trump, lo que supone que los más ricos paguen menos que la mitad de la población con menos ingresos”, indica el profesor Sergi Marquez, en el artículo ya citado (The Conversation, ídem).

Para los trabajadores, está planteada la defensa de sus condiciones de vida frente a la tentativa ajustadora de Biden y los republicanos, por medio de la organización, la movilización y la huelga, como ya lo vienen demostrando actores, guionistas, obreros automotrices y empleados de la salud.

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