Miles de personas se movilizaron a lo largo y ancho del Estado español este lunes, en repudio al crimen de Samuel Luiz, un enfermero de 24 años que fue asesinado el sábado pasado a golpes por una patota en un boliche de La Coruña. Las amigas de Samuel denuncian que los agresores profirieron insultos homofóbicos y que se trató de un crimen de odio. Por el momento, hay tres detenidos.

La comunidad LGTBI es víctima de una agresión sistemática en el país europeo. Cifras del Ministerio del Interior indican que estas pasaron -a nivel nacional- de 169 en 2016 a 278 en 2019 y se registraron mayormente en la vía pública y el ámbito doméstico. El prototipo del agresor es un varón español de entre 18 y 40 años (El País, 29/6). Días antes de la muerte de Samuel, una pareja fue agredida a porrazos también en La Coruña. Una investigación del ayuntamiento de Barcelona estima que solo los ataques por motivos raciales superan en esa ciudad a los practicados contra las disidencias sexuales.

Los crímenes y ataques de odio se encuentran apañados por las instituciones y el poder político. En la comunidad de Madrid, la presidenta recientemente electa Isabel Díaz Ayuso (del Partido Popular) se comprometió a revisar la ley de protección contra la LGTBIfobia, siguiendo el reclamo del ultraderechista Vox, que apoyó su investidura en el parlamento. El portavoz de esta formación franquista efectuó una conferencia de prensa para amenazar con llevar a los tribunales a todo aquel que denuncie la responsabilidad de su partido en el crimen de Samuel, debido a su instigación al odio contra la comunidad LGTBI. En dicha rueda con los medios, ni siquiera condenó el asesinato.

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Cabe agregar que en Madrid se desplegó un extraordinario operativo policial contra la movilización, que incluyó un cerco para impedir que ésta se dirigiera al Complejo de la Moncloa, es decir, al corazón del poder político (ídem, 5/7).

La centroizquierda española (PSOE-Podemos), que gobierna a nivel nacional, condenó el crimen y ataca a la derecha, pero ha sido incapaz de detener los delitos de odio y las agresiones raciales bajo su gestión.

En todo el continente europeo, la comunidad LGTBI se encuentra en una pulseada en defensa de sus derechos. En el caso de Europa Oriental, los gobiernos derechistas de Letonia, Polonia y Hungría vienen imponiendo severos ataques, lo mismo que Rusia.

Pero, como ya hemos visto con el caso del Estado español, las agresiones se extienden también a Europa Occidental. Un caso interesante se da en Italia: el Vaticano ha abierto un conflicto diplomático inédito a raíz de una ley que no dejaría exentas a las escuelas católicas de la obligación de realizar actividades en las jornadas nacionales contra la homofobia. Se ampara en un concordato suscripto entre ambos Estados, que se remonta a los tiempos de Benito Mussolini, que otorga “plena libertad a la Iglesia Católica para llevar a cabo su misión pastoral y educativa”. La norma debe ser tratada aún por el Senado. Matteo Salvini, exponente de la derecha, saludó el accionar de la Santa Sede. El Partido Democrático, la fuerza centroizquierdista en el poder, ya anunció su intención de negociar. A fin de cuentas, el Papa Francisco comanda un imperio económico.

Todo este entramado de oscurantismo, odio y poder político plantea la necesidad de una organización independiente de la comunidad LGTBI, en alianza con las mujeres, migrantes y la clase trabajadora, en una lucha común contra el Estado capitalista, garante de todas las formas de opresión y explotación.

“Nos quitaron la única luz que nos iluminaba nuestra vida”, dice la carta que depositó el padre de Samuel en el lugar del crimen.

Que la lucha sea la nueva luz.

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