La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se reunió esta semana en Caracas con la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, en un encuentro que pone de manifiesto el rumbo adoptado por las nuevas autoridades de la nación caribeña.

Tras la invasión del 3 de enero y la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, la Casa Blanca puso bajo su estricto control el petróleo venezolano, principal fuente de ingresos de la economía de la nación caribeña, que posee, además, las mayores reservas de crudo del mundo. Trump acordó con Rodríguez la compra de 50 millones de barriles a precios de mercado, pero los fondos van a parar a una cuenta supervisada por Washington y deberán emplearse para comprar bienes estadounidenses.

Trump, quien llegó a proclamarse en sus redes sociales como el “presidente interino” de Venezuela, auspicia un ambicioso plan de 100 mil millones de dólares de inversión por parte de petroleras designadas por la Casa Blanca para reconstruir la infraestructura energética y explotar las reservas venezolanas. A tal efecto, el 9 de enero se entrevistó con jerarcas de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Repsol, Eni, Halliburton, Shell y otras. Ante las inquietudes de los hombres de negocios, les prometió que operarían bajo amparo directo del gobierno norteamericano, por lo que se evitarían engorrosas negociaciones con las autoridades venezolanas. Aun así, en ese encuentro, el representante de ExxonMobil, Darren Woods, condicionó cualquier plan de inversión a reformas profundas, incluyendo de la ley de hidrocarburos, para blindar el negocio.

Pues bien: el jueves 29, la Asamblea Nacional venezolana, dirigida por Jorge Rodríguez (hermano de Delcy), aprobó por unanimidad una reforma de la ley de hidrocarburos que da la puntada final a un proceso de reprivatización petrolera que ya venía en marcha desde los tiempos de Maduro. La reforma en cuestión modifica el artículo 22, que establecía que la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento eran actividades reservadas al Estado y las compañías con una participación estatal mayor al 50%. A partir de ahora, se habilita a las privadas a ejercer dichas actividades, e incluso a comercializar el crudo. A su vez, en el caso de las empresas mixtas, los socios privados podrán asumir un rol operativo mayor.

Para mayor seguridad de las petroleras, se habilita la figura de un “arbitraje independiente” para la resolución de controversias, lo que sería una referencia velada a los tribunales internacionales, toda vez que la Carta Magna señala que los conflictos derivados de contratos de interés público deben dirimirse en tribunales nacionales. A partir de ahora, además, deja de ser requisito obligado que la Asamblea Nacional apruebe los contratos; solo bastará con que el Ejecutivo informe al parlamento. Y, para hacer más atractivas las inversiones, se posibilita la rebaja del porcentaje de pago de regalías y se eliminan los aportes especiales en caso de precios extraordinarios del crudo.

Por medio de licencias especiales, compañías como Chevron y Repsol gozaban ya de algunas de estas prerrogativas, pero ahora se generalizan. Se trata, en pocas palabras, de una reforma entreguista a medida de las grandes petroleras y de la Casa Blanca, que cierra la etapa de nacionalizaciones parciales del chavismo.

En estas condiciones, los discursos de Delcy Rodríguez en defensa de la soberanía venezolana no son más que palabras. El poder real en Venezuela reside hoy en Trump. Como parte de los compromisos asumidos por la nueva gestión, se está tramitando una ley de amnistía que aún debe pasar por la Asamblea Nacional.

La Casa Blanca apuesta sus fichas por los hermanos Rodríguez porque, como señala abiertamente, considera que la oposición proimperialista, capitaneada por María Corina Machado, aún no reúne las condiciones políticas para hacerse cargo del poder. De este modo, la realización de nuevas elecciones aparece condicionada a un proceso transicional de duración indefinida que tiene como primeros eslabones la estabilización política y económica de Venezuela.

El comportamiento del gobierno venezolano es ilustrativo de los límites del nacionalismo burgués frente a la ofensiva trumpista, ya que se ha ido adaptando a las presiones y amenazas del magnate. Esto mismo es lo que le permite ahora a Trump poner la mira en Cuba, cortando los envíos de petróleo desde Venezuela y desde México.

La ofensiva imperialista en América Latina tiene que ser enfrentada con la movilización de los trabajadores y los pueblos, y con la huelga general. Es el camino que, dentro de los propios Estados Unidos, emprendió el pueblo de Minnesota, en pie contra el ICE, la patrulla xenófoba y fascista de Trump.

Fuera yanquis de Venezuela y de toda América Latina.

Movilizaciones en el "apagón nacional" contra el ICE y la represión xenófoba de Trump

Huelgas y marchas en ciudades de Estados Unidos contra la persecución, las deportaciones y los asesinatos de las tropas republicanas. -

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