El régimen militar informó este lunes que ejecutó a cuatro opositores políticos que habían sido condenados a muerte hace algunos meses. Quienes pasaron por la horca son Phyo Zeya Thaw, un exlegislador de la Liga Nacional por la Democracia, el escritor Kyaw Min Yu (quien participó del levantamiento de 1988 contra la junta), Hla Myo y Aung Thura Zaw, estos dos últimos acusados del asesinato de una presunta colaboradora de la dictadura.

Desde el golpe de febrero de 2021, más de 100 opositores han sido condenados a la pena capital y podrían correr el mismo destino que los nombres ya señalados. A su vez, la Asociación de Asistencia a Presos Políticos estima que hay más de 11 mil personas detenidas por razones políticas, y que más de 2.100 fueron asesinadas en el curso de las manifestaciones antigolpistas.

Los militares, que rigieron el país del sudeste asiático durante décadas, derrocaron en febrero de 2021 al gobierno de Aung San Suu Kyi (actualmente detenida, miembro de la Liga Nacional por la Democracia), que había llegado al poder en 2016 el marco de una transición política democrática fuertemente tutelada por las fuerzas armadas. El llamado Tatmadaw, que es también un emporio económico, y el gobierno de Suu Kyi, coexistieron durante varios años, pero los lazos se rompieron tras las elecciones de 2021, cuando el partido político ligado a los militares (Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo) pretextó un supuesto fraude que actuó como coartada para el golpe.

Lucha armada

La asunción de la junta desató un extraordinario proceso de movilizaciones y huelgas, tanto en el sector público como privado. Pero ante las repetidas masacres por parte de las fuerzas de seguridad, las manifestaciones mermaron y dieron paso al surgimiento de grupos armados, que se sumaron a los que hace tiempo combaten en diferentes regiones del país por su autonomía. Myanmar es un país de mayoría budista, pero donde hay decenas de grupos étnicos.

El ejército aplica una política de tierra arrasada en su combate contra la resistencia. Un escalofriante informe de la BBC (25/7), basado en el testimonio anónimo de militares desertores, registra una campaña de asesinatos, violaciones e incendios de casas en numerosas aldeas, donde se asientan grupos rebeldes.

La Liga Nacional por la Democracia impulsó, pocos meses después del derrocamiento de Suu Kyi, un gobierno paralelo, el llamado Gobierno de Unidad Nacional, y en el mes de mayo, las Fuerzas de Defensa Popular, una formación armada que contaría en la actualidad con alrededor de 10 mil hombres.

El Gobierno de Unidad Nacional integra, además de a la LND, a referentes de algunos grupos étnicos que luchan por su autonomía. Para soldar esa unión, la LND debió comprometerse a un gobierno federal.

Otros grupos, sin embargo, desconfían de la LND por su complicidad con los militares en la represión durante su paso por el poder, y luchan entonces contra la junta en forma independiente. Es el caso del Ejército de Arakan, del Estado de Rakhine (Arakan Army Rakhine State, en inglés), que no olvida el apoyo de la expremio nobel de la paz a la represión contra los rohingya, en 2017. El Ejército Revolucionario del Pueblo contra la Dictadura (The Anti-Dictatorship People’s Revolutionary Army), el Ejército de Liberación del Pueblo Bamar (Bamar People’s Liberation Army), y los Lobos Negros (Black Wolf Defense Force) son otros grupos que mantienen su autonomía (Frontier Myanmar, 13/7).

Las organizaciones armadas que luchan contra la dictadura parecen haber progresado, desde el inicio de los combates, en su control territorial y en cantidad de miembros, aunque sufren la falta de financiamiento y equipamiento adecuado (ídem, 4/7).

La junta militar logró, desde su acceso al poder, cerrar algunos acuerdos de cese al fuego con grupos regionales, como el Arakan Army, pero estos se fueron rompiendo. Es que el Tatmadaw es el verdugo histórico de estas poblaciones, contra las que ha aplicado una política genocida.

En la actualidad, el régimen que comanda el general Min Aung Hlaing estaría estudiando la realización de una elección para 2023, con el propósito de legitimarse a nivel internacional. A tal efecto, busca tentar a grupos étnicos para que sumen sus partidos al proceso.

Codicia

Myanmar es un país codiciado por sus grandes recursos naturales, como oro, cobre y rubíes. También es clave el tráfico de heroína, estando en ese negocio solo por detrás de Afganistán.

China e India rivalizan por la influencia sobre el país. Beijing lleva la delantera, con grandes proyectos de infraestructura que son parte de su ruta de la seda. Pero Nueva Delhi impulsaba el año pasado el proyecto de tránsito multimodal de Kaladan, que incluye una ruta marítima entre Calcuta y el puerto de Sittwe, en el estado de Rakhine (Irrawaddy, 23/2/21).

China no condenó el golpe militar de febrero y respalda a la junta, pero también tiene vínculos con algunos de los grupos armados que operan cerca de su territorio, e incluso tuvo una buena relación con el gobierno de la LND. En pocas palabras, hace el abrazo del oso sobre una región que considera propia.

Para atenuar la dependencia de China, según algunos analistas, la junta habría empezado a cortejar a Rusia, a quien empezó a comprar armamento (The Diplomat, 27/4). Myanmar defendió la intervención del Kremlin en Ucrania.

En cuanto a las potencias occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea han establecido sanciones contra algunas compañías y contra algunas decenas de militares, pero no se han metido a fondo en el conflicto. El Frontier Myanmar (21/7), que simpatiza con el levantamiento, editorializa con cierta amargura que “la mayor parte del mundo ha subcontratado su respuesta al golpe en la Asean”, en referencia a la comunidad de Estados del Sudeste Asiático, donde por otra parte no hay una postura unificada con respecto al régimen.

Las atrocidades de la junta militar contra el pueblo de Myanmar merecen el más amplio repudio internacional. Que viva el levantamiento popular.