El régimen militar que asumió el poder el 1 de febrero pasado continúa su baño de sangre contra la población movilizada. Ya son más de 250 los muertos y 2300 los arrestados, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos. El domingo 14, en uno de los días más mortíferos, hubo 70 asesinatos. Las fuerzas de seguridad disparan con armas de fuego, e incluso tiran a las ambulancias y secuestran heridos.

Pese a ello, la resistencia continúa en las calles y en los lugares de trabajo. Decenas de miles de trabajadores se adhirieron al Movimiento de Desobediencia Civil. A la vanguardia se encuentran los trabajadores de la salud (un tercio de los hospitales no están funcionando, según el gobierno). También participan los docentes. Y según algunos artículos, el impacto se extiende a los puertos y aeropuertos (que apenas estarían funcionando) y a la industria de la confección (Sin Permiso, 20/3).

Una batalla particular se da en los bancos. Dos mil sucursales permanecen cerradas, lo que ha llevado a que los retiros y transferencias no puedan realizarse. La junta militar amenazó con nacionalizarlos si no vuelven a la actividad. Las patronales (como KBZ y Aya Bank) han lanzado una campaña de presión sobre los trabajadores para que depongan la huelga, amenazando con dejar de pagarles el sueldo e incluso con despidos (Frontier Myanmar, 23/3).

En cuanto a las manifestaciones, están encabezadas por una nueva generación de luchadores, de entre 20 y 30 años.

Los militares derrocaron en febrero a Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional por la Democracia (LND), bajo la falsa acusación de un fraude electoral en las elecciones de noviembre pasado. De este modo, pusieron fin a una apertura controlada que había comenzado una década atrás, y que le había permitido a la LND acceder al poder en 2015, si bien con las fuerzas armadas conservando resortes claves del poder político.

Una cuestión importante ahora será la postura que asuman los grupos armados que luchan por la autodeterminación de sus regiones y que responden a las distintas minorías étnicas del país. Durante décadas, los militares llevaron a cabo una guerra y una política de exterminio contra estos sectores. La depuesta Aung San Suu Kyi acompañó dicha postura durante su mandato. Ahora, sin embargo, el Comité Representante del Pydaungsu Hluttaw (CRPH), que nuclea a exdiputados de la LND y se postula como el gobierno legítimo del país, les está proponiendo a los insurgentes una convergencia contra el golpe militar.

El gobierno castrense busca apoyos para sostenerse en el poder. A los pocos días del golpe, realizó una reunión con empresarios en que les prometió un paquete de ayuda frente a la recesión que terminó de configurar el Covid-19. Los militares mismos son una potencia económica del país. A la par, cultiva el respaldo de China, un país con grandes intereses en la zona (impulsa un corredor económico que le permitirá un acceso más cómodo al Océano Indico). El gigante asiático bloqueó una resolución de condena al golpe militar en el Consejo de Seguridad de la ONU, no obstante lo cual mantiene lazos con el gobierno anterior y los insurgentes. El rechazo a Beijing por su complicidad con el golpe ha llevado a manifestantes a incendiar fábricas de origen chino.

Estados Unidos y la Unión Europea resolvieron algunas sanciones contra el régimen militar, pero el imperialismo no tiene una oposición de principios a la junta, solo busca presionarla para que se aparte de China.

En el proceso de lucha contra el golpe militar existe un sector que es partidario de Aung San Suu Kyi, pero también otros que tienen posturas críticas respecto a lo que fue su gobierno. El odio contra la dictadura, en tanto, se acentúa por una situación de pobreza y de miseria que creció con la pandemia.

El Sudeste Asiático se ha visto convulsionado estos últimos dos años por grandes procesos de lucha, como la huelga en curso de casi cuatro meses de los agricultores en la India y un paro general que involucró 250 millones de trabajadores; las movilizaciones masivas de la juventud tailandesa contra la monarquía; y el paro general del año pasado de 72 horas en Indonesia contra una reforma laboral precarizadora.

En este proceso se inscribe la rebelión en Myanmar. Impulsemos su victoria, abajo el golpe militar.

https://prensaobrera.com/internacionales/myanmar-la-represion-de-la-dictadura-ya-dejo-mas-de-50-muertos/