Internacionales
23/4/2025
La persecución del imperialismo y de Israel a los movimientos de solidaridad con Palestina
Un ataque brutal a los derechos democráticos y la libertad de expresión.
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En Estados Unidos, Reino Unido y Argentina hay varios casos de persecución
La agresión genocida del Estado de Israel contra la Franja de Gaza se encuentra acompañada de un vasto operativo de persecución política contra quienes se solidarizan con el pueblo palestino. Aunque esta campaña se extiende por todo el mundo, el caso más resonante es el de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump impulsa la detención y deportación de estudiantes universitarios que participaron de protestas propalestinas, bajo la falsa acusación de antisemitismo.
El 8 de marzo, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, según sus iniciales en inglés) arrestaron a Mahmoud Kahlil, alumno de la Universidad de Columbia (Nueva York), uno de los principales referentes de los acampes propalestinos de 2024 en los campus universitarios norteamericanos. Actualmente, se encuentra detenido en Luisiana, y, según su esposa, que acaba de dar a luz, no se le permitió asistir al nacimiento de su hijo. El gobierno estadounidense busca deportar a Kahlil, que es nativo de un campo de refugiados palestino en Siria. Un juez de migraciones de Luisiana planteó que podría ser expulsado, pretextando un riesgo para la seguridad nacional.
A mediados de abril, fue detenido también Mohsen Mahdawi, otro de los fundadores de la Unión de Estudiantes Palestinos, y que es, igualmente, alumno de la Universidad de Columbia. Mahdawi contaba con residencia permanente desde 2015. Aun así, fue citado a una oficina migratoria donde agentes de civil enmascarados se lo llevaron esposado. La misma modalidad de captura se aplicó contra la estudiante turca Rumeysa Ozturk, de la Universidad de Tufts (Massachusetts), quien fue virtualmente secuestrada por oficiales encapuchados que se la llevaron en un vehículo sin identificación.
Un estudiante de doctorado de la Universidad de Cornell (Nueva York), Momodou Taal, quien enfrentaba también la amenaza de deportación y optó por abandonar Estados Unidos, alertó en sus redes sociales: “La represión de las manifestaciones de solidaridad con Palestina se está empleando ahora para lanzar un ataque generalizado contra toda forma de expresión que cuestione las dinámicas opresivas y explotadoras presentes en Estados Unidos”.
El ataque trumpista y sionista es, en efecto, la punta de lanza de una ofensiva más general contra la libertad de expresión y los derechos democráticos. Son centenares los visados estudiantiles arbitrariamente cancelados por el gobierno, y muchas crónicas periodísticas señalan que se vive un verdadero clima de terror en los campus universitarios, lo que empuja a los estudiantes extranjeros a la autocensura, incluso al interior de los claustros académicos.
Vale señalar aquí otro gravísimo caso, el de Rasha Alawieh, una doctora libanesa de 34 años que recibió su visa el 11 de marzo, pero fue retenida durante 36 horas al llegar al aeropuerto de Boston, para ser luego deportada sin mayores explicaciones, a pesar de que un juez había ordenado que no se procediera a la expulsión sin que mediara una audiencia previa. Con posterioridad, las autoridades federales intentaron justificar el operativo señalando que la doctora había asistido en su país natal al funeral del líder de Hezbollah, Hasssan Nasralah, quien fue velado en un campo de fútbol de Beirut con capacidad para 55 mil personas en febrero de 2025.
Europa
Del otro lado del Atlántico, 18 miembros de Palestine Action de Reino Unido permanecen detenidos tras una serie de redadas desarrolladas en 2024. Reino Unido es uno de los países del mundo occidental donde han sido más numerosas las manifestaciones contra el genocidio en Gaza. En 2023, funcionarios del entonces primer ministro Rishi Sunak amenazaron, inclusive, con penalizar el uso de las banderas palestinas en movilizaciones.
En el caso de Francia, el gobierno de Emmanuel Macron ilegalizó en febrero de este año (en 2022 había comenzado el proceso) al grupo Palestine Vaincra, con sede en Toulouse. En octubre de 2023, se prohibieron las manifestaciones propalestinas, lo que fue desafiado por protestas multitudinarias. Bajo la pérfida figura de “apología del terrorismo”, varios referentes políticos fueron citados a declarar en 2024 por comentarios públicos acerca de Palestina, entre ellos Mathilde Panot (presidenta del grupo de La Francia Insumisa –LFI- en la Asamblea Nacional), Rima Hassan (eurodiputada de LFI, de origen palestino) y Anasse Kazib (ferroviario y portavoz de la organización Revolución Permanente). Kazib y otro compañero de su organización enfrentarán el 18 de junio un juicio por sus dichos.
En Alemania, cuatro activistas propalestinos de origen irlandés, polaco y estadounidense, respectivamente, se enfrentan a la amenaza de una inminente deportación tras el vencimiento, el día 21, de una orden del gobierno de Berlín para que abandonaran el país. Se los persigue por manifestaciones desarrolladas en 2024. En Austria, en tanto, Michael Pröbsting, secretario internacional de la RCIT (Revolutionary Communist International Tendency), fue condenado por la justicia a seis meses de prisión condicional por “incitación a cometer delitos terroristas”, a raíz de un párrafo de una declaración política de esa organización, de octubre de 2023, que cuestiona al Estado sionista.
América Latina
En América Latina también se registran varios casos de persecución. En Argentina, la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero-Frente de Izquierda) fue procesada este mes por el juez Daniel Rafecas debido a tuits en que denuncia el genocidio en Gaza y el accionar criminal del Estado de Israel, en una causa promovida desde la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas). La medida judicial ha desatado una cascada de pronunciamientos de repudio.
Por su parte, Alejandro Bodart (dirigente del MST) fue condenado a seis meses de prisión en suspenso –también por una serie de tuits- por la sala III de la Cámara de Casación de la ciudad de Buenos Aires, tras dos veredictos previos favorables. El 8 de mayo se desarrollará una audiencia por este caso.
Uno de los casos más insólitos y burdos es el de la docente Ana Contreras, de la provincia de La Pampa, quien fue condenada este año a pagar una fuerte multa por referirse a la cuestión palestina en una clase de la materia “Construcción de ciudadanía”, lo que hizo en función de la petición de sus alumnos. Contreras fue acusada de un presunto “daño psicológico” a una alumna de origen judío. Una gran cantidad de sindicatos docentes emitió un pronunciamiento que alerta sobre este intento de condicionar y judicializar la labor de los trabajadores de la educación.
También es significativo el caso de Cristian Díaz, obrero metalúrgico de Florencio Varela (en el Gran Buenos Aires), quien estuvo detenido nueve meses en un penal de máxima seguridad por un posteo en sus redes sociales con críticas a Israel. Poco tiempo después de salir de prisión, Díaz se suicidó.
En Costa Rica, Tatiana Gamboa, referente del Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, sufrió la apertura de tres causas judiciales diferentes originadas en su militancia. En una de ellas resultó absuelta, en otra fue condenada en segunda instancia, y en una tercera aún debe expedirse un tribunal de casación.
En resumen, asistimos a un intento deliberado de encubrimiento del genocidio en Gaza a través del amedrentamiento de quienes osan denunciarlo. La cobertura ideológica de este ataque es la falsa acusación de antisemitismo, que parte del supuesto igualmente falso de equiparar el judaísmo con el sionismo, que es la corriente política que domina la vida política en Israel.
Esta ofensiva contribuye a socavar peligrosamente la libertad de expresión y los derechos democráticos, como se desprende de los casos que hemos analizado. Por eso, debe ser motivo de un enérgico rechazo global. El sábado 26, el Foro Internacional Antirrepresivo convocado por numerosas organizaciones abordará esta cuestión.
