Luego de dos instancias previas con fallos favorables a la libertad de expresión y en contra de la criminalización de quienes denuncian al sionismo, la Justicia de la Ciudad condenó al dirigente del MST Alejandro Bodart a seis meses de prisión en suspenso y lo hizo cargo de las costas del juicio.

El fallo de la Sala III de la Cámara de Casación tiene las firmas de Ignacio Mahiques y Jorge Atilio Franza, y el voto contrario de la jueza Patricia Ana Larroca. Antes de la feria judicial la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) obtuvo un triunfo que le permitió cerrar el año celebrando un nuevo episodio de amedrentamiento judicial y censura. Los jueces siguen el libreto clásico del Estado de Israel, igualando las posiciones antisionistas al "nuevo antisemitismo", usando la definición desarrollada por una de las organizaciones más importantes del lobby sionista, la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, siglas en inglés).

Como explicamos en artículos anteriores, la definición de antisemitismo de la IHRA no es jurídicamente vinculante según su propio preámbulo. Aún así, gracias a la misma diversas organizaciones sionistas en todo el mundo censuran y judicializan a todo aquel que pronuncie posiciones antisionistas. En Argentina la encargada de realizar esta tarea indigna es la Daia, que presiona y establece vínculos con distintas instancias del Poder Judicial para realizar "capacitaciones" sobre el tema. O sea que una parte interesada se ocupa de la formación de los jueces y funcionarios "imparciales" que luego deberán decidir sobre los litigios de esta misma organización en esos temas.

No se trata de una cuestión ideológica abstracta. Estamos en una etapa de recrudecimiento del genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Ya casi no quedan organismos internacionales donde no hayan sido denunciados los crímenes de guerra de Israel, incluyendo la Corte Penal Internacional, además de organizaciones como Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, y tantas otras. Pero hay un interés muy fuerte en silenciar las voces que lo denuncian.

Por eso también está en marcha una causa judicial contra la diputada nacional del PO - FITU Vanina Biasi, iniciada por el fiscal Stornelli a pedido de la Daia, que luego se sumó como querellante en tándem con la periodista sionista Romina Manguel. En la misma línea hubo un intento fracasado de criminalizar a Norman Briski por su intervención en los premios Martín Fierro. El actor fue respaldado por una gran campaña de solidaridad y una audiencia pública muy representativa en el Congreso Nacional.

Los argumentos en disidencia de la jueza Larocca van en la misma línea que la absolución otorgada en la instancia anterior por Natalia Molina en 2024 y en el sobreseimiento previo del juez Pablo Casas en 2023, y serán una base importante para la apelación que prepara la defensa de Bodart, integrada por Ismael Jalil y María del Carmen Verdú. Declararon que "vamos a seguir movilizando para reclamar la absolución de nuestro compañero Bodart y defendiendo el derecho a la libre expresión política. Lo mismo hicimos ante las acusaciones de la Daia contra Norman Briski y Vanina Biasi" (Periodismo de Izquierda, 3/1).

La batalla legal va a continuar, porque la Daia pone todos sus recursos al servicio de su misión reaccionaria, no acepta ningún fallo desfavorable y apuesta al desgaste de las organizaciones y los luchadores en el propio trámite judicial permanente. Pero del otro lado hay militantes y activistas respaldados por la movilización popular de quienes no callamos y defendemos al pueblo palestino, con su resistencia a ser colonizado y aniquilado.

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