En el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se desarrolló en la capital mexicana una masiva movilización desde el Angel de la Independencia hasta el Zócalo. Según el diario La Jornada, fue una de las manifestaciones más numerosas desde 2014, recordando a aquellas primeras que jaquearon al gobierno de Enrique Peña Nieto e instalaron el lema de que “fue el Estado” el responsable de los hechos.

La convocatoria estuvo precedida por la difusión de un nuevo informe de la Comisión de la Verdad creada por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador para investigar lo ocurrido. Dicho informe establece una serie de hipótesis sobre el destino de los normalistas, quienes habían arribado a la ciudad de Iguala, en el estado sureño de Guerrero, como parte de un viaje de recolección de fondos, y fueron emboscados y desaparecidos en un operativo que involucró al poder político local, un cartel del narcotráfico, la policía y las fuerzas armadas.

El nuevo documento no fue bien recibido por los familiares de las víctimas. “Es una narrativa que no se sustenta en prueba alguna, que incorpora elementos y datos de la mal llamada ‘verdad histórica’, de una investigación que ha sido cuestionada y que fue hecha pedazos por distintos organismos internacionales”, señaló el abogado Vidulfo Rosales.

La “verdad histórica” es una versión falsa que fabricó el gobierno de Peña Nieto para tratar de poner un punto final al caso. Planteaba que los alumnos habían sido secuestrados y asesinados por miembros del cartel narco Guerreros Unidos, en complicidad con la policía de Iguala, y sus restos incinerados en un basurero de la localidad de Cocula, tras confundirlos con miembros de una banda rival. Aquella versión se edificó sobre la base de torturas a detenidos. Al día de hoy, Tomás Zerón, uno de los funcionarios involucrados, se encuentra prófugo en Israel, protegido por el gobierno sionista, que niega su extradición.

Los familiares han reclamado insistentemente al gobierno la desclasificación de documentos del Ejército que permitirían echar luz sobre el rol de esta fuerza en el espionaje y la desaparición de los 43. Se lo plantearon personalmente a López Obrador en una reunión de la semana pasada, pero el mandatario y la Secretaría de Defensa aseguran que toda la información disponible ha sido entregada.

La llegada de López Obrador había despertado expectativas entre algunos familiares sobre un posible avance en el esclarecimiento de los hechos, pero al cabo de casi cinco años, han transitado una experiencia. “Pensábamos que iba a ser diferente, que teníamos una luz de esperanza y desgraciadamente no fue así”, sostuvo Hilda Hernández, mamá de uno de los 43 (La Jornada, 27/9).

En agosto de 2022, un primer informe de la Comisión de la Verdad determinó que los sucesos de Iguala fueron un “crimen de Estado”, como históricamente han denunciado los familiares y las organizaciones de derechos humanos, y se avanzó en la detención de algunos militares y policías, además del ex procurador general de la República, el poderoso Jesús Murillo Karam, uno de los artífices de la “verdad histórica”.

Pero la investigación no ha dilucidado el destino de los alumnos del liceo rural ni ha aclarado la cadena de responsabilidades materiales y políticas de los hechos. Para Rosales, “se encuentra estancada por la responsabilidad de este gobierno, porque lejos de ponerse del lado de las víctimas, se ha colocado del lado de las instituciones, particularmente del Ejército Mexicano” (ídem).

Las fuerzas armadas, cabe mencionar, son una pieza clave del gobierno actual, ya que se encuentran desplegadas en tareas de seguridad interior y cumplen un papel en el control de las oleadas migratorias que buscan llegar a los Estados Unidos.

Además del cuestionamiento de los familiares, el gobierno mexicano ha tenido que salir a dar explicaciones también por la participación de Omar García Harfuch, jefe de la policía de Guerrero cuando se produjeron las desapariciones, en una de las reuniones con Murillo Karam en que se fabricó la “verdad histórica”. García Harfuch fue hasta hace pocas semanas el secretario de seguridad de la alcaldesa Claudia Scheinbaum, candidata presidencial del Morena para 2024, y aspira a ser sucesor de la misma como intendente de la capital azteca.

A nueve años, decimos: estudiantes de Ayotzinapa, presentes. Apertura de los archivos de las fuerzas armadas. Juicio y condena de todos los responsables políticos y materiales. Fue el Estado.

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