Desde hace ya varias noches, la juventud tunecina se viene movilizando contra el desempleo y la pobreza en la capital y otras varias ciudades del país, en coincidencia con el décimo aniversario del levantamiento que echó del gobierno al dictador Zine el Abidine Ben Ali y dio comienzo a la primera Primavera Árabe. Ben Ali huyó hacia Arabia Saudita un 14 de enero de 2011 y murió años más tarde en ese país.

Las grandes reivindicaciones que motorizaron la rebelión de aquel entonces siguen pendientes. El desempleo juvenil asciende al 35% y la pobreza no cede. A esto se suma el impacto de la pandemia (más de 5 mil muertos y 180 mil infectados, en un país de 11,5 millones de habitantes) y el consecuente agravamiento de la crisis económica, con un derrumbe del turismo, que es una actividad clave. El PBI cayó 9% en 2020. Por otra parte, hay un creciente rechazo popular al régimen político, plagado de corrupción.

El gobierno respondió a las manifestaciones por medio de la represión. Hay más de 600 detenidos y salió el Ejército a las calles. Voceros tanto del gobierno como de la oposición patronal tratan de descalificar a los manifestantes como vándalos o criminales, debido a los choques con las fuerzas de seguridad y algunos saqueos, pero los testimonios que recogen los medios internacionales dan cuenta de una simpatía popular por las protestas.

Actualmente, Túnez tiene como presidente a Kais Said, una figura de carácter conservador (defiende la penalización de la homosexualidad), que ganó las elecciones de 2019 explotando su perfil como independiente. El primer ministro, desde septiembre, es Hichem Mechichi, que tampoco tiene partido y encabeza un gobierno lleno de tecnócratas. Varios medios hablan de crecientes tensiones entre estas dos figuras. El primer ministro anunció la reformulación de casi todo su gabinete, removiendo -según algunos medios- a algunos de los ministros más afines al presidente.

Mechichi relevó en el cargo a Elyes Fakhfakh, quien cayó por corrupción a los cinco meses de asumir el puesto, dado que poseía acciones en una empresa que hizo contratos con el gobierno. La administración de Mechichi tiene el soporte legislativo de los islamistas de Ennahda y de Qalb Tunis, una fuerza liderada por un magnate de los medios de comunicación que ahora está preso por lavado de dinero. En la oposición se encuentra el Partido Desturiano Libre, una fuerza de los herederos de Ben Ali, que son los que han salido a atacar con más virulencia las nuevas movilizaciones.

El panorama es de una fuerte inestabilidad política, con todo tipo de gobiernos desde la caída de Ben Ali a esta parte. En este contexto, la burocracia de la Unión General de los Trabajadores de Túnez (UGTT) ha hecho un llamamiento a un nuevo “diálogo nacional”, del que ya se conoció una experiencia en 2013. El presidente tunecino ha expresado su simpatía por la propuesta. Es una tentativa reaccionaria, que busca mantener en pie un régimen político desacreditado ante las masas.

Túnez suele ser presentado como un modelo de tránsito exitoso hacia la democracia, pero la descomposición de su régimen político lo desmiente.

Las movilizaciones de la juventud explotada deben ser apoyadas. Túnez necesita una nueva primavera.