Este domingo se cumplieron seis meses del golpe de Estado en Myanmar que derrocó a Aung San Suu Kyi, referente de la Liga Nacional por la Democracia que había sido reelecta en noviembre pasado. Las fuerzas militares han respondido con una represión despiadada a las manifestaciones antigolpistas, dejando más de 900 muertos.

El líder de la junta, Min Aung Hlaing, anunció por estos días su disposición de permanecer en el poder al menos hasta 2023. Mientras tanto, el país se encuentra devastado por el Covid-19 y la crisis económica.

En las últimas semanas, las infecciones y muertes se dispararon en el Sudeste Asiático y Myanmar no ha sido la excepción. La ex Birmania tenía 3.300 decesos a comienzos de julio y terminó el mes con más de 8.500. El oxígeno escasea. A su vez, muchos hospitales están cerrados o no cuentan con suficiente personal. El régimen detuvo más de 400 médicos y 180 enfermeros desde su llegada al poder, dado que éstos son una pieza clave del Movimiento de Desobediencia Civil. Miles han sido despedidos por entrar en huelga y muchos trabajadores ejercen su profesión de manera remota y clandestina.

“Escenas de personas haciendo cola para recibir bombonas de oxígeno y vídeos de cadáveres en las calles acrecientan la ira hacia la junta”, señala el diario madrileño El País (28/7).

El colapso sanitario se da en simultáneo con un derrumbe económico. Se estima que la economía se contraerá un 10% este año. China ha cerrado sus fronteras para protegerse del virus, lo que está teniendo un efecto devastador en las exportaciones nacionales. Los precios de los alimentos y de los combustibles se disparan y crece el hambre.

El régimen militar se sostiene con el apoyo de China y Rusia. El imperialismo impuso algunas sanciones a las compañías de los jerarcas del régimen (el Ejército es una potencia económica), como una presión para que se alejen de dichos países.

La resistencia contra el golpe abarca sobre todo a la juventud y sectores del movimiento obrero como el personal de salud, la docencia y los bancarios. Las manifestaciones masivas han cedido, en buena medida por la sanguinaria respuesta de los militares. Aun así, todavía se desarrollan concentraciones más pequeñas y pelea de guerrillas en las ciudades; y sectores juveniles apelan a acciones relámpago en las que trotan por las calles, cantando consignas contra el gobierno.

Mientras tanto, fuerzas insurgentes que responden a algunas de las cien etnias que pueblan el país han chocado con el gobierno, que bombardeó sus posiciones. Como fruto de estos ataques, hay 200 mil desplazados adicionales desde febrero. Se suman a los cientos de miles de desplazados de Rakhine (muchos en la vecina Bangladesh), la región en que vive el perseguido pueblo rohingya, minoría de origen musulmán, en un país mayoritariamente budista. Esta persecución, vale aclarar, ya la llevaban a cabo en forma mancomunada la LND de Aung San Suu Kyi y los militares antes del golpe.

Abajo el golpe criminal. Viva la lucha de los trabajadores y la juventud.

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