Un poderoso terremoto, con epicentro en el noroeste de Myanmar pero que se ha extendido hacia la vecina Tailandia, provocó un sacudón en Asia. El Servicio Geológico de Estados Unidos, que mide la actividad sísmica en todo el mundo, declaró la alerta naranja -la segunda más grave. Hasta el momento hay casi 200 muertos y más de 700 desaparecidos, según distintos reportes.

En la ex Birmania el impacto ha sido brutal. En Naipyidó, la capital, edificios quedaron destrozados y varias carreteras resultaron dañadas o bloqueadas, lo que produjo la interrupción del transporte. El Hospital General de Mandalay colapsó y no admite más pacientes. A la vez, se vino abajo una parte de las redes de telecomunicaciones.

De acuerdo a fuentes oficiales, el terremoto dejó 96 muertos en Naipyidó, 18 en la región central de Sagaing y 30 en Kyaukse (Swiss Info, 28/3). Y habría otros 39 muertos en el estado de Shan, que limita con China. El terremoto incluso tuvo eco en la provincia china de Yunnan.

Los trabajadores del equipo de rescate de Mandalay denunciaron, en diálogo con EFE, que carecen de las herramientas necesarias para buscar personas entre los escombros. La precariedad se puso de manifiesto en el preciso instante en que vecinos tuvieron que colaborar con esas tareas.

En Myanmar reinan los problemas de infraestructura; se combinan una deficiente planificación urbanística con el avance de la especulación inmobiliaria, en un país que está en el límite entre dos placas tectónicas y es de los que mayor actividad sísmica tiene.

La clique militar que gobierna Myanmar decretó el estado de emergencia en seis regiones y pidió ayuda internacional. Se trata de una dictadura golpista y antiobrera que ejerce el poder con puño de hierro desde 2021.

Myanmar está inmersa en una crisis económica y social. Casi el 50% de la población es pobre; los alicaídos ingresos de los trabajadores se han visto golpeados por la devaluación del kyat birmano.

Según las Naciones Unidas, “el hambre está alcanzando niveles catastróficos”. Asimismo, más de la mitad del país carece de acceso a la electricidad y hay hospitales fuera de servicio debido al conflicto armado imperante.

La guerra civil que enfrenta al oficialismo castrense y a organizaciones armadas vinculadas a distintos grupos étnicos supone un escollo para la llegada de ayuda humanitaria y las tareas de rescate.

Con todo, se espera que la situación se agrave. En este contexto, la Cruz Roja “ha desplegado un equipo de respuesta en Myanmar, mientras que la Organización Mundial de la Salud está estudiando la posibilidad de enviar suministros para traumatismos desde sus centros logísticos” (El País, 28/3).

En Tailandia el impacto del terremoto fue menor, aunque revistió características pavorosas. Hospitales de 17 provincias sufrieron daños gravísimos. Decenas de trabajadores quedaron atrapados en escombros tras el derrumbe de un rascacielos en Bangkok (la capital) en el que se encontraban trabajando. Hay 3 muertes confirmadas.

En Bangkok, una de las ciudades más afectadas, impera la especulación inmobiliaria; la puesta en pie de grandes condominios y estructuras comerciales sin tener en cuenta las características del terreno es la norma (Asia News, 28/8/2024). Según expertos, en siete u ocho años la ciudad podría quedar bajo el agua.

La primera ministra Paetongtarn Shinawatra anunció que “la situación empezó a calmarse”. Tailandia tiene un régimen monárquico muy represivo, y Shinawatra, que viene de zafar de una moción de censura impulsada por la oposición, pertenece al partido nacionalista Puea Thai.

Es un país atrasado con una parte considerable de su clase obrera sumida en la precarización laboral (agricultura de subsistencia, cuentapropismo). Hay industrias, como la pesquera, la avícola y la textil, en las que prima el trabajo a destajo bajo condiciones infrahumanas.

Toda la solidaridad con los pueblos de Myanmar y Tailandia.

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