El 21 de octubre se llevó a cabo en Colombia una nueva jornada nacional de caravanas y movilizaciones contra el asesinato de referentes sociales, los decretos antiobreros del gobierno de Iván Duque y por medidas de emergencia frente al Covid-19 (entre ellas, un subsidio equivalente al salario mínimo para los afectados por la crisis). Fue convocada por el Comité Nacional de Paro, que nuclea a las centrales obreras (CUT, CGT, CTC), organizaciones sociales y estudiantiles.

En coincidencia con esta jornada, los docentes de la Fecode (Federación Colombiana de Educadores) realizaron un paro de 48 horas contra la llamada alternancia (bimodalidad), que implica el retorno a clases sin condiciones de seguridad e higiene.

La jornada de lucha confluyó en Bogotá con la minga indígena, una masiva protesta de pueblos originarios que implicó el desplazamiento de miles de personas desde el sureño departamento del Cauca. Estos pueblos sufren la violencia paramilitar y el despojo de sus tierras por parte de los grandes grupos económicos. En el departamento norteño de La Guajira, por ejemplo, los indígenas denuncian que la militarización y la entrega de títulos mineros por parte del Estado ha recortado fuertemente su territorio. A su vez, reclaman la aplicación de los acuerdos de paz con las Farc, que incluyen la formación de un banco de tierras.

Otro punto importante de la jornada fue el apoyo a la huelga de más de 50 días de los mineros del carbón, en La Guajira. Enfrentan el intento patronal de imponer el llamado “turno de la muerte”, que modifica la jornada laboral (7 días consecutivos de labor por 3 de descanso) y liquida un turno entero, lo que trae aparejado mayores posibilidades de accidentes y el despido de 2500 obreros.

Un gobierno antiobrero

Colombia superó el millón de casos de Covid-19 y hay más de 30 mil muertos, pese a lo cual el gobierno profundiza la apertura de las actividades económicas. La enfermedad ha agravado la crisis, con una contracción de la economía del 16% en el segundo trimestre y un desempleo que asciende al 20%.

La jornada del 21, en el departamento norteño de La Guajira

El gobierno de Duque desenvuelve una agenda rabiosamente patronal para transferir el peso de la crisis sobre las masas: impuso un decreto flexibilizador que posibilita la contratación por horas; otro que habilita la privatización de empresas públicas (está en marcha la venta del área de distribución de combustibles de Ecopetrol); y hay denuncias de que prepara una reforma tributaria que allanaría un aumento del IVA, o su imposición a los productos actualmente exentos.

Bajo la administración del actual presidente, se han incrementado los crímenes contra los luchadores sociales (más de 80 casos en el primer semestre) y se autorizó la presencia de 700 soldados norteamericanos adicionales en el territorio. Además, se retomará la fumigación de cultivos de coca con glifosato, lo que es una declaración de guerra contra los campesinos.

La orientación antiobrera del gobierno queda resumida en que casi el 35% de los recursos del presupuesto 2021 están destinados al pago de deuda y el reforzamiento del aparato de seguridad (Contagio Radio, 23/10). Dos caras de una misma moneda: hambre para pagar la deuda y represión para posibilitar esa política.

Medellín.

La represión ha tenido una de sus páginas más infames este año en los 13 muertos que hubo durante la sublevación que siguió al asesinato del taxista Javier Ordoñez a manos de la policía, en septiembre pasado.

El Comité Nacional de Paro, pese a lo que indica su nombre, resiste la convocatoria a un paro nacional efectivo que pueda llevar a la victoria las diferentes luchas y quebrar el ajuste del gobierno. Su orientación se restringe a un reclamo de diálogo y de ser recibidos por el presidente, cosa que éste ignora completamente por el momento.

A casi un año del histórico paro y las gigantescas movilizaciones de noviembre, es necesario retomar ese camino de rebelión para derrotar al gobierno reaccionario.