Los cómputos finales de las elecciones del domingo 11 de abril evidencian en primer lugar, el cuadro de disgregación y dispersión política existente en el Perú. Se presentaron 18 candidatos a presidente y ninguno de ellos logró superar el 20% de los votantes. 11 de estas coaliciones entraron al parlamento unicameral: estamos frente a un Congreso donde no hay nadie con mayoría y las alianzas parlamentarias serán complejas (y costosas) para hacer aprobar iniciativas.

Segundo: la lista ganadora, la que ocupó el primer lugar, es el voto en blanco y nulo. Este ha sacado un 17,76% de los votos emitidos. Mientras que la lista de Perú Libre que lleva a Pedro Castillo como candidato a presidente obtuvo el 15,72%, también de los votos emitidos. Y la lista de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, alcanzó el 10,99%. Lo que evidencia una oposición, lógicamente heterogénea, que repudia activamente (ya que va a votar) a todas las candidaturas.

Si se elimina el voto blanco y nulo, descontándolos de la votación general, tendremos los llamados votos validos. Aquí Pedro Castillo será el primero con un 19,12% y Keiko Fujimori, con el 13,36%, la segunda. Entre estos dos candidatos se dirimirá la elección en una segunda vuelta el 6 de junio próximo, porque ninguno siquiera se ha arrimado al 50% de los votos necesarios para ser proclamado ganador en la primera.

¿Quién es Pedro Castillo?

La novedad ha sido la irrupción electoral de Pedro Castillo, que comenzó la campaña muy atrás (con un 1% de intención de voto, según las encuestadoras) y en pocos meses, especialmente en las últimas semanas, saltó al primer lugar.

Es un maestro rural, relativamente reconocido en el 2017 cuando estuvo en la dirección de una huelga general docente contra el gobierno antiobrero de PPK (Kuczynski). Huelga que se desarrolló enfrentando a la dirección burocrática del sindicato docente enrolada en el Partido Comunista- stalinista Patria Roja. En su actividad política es conocida una militancia previa en un partido de centroderecha (Perú Posible). Se terminó afiliando al “Partido Político Nacional Perú Libre” en octubre del año pasado. Convocado para asumir primero una candidatura de diputado y luego para vicepresidente, se vio nominado finalmente para la candidatura presidencial. Esto, porque la justicia electoral terminó impugnando la candidatura presidencial de Perú Libre, que era el secretario general de ese partido, Vladimir Cerrón, ya que pesaba sobre él una sentencia de 4 años de prisión –en suspenso- acusado de corrupción cuando fue gobernador de Junín.

¿Cuál es la plataforma de Perú Libre?

Un punto central es el propósito de “renegociar con las mineras” y otras grandes empresas los “contratos” firmados con los diversos gobiernos desde la época de la dictadura de Alberto Fujimori. Castillo ha indicado que quiere pasar del 30% actual que recibe el Estado por cobro de regalías e impuestos al 70%. En los últimos años la desgravación impositiva a las mineras ha sido fenomenal. Castillo toma como modelo la “nacionalización” del petróleo y el gas hecha por Evo Morales en su momento en Bolivia, que consistió justamente, no en la expropiación y estatización de los monopolios, sino en la renegociación y asociación con los mismos. En caso de que estas grandes patronales no acepten esta renegociación, se amenaza con nacionalizarlas… pagándoles previamente una indemnización.

Perú Libre afirma como estrategia el fortalecimiento del Estado (creación de empresas estatales) para competir con el capital privado.

Con estos eventuales ingresos extraordinarios, Castillo promete financiar un aumento del presupuesto educativo del 3,5% actual al 10%.

Lo mismo en salud. No hay propuestas sobre cómo afrontar la emergencia del colapso sanitario frente a la explosión de la pandemia. El día 19 se ha batido el récord con 440 muertos en un solo día. Perú supera las 153 mil víctimas por el coronavirus y no hay tubos de oxígeno, camas de terapia intensiva, etc. La plataforma de Perú Libre contempla establecer un “tarifario único” para clínicas privadas, según categoría y complejidad, para que no haya abusos sobre los pacientes necesitados. Pero los mercaderes de la salud siguen.

Deuda Pública: Perú Libre se ha fijado como propósito no desconocer la deuda pública, comprometiéndose a su pago total, priorizando en primer lugar a los acreedores nacionales (58%) y luego a los extranjeros.

Universidad: promete facilitar el ingreso de los estudiantes a la Universidad, hoy bloqueado por exámenes limitacionistas y derivados a universidades privadas truchas. Los estudiantes que no lograrán entrar, pueden optar por un servicio militar voluntario de un año y al finalizar el mismo podrían elegir (de acuerdo a un orden de méritos) a qué carrera universitaria incorporarse.

Medios de comunicación: Perú Libre denuncia la monopolización reaccionaria de los medios de comunicación (El Comercio manejaría el 70% de los multimedios). La propuesta es combatirlos bajando la publicidad oficial en los mismos del actual 90% al 30%. Y promover con pauta publicitaria estatal del 30% a los medios alternativos.

Movimiento obrero: en primer lugar, llama la atención que no figure la eliminación del régimen de “suspensiones perfectas” (sin goce de sueldo) que instaurara el gobierno de Martín Vizcarra en acuerdo con la central empresaria Confiep. Se plantea garantizar una libre afiliación sindical, pero “con responsabilidad y la organización debe constituirse en un brazo de la producción y productividad de la empresa, puesto que, solo en la medida que la empresa tenga éxito, las condiciones laborales mejorarán para los trabajadores mediante la negociación colectiva”. El verso clásico del “derrame” si los capitalistas ganan más. Se alienta la “participación” de los dirigentes sindicales en las decisiones gubernamentales, lo que significa una política “participacionista” de cooptación y regimentación sindical. Se introduce un límite al derecho de huelga y la lucha sindical de los trabajadores estatales, diferenciándolos de los privados. Porque en el caso de los primeros –afirma- perjudican al Estado y a los usuarios populares. Después la plataforma está plagada de afirmaciones genéricas, propias de una publicidad electoralista:

• “orientar esfuerzos a defender la estabilidad laboral”. Pero no plantea la reincorporación de los despedidos, la prohibición de despidos, etc.
• “búsqueda de la equidad laboral de género”
• “fomentar una remuneración acorde con las necesidades básicas” sin fijar montos, etc.

“Orientar”, “búsqueda”, “fomentar”, es bla, bla.

No fija una pauta de aumento salarial, ni de subsidios a los desocupados. En su lugar, justifica el “congelamiento salarial” en la falta de industrialización del Perú, inexistencia de empresas estatales, etc. y no en la superexplotación patronal. Estas indefiniciones, están “tapadas” con la verborragia donde Pedro Castillo dice que va “a dar el ejemplo” bajando su salario al nivel de un maestro. Así planteado es una “invitación” a que los trabajadores públicos hagan lo mismo.

Respecto al sistema previsional, no plantea la expropiación de los usureros de las AFP, sino una política de fortalecimiento del sistema nacional previsional, para ir eliminando “paulatinamente” al sistema privado.

Sobre el derecho al aborto el programa de Perú Libre proclama: “Respecto al aborto terapéutico la legislación peruana lo contempla actualmente. En lo que sí discrepamos es que el aborto se utilice como una especie de método anticonceptivo” (¿?). Lo que puede aparecer como una indefinición ha sido esclarecido por Pablo Castillo a viva voz, como una oposición al derecho al aborto, así como al matrimonio igualitario y demás derechos de género.

Seguridad: no plantea la disolución de la Policía Nacional responsable de salvajes represiones y asesinatos contra el pueblo en lucha. Por el contrario, propugna no “desintegrar su unidad” y “reorganizar” a la Policía promoviendo un sistema de ascensos regido “por el número de investigaciones resueltas“. Lo que significara récord de casos armados contra los pobres y la juventud para justificar su “eficiencia”.

Paramos aquí… Pero no hay reforma agraria, ni nacionalización de los bancos, etc., etc. La plataforma declara su defensa del empresariado nacional, pero sin poner trabas al capital financiero imperialista.

En política internacional se reivindica como parte de los partidos y los gobiernos nacionalistas burgueses: de los Kirchner de Argentina, Lula y Dilma de Brasil, Ortega de Nicaragua, etc. Y plantea reintegrar al Perú a todos los organismos latinoamericanos creados bajo el ascenso chavista.

Esto nos lleva a caracterizar a Perú Libre como una corriente chavista que pretende renegociar con el capital financiero (mineras, etc.) los términos de su dominación, estableciendo acuerdos que integren a la burguesía nacional y al Estado. Preserva a las fuerzas represivas y en materia social tiene un programa antiobrero y en ciertos aspectos reaccionario (derechos de género, etc.).

Esto explica por qué una parte de la izquierda peruana (y nuestro Partido) llamó al voto en blanco y nulo: porque no había ninguna expresión de izquierda u obrera alternativa. Verónika Mendoza (apoyada por el nacionalismo burgués latinoamericano -Grupo de Puebla, etc.) está más a la derecha en la gran mayoría de sus planteos.

La movilización popular

Perú viene de una gran movilización popular en noviembre pasado que terminó destituyendo al presidente golpista Manuel Merino. También de una poderosa huelga general de 400 mil trabajadores agrarios en el verano, que obligó a derogar la ley agraria entreguista y antiobrera aprobada por Fujimori y sostenida por todos los gobiernos “democráticos” posteriores (aunque en forma “gatopardista” no reconoció la mayoría de los reclamos obreros). Estas y otras luchas de los trabajadores no recibieron el apoyo activo de los partidos que participaron del proceso electoral. Tampoco de Perú Libre.

Pero las elecciones sirvieron como un canal para que una parte de esas rebeliones se manifestara inorgánicamente, en forma distorsionada, en el voto a Perú Libre y Pedro Castillo. Particularmente en las zonas agrarias.

La polarización

El resultado electoral coloca una polarización entre Keiko Fujimori, reivindicando la herencia de la dictadura fujimorista y Pedro Castillo, presentado como un sindicalista docente y campesino que en forma confusa y verborrágica plantea achicar la pobreza ajustando a los “ricos”; aunque su programa y planteos no dan respuesta concretas. Se trata de un “nacionalismo” semichavista, que incorpora de entrada los aspectos más regimentadores sobre la clase obrera. La campaña electoral no ha sido tampoco escenario de grandes movilizaciones y choques (por eso sorprendió el “triunfo” de Castillo). Lo cual no quiere decir que en los próximos días no se vayan a producir, aunque Castillo declaró que sería una campaña sin agravios, de propuestas positivas.

Una de las diferencias más importantes es que Castillo ha declarado su disposición a convocar a una Asamblea Constituyente para derogar la Constitución aprobada por Fujimori en 1993. Keiko, la hija del dictador Fujimori, rechaza la reforma constitucional y menos a través de una Constituyente (es de destacar que de 18 candidatos presidenciales, 11 se manifestaron por una reforma constitucional y 3 en contra).

Estamos frente a la posibilidad subjetiva de nuevas maniobras de contención de la lucha de clases que pugna por expresarse en forma abierta. Una Convención constituyente con un Congreso mayoritario de fracciones derechistas, con una Policía Nacional reorganizada, con una justicia y todo el aparato estatal continuista, con una prensa antiobrera y defensora del gran capital, etc. no será soberana, ni alumbrará la imposición de los reclamos de las masas y antiimperialistas.

Por otro lado, es el Congreso el que deberá votar la convocatoria de esta Constituyente. En caso de negarse, Castillo planteó que acudiría a un referéndum para que sea el pueblo el que defina. Marcharíamos a un calendario como el de Chile (pero de otro signo político).

La vanguardia revolucionaria, obrera, estudiantil y campesina debe debatir esta problemática: discutir qué posición adoptar frente a la polarización de la segunda vuelta y dar pasos concretos de organización política independiente.