A casi una semana del crimen del joven Nahel durante un control policial en Nanterre, continúan las manifestaciones y los choques con las fuerzas policiales en Francia. Como en 2005, la juventud de los barrios periféricos empobrecidos de las grandes ciudades se subleva contra el racismo, la desigualdad social y la represión estatal.

La respuesta del gobierno de Emmanuel Macron ha sido brutal: 3 mil detenidos a lo largo de las seis jornadas de revuelta (France 24, 2/7), y un despliegue de alrededor de 45 mil policías y gendarmes. Debido al protagonismo de la juventud en el levantamiento (muchos de los detenidos son menores de edad), el presidente francés planteó que “es responsabilidad de los padres mantenerlos en el domicilio”. Poco después, el Ministerio de Justicia emitió una circular en que instruye a los magistrados a multar a los padres que no respondan a las convocatorias de la justicia. Todo para tratar de detener el estallido.

La furia se dirige indistintamente contra la policía, sucursales de bancos, comercios de grandes marcas (como Nike o Zara), supermercados, automóviles y transporte público. También fue atacada la residencia del alcalde Vincent Jeanbrun, de L’Hay-les-Roses. Los choques se extendieron por París y otras grandes ciudades, e incluso a la Guayana Francesa. También se han reportado marchas y disturbios en Bélgica y Suiza.

Según un informe del Defensor del Pueblo de 2020, un 80% de jóvenes negros o árabes entrevistados manifestaba haber sido sometidos a un control policial o de Gendarmería entre 2012 y 2017, contra un 16% del resto de la población (El País, 30/6). De más de una decena de víctimas fatales en controles de este tipo en 2022, la mayoría eran negros o árabes (BBC, 2/7). Anais, un amigo de la familia de Nahel, denuncia que ser un joven negro en los suburbios franceses implica “estar sujeto al racismo, la violencia y la discriminación a diario” (ídem).

La contracara de la sublevación de la juventud precarizada es una mayor agitación de la derecha y la extrema derecha. Se organizaron colectas para favorecer al policía que fusiló a Nahel y se reclama la instauración del estado de emergencia, que el gobierno de Macron no ha descartado como posibilidad. Los sindicatos policiales (UNSA y Alliance Police) denuncian una “guerra” y anticipan una “resistencia”. Desde estos sectores reaccionarios se alientan teorías conspirativas como la del “gran reemplazo”, que supone que detrás del proceso migratorio hay una tentativa consciente por reducir a la Francia blanca a una minoría.

El accionar represivo de la policía tiene como antecedente el ataque a los Chalecos Amarillos, en 2017, y a las grandes manifestaciones de este año contra la reforma previsional. Se plantea la necesidad de una pelea común de la clase trabajadora y la juventud en defensa de las libertades democráticas y contra el gobierno reaccionario de Macron.