Los índices sociales en nuestro país llegan a cifras alarmantes, y la juventud es el sector más golpeado por el ajuste del gobierno de Alberto Fernández. Según un informe realizado por la compañía de Big Data & Analytics, Equifax, el 96% de los jóvenes que tienen entre 18 y 23 años de edad cobra un salario por debajo de $50.000 mensuales. La mayoría de los trabajadores registrados en esta franja etaria (62%) trabajan en comercio, locales de comidas, la industria manufacturera, alojamiento y reparación de vehículos. El 30% son autónomos o monotributistas, el 26% son desempleados y el 8% tienen una situación laboral no declarada (Ámbito Financiero, 17/8).

Según el mismo informe, los jóvenes poseen deudas promedio por $53.000 mensual e ingresos por $44.000, una muestra del recurso del endeudamiento ante los salarios miserables que no alcanzan para pagar una vivienda, alimentarse y estudiar. También existen más dificultades para los jóvenes que buscan empleo y viven en hogares pobres, y se suma la distinción por género: una de cada cuatro pibas no consigue trabajo en nuestro país.

Estos datos contrastan con las declaraciones del titular de Toyota en la Argentina, que dijo que “no conseguía 200 pibes con el secundario terminado”, encubriendo una política antiobrera y una postura reaccionaria contra la educación. Los empresarios le reclaman al Estado una mayor calificación de la que requiere el mercado laboral, para después contratarlos por salarios bajísimos, en condiciones precarias, con regímenes de monotributo, sin aportes ni derechos laborales. Al contrario de lo que expone el titular de Toyota, es falso que la mano de obra argentina esté subcalificada: el 64% de los desempleados posee el secundario completo.

Si bien es real que la educación ha sufrido grandes golpes durante la pandemia, el fracaso educativo no es responsabilidad de estudiantes y familias, sino del Estado, que ha dejado a un millón de pibes en escolaridad obligatoria por fuera de la “virtualidad” y a seis millones con problemas de conectividad. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, destinó solo 120.000 computadoras: un 2% de lo necesario. Esto es resultado de la orientación social que tiene el gobierno de los Fernández y que comparte donde gobierna Juntos por el Cambio, de destinar los recursos nacionales al pago de la deuda.

Ante este escenario, el gobierno nacional ofrece migajas para la juventud. Hace 20 días, Alberto Fernández (re)lanzó el programa Te Sumo, de “promoción” de empleo para jóvenes entre 18 y 24 años.  Según lo anunciado, los primeros seis meses serían de capacitación y formación laboral, en los cuales a cambio de 4 horas de trabajo diario se pagaría una “remuneración” de $15.000 -similar a lo que hoy percibe un programa Potenciar Trabajo-, financiados totalmente o hasta un 80% por el Estado, dependiendo el tamaño de la empresa. El contrato laboral se podría suscribir pasado el primer semestre, aunque no se conoce si será obligatorio u “opcional” para las patronales (Prensa Obrera, 29/7). Este rumbo flexibilizador es impulsado por la UIA de conjunto, quienes pugnan por una reforma laboral y pulverizan las condiciones laborales y el salario. Visto de fondo, el programa significa un beneficio a las patronales que lo obtengan, lejos de brindar una salida real a la crisis laboral en la juventud.

Le sumamos que los programas con contraprestación laboral es una de las formas que posee el Estado y las patronales para obtener mano de obra barata, y, por lo tanto, presionar a la baja los salarios de todos los trabajadores en su conjunto. uno de cada cuatro pibes desocupados, la gran mayoría del resto en trabajos precarios, con salarios de indigencia, sin derechos laborales: un objetivo estratégico para los capitalistas, que es el de barrer con las conquistas históricas de la clase trabajadora.

Un programa para la juventud

Como jóvenes no podemos resignarnos. El camino es profundizar las luchas por trabajo genuino y una vida digna, como lo demostraron los 10.000 pibes que acamparon en el Ministerio de Educación por su derecho a estudiar, por compus y wifi, de la mano de las juventudes piqueteras.

La destrucción de las condiciones laborales y educativas es obra de todos los que gobernaron este país en las últimas décadas. Contra ellos, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad levantamos un programa de salida, que incluye el salario inicial igual a canasta familiar, el pase a planta permanente bajo convenio de todos los precarizados, el aumento presupuestario para la educación, aumento de la Beca Progresar a $15.000 y su entrega de forma irrestricta, y la derogación de todas leyes y reformas antieducativas como la Unicaba en la Ciudad de Buenos Aires. Para abrir una perspectiva para el futuro de la juventud, tenemos que reorganizar al país, rompiendo con el FMI y poniendo fin a todo este régimen de saqueo y pobreza.