El pasado 30 de octubre, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, firmó convenios en el marco del “Programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género- AcompañAR”. Se trata de una asistencia económica a mujeres y personas LGBTIQ+ “en situación acreditada de riesgo por violencia por motivos de género” lanzada a nivel nacional.

Aunque la cifra definitiva aún no está confirmada, se estima que el monto será equivalente al salario mínimo ($16.875) y solo por 6 meses, lo que claramente no alcanza para cubrir la canasta familiar y mucho menos para lograr “la independencia económica” que permita salir del círculo de violencia de género.

Durante el gobierno de Alicia Kirchner, desde diciembre del 2015, la violencia de género y hacia las infancias y la diversidad ha aumentado sustancialmente. Por mencionar un ejemplo, hemos caminado las calles durante largos 4 años en la lucha por el pedido de justicia por el transfemicidio de Marcela Chocobar, junto a sus hermanas, y solo se han encargado de crear una subsecretaría de Diversidad que hace demagogia con “consultorios inclusivos” que luego cierran, dejando a decenas de personas en transición sin el acceso a la hormonización, como derecho que declara la Ley de Identidad de Género.

Nosotres en cambio, con la movilización en las calles hemos presentado un Proyecto de Ley de Inclusión Laboral Trans en el año 2018, con la falsa promesa del entonces vicegobernador, Pablo González, de darle estado parlamentario. Este año, pandemia mediante, nuevamente presentamos el proyecto adjuntando notas a diversos ministerios (Salud, Subsecretaría de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia) haciendo especial énfasis en la situación límite que se encuentran las personas del colectivo y que se magnifica al no contar con un trabajo digno. Hasta el día de hoy no hemos obtenido respuestas, ni señales de adhesión al Protocolo Nacional de Cupo Laboral Trans que se aprobó en septiembre de este año (decreto 721/2020).

Del mismo modo, las denuncias por ASI (Abuso Sexual Infantil) se han visibilizado a lo largo de toda la provincia, involucrando desde policías de la provincia hasta altos funcionarios de los municipios (caso Emilio Maldonado, presidente del Concejo Deliberante de Rio Gallegos; concejal Rubén Martínez de Caleta Olivia o el comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, etc.). Estos procesos judiciales pesan en los hombros de familias obreras que luchan por justicia a la vez que se rebuscan con sus escasos recursos para pagar abogadxs que no hagan negociados con la justicia santacruceña.  La movilización en las calles, junto con la lucha incansable de madres que se han convertido en luchadoras, logró la condena del concejal Martínez en Caleta Olivia y el encarcelamiento del concejal Maldonado de Río Gallegos.

El gobierno provincial no hace ni mención de la aplicación de la ESI en el territorio provincial, ni de trabajo genuino, bajo convenio colectivo de trabajo para mujeres y diversidad en situación de precariedad laboral. En este contexto, queda claro que no alcanza con impulsar “un proyecto que busca generar el compromiso y la participación ciudadana en la prevención de las violencias por razones de género”, ya que resulta un discurso demagógico que no resuelve la violencia hacia las mujeres, niñxs y diversidad que se profundiza en cuarentena.

Desde el Plenario de Trabajadoras y la Agrupación LGBTI 1969 exigimos la separación de la Iglesia del Estado, la aplicación de la ESI. Reclamamos un seguro para las víctimas de violencia de género y para todes les desocupades, no inferior a los 30 mil pesos mensuales, que sea un trampolín al trabajo genuino, registrado, con cobertura social. Duplicación de los ingresos de las empleadas domésticas. Por un Consejo Autónomo de la Mujer y Disidencias.