El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa ratificó la absolución de la docente Ana Contreras, quien fue sometida a una insólita causa judicial por referirse a la situación humanitaria en Palestina, durante una clase de Cultura y Ciudadanía, a petición de sus alumnos.

En abril de este año, un juez de General Pico, Boga Doyheard, la había condenado por supuesto maltrato psicológico y ejercicio indebido de la labor docente, con una multa de casi un millón de pesos. Fue a raíz de la presentación del padre de una alumna, que adujo que los conceptos vertidos en la clase la habían afectado.

La causa desató un torrente de pronunciamientos de sindicatos de trabajadores de la educación de todos los niveles, que denunciaron una tentativa de criminalizar la tarea docente. En mayo, el Tribunal de Impugnación Penal absolvió a Contreras, decisión que convalidó ahora el STJ.

La causa contra Ana Contreras es uno de los episodios más escandalosos de un ataque en regla contra la libertad de expresión, que tiene como objetivos a aquellos que se pronuncian sobre la situación palestina y hacen críticas al Estado de Israel. Vanina Biasi (legisladora porteña electa del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero) y Alejandro Bodart (dirigente del MST) enfrentan causas judiciales promovidas por la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) por mensajes en redes sociales en que denuncian las masacres que sufren los palestinos. Daniel Vera, un jubilado chaqueño, sufre arresto domiciliario por un posteo en Facebook contra Milei y Netanyahu. Cristian Díaz, obrero metalúrgico fallecido en 2024, estuvo detenido nueve meses en el penal de Marcos Paz, también por publicaciones en redes sociales.

No al genocidio y a la persecución contra quienes lo denuncian.

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