CABA: el avance de la Ley de Reiterancia en la Legislatura

Se busca atacar el libre derecho a la protesta en la Ciudad y en el país.

Jorge Macri (PRO).

Hace varios meses que el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura el proyecto de ley de “Reiterancia”.

Palabras más palabras menos, el primer dictamen estableció una figura jurídica que implicaba una modificación del Código de Procesal Penal de la Ciudad, que permitiría la detención de quienes tengan un proceso judicial abierto aunque no haya una condena firme. Podría incluso ni siquiera haber procesamiento en curso. En términos concretos, hoy en día la prisión preventiva, sin juicio previo, tiene dos causales: el posible entorpecimiento de la causa y el peligro de fuga. El borrador del primer proyecto incluía, así, un tercer causal: haber cometido un supuesto delito sin que eso haya sido certificado. Una violación en regla al principio de inocencia.

El objetivo, teñido de discursos “contra el delito”, siempre fue y es el ataque a la protesta social. Fue el propio Macri el que hizo propio el modelo Mendoza. Allí, luchadores populares, como ocurre con Martín Rodríguez y Lorena Torres del Polo Obrero, se exponen a penas de hasta dos años de prisión efectiva por haber asistido a movilizaciones. Un verdadero régimen persecutorio que el PRO busca traer a CABA. Además, como nuestra ciudad es destino de muchas protestas nacionales, una legislación de este tipo afecta a todo el país.

No es casual que el gobierno nacional de Javier Milei, en un contexto de ajuste brutal, también tenga planificado avanzar en una legislación de esas características: se busca amedrentar a la movilización popular y a todas las organizaciones que, en las calles, hacen de oposición política. Los allanamientos y la apertura de causas judiciales contra las organizaciones piqueteras y movimientos sociales, a lo que se suma el espionaje contra nuestro partido nada más y nada menos que en su local central, van en el mismo sentido, como antes fue el protocolo antipiquete, la quita de los planes sociales por movilizarse, la policía de los gases con químicos nuevos y demás.

“Mejorar el proyecto”

El avance de este proyecto generó una alarma en el gobierno porteño y su bloque parlamentario. Es que un proyecto de estas características, tan burdo, podría no conseguir todos los votos para su aprobación (incluso en sectores que son parte del PRO o muy cercanos) e incluso generar algo peor para los objetivos represivos: una resolución posterior de inconstitucionalidad.

Es por eso que desde el oficialismo se dispusieron a “aminorar” los golpes de la nueva legislación: el último dictamen, que el gobierno se prepara para votar este jueves, contempla la elevación a juicio para la reiterancia. Esta, además, ya no implicaría un tercer causal para la prisión preventiva sino que entraría en los parámetros a tener en cuenta para el peligro de fuga.

No obstante, es claro que las herramientas para perseguir a los que luchan siguen presentes y que se sigue atacando el principio de inocencia: la reiterancia permite prisión sin condena firme. Gabriel Solano (PO-FITU), presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura, planteó en la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales que estábamos ante el truco de hacer un proyecto muy malo para luego vender como bueno un dictamen malo. Así fue.

Derecho sagrado a la insurrección

Desde la Comisión contra la Violencia Institucional y la bancada del Frente de Izquierda venimos tomando mucho este tema. Organizamos una charla en la Feria del Libro con luchadores sociales, periodistas y abogados de derechos humanos. También una audiencia pública a la que asistieron agrupaciones como el Cels, el Serpaj, la Asociación de Profesionales, sindicatos, organizaciones piqueteras y estudiantiles y demás. Organizamos, junto con el FIT-U, una reunión de las organizaciones opositoras al proyecto. También fuimos a todas las comisiones pertinentes a presentar no solamente nuestro rechazo sino los argumentos del mismo.

Entendemos, desde nuestro lugar, que el derecho a la protesta es un derecho madre: permite pelear por otros derechos. Hasta el jueves, cuando el gobierno intentará votar la ley, pelearemos para que no pase. Ese día, desde las 10:00 hs, organizaciones de izquierda, de derechos humanos y otros sectores en lucha harán una conferencia de prensa en la Legislatura.

Nada de lo que allí se vote nos hará resignar el sagrado derecho a la insurrección.

¿Cómo va quedando la Ley Bases en la negociación para su aprobación?
El gobierno habría aceptado recortar las empresas a privatizar y la moratoria jubilatoria. –
prensaobrera.com
Un cargo por un voto, Milei negocia su Ley Bases al estilo Ley Banelco
Lucila Crexell, senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino, vendió al gobierno su voto a favor de la Ley Bases a cambio del puesto de embajadora argentina en la Unesco. –
prensaobrera.com