Libertades democráticas
11/6/2024
Las pruebas del espionaje al Partido Obrero antes del allanamiento a su sede central
Así consta en un informe del comisario mayor Adolfo Mazza al juez Sebastián Casanello.
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El allanamiento buscaba “ampliar las tareas investigativas realizadas”.
Han aparecido pruebas del espionaje a la sede central del Partido Obrero antes del allanamiento ilegal perpetrado el lunes 3 de junio. Un informe elevado por el comisario mayor Adolfo Mazza al juez Sebastián Casanello detalla parte de “las tareas investigativas” que la Justicia ordenó sobre el local central que constituye el domicilio legal y público del PO, en Bartolomé Mitre 2162 (CABA).
Entre los datos que revela el informe, se destaca que:
- La orden judicial del 3 de junio del juez Casanello ordena “ampliar las tareas investigativas realizadas” sobre el local del Partido Obrero. Desconocemos la fecha de inicio de dichas “tareas”.
- Se colocó personal policial de civil a vigilar el movimiento de personas en el local y se indagó a vecinos para saber sobre la actividad del lugar.
- En el informe no se nombre ni una sola vez a la editorial Rumbos, cuando lo que se informó a los medios de comunicación e incluso a quienes estaban presentes cuando se realizó el allanamiento, que el motivo del mismo era recabar documentación sobre la mencionada editorial.
- El mismo informe afirma que el allanamiento se realizó porque según dice los datos recogidos entre los vecinos allí “funcionaría” la sede central del Polo Obrero, cuando la misma había sido allanada el 13 de mayo. Otro tanto había ocurrido con la sede de Rumbos.
- El informe habla de otras “disposiciones” que no pudieron llevarse a cabo, pero no detalla cuáles son, lo cual quiere decir que el operativo de espionaje continúa.
- En el informe se dan pruebas de que allí había una actividad pública del Partido Obrero –charlas, conferencias de prensa- y de que era el domicilio legal del PO y la redacción de Prensa Obrera. Por lo tanto cuando fue allanado se hizo con total conciencia de que se violenta a la sede de un partido político legal.
El informe corrobora la denuncia de que estamos ante una acción de espionaje consciente contra un partido político de oposición, y que no se trata de la “deriva” de un delito económico como pretende instalarse en la opinión pública. El gobierno y la Justicia están violentando las libertades democráticas elementales, mientras crece la pobreza, ajustan al pueblo y quieren prohibir el derecho a manifestarse. Por ese motivo, el Partido Obrero hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
