Libertades democráticas
7/6/2024
CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Jujuy: el 18 de junio será el juicio contra Sebastián Copello, Juan Chorolque y Verónica Urzagasti
Manifestarse no es delito. Absolución ya.
En Jujuy persiguen judicialmente a los luchadores.
El Juez Kamada puso fecha al juicio contra los referentes del Frente de Lucha Piquetero, Sebastián Copello, Juan Chorolque y Verónica Urzagasti, acusados de violar el art. 194 del Código Penal en el marco de manifestaciones en 2022 en Jujuy con un reclamo que sigue hasta hoy, como la asistencia a comedores y merenderos populares.
La acusación está floja de papeles. En primer lugar se da un hecho inédito que es juzgar un mismo hecho por dos vías diferentes, como la contravencional y la penal. El juzgado contravencional ha condenado a una multa importante a los acusados por la manifestación en cuestión. En segundo lugar, el expediente presenta fotos como “prueba” de otras manifestaciones que se contradicen a la fecha que aduce el fiscal acusador. En definitiva, movilizaciones hay todos los días y la única explicación es la persecución al movimiento de desocupados.
2022 fue un año bisagra en Jujuy con enormes manifestaciones del movimiento piquetero enfrentando a un Gerardo Morales que hasta ese momento alardeaba que en Jujuy reinaba una “paz social”, pero que en realidad era la paz de los cementerios. Estas acciones del Frente de Lucha comenzaron a mostrar una realidad social dramática en los barrios, por lo que Morales pretendió aleccionar con la cárcel a Copello y Chorolque, junto al armado de esta causa, y luego con más de 15 allanamientos a organizaciones sociales, similar a lo que hizo Milei en las últimas semanas contra las organizaciones sociales y piqueteras.
Con movilizaciones históricas en defensa de las libertades democráticas comenzó a derrumbarse el dominio de Morales, culminando con la repudiada reforma constitucional.
La fecha elegida para el juicio no es casual. Esta nueva escalada judicial contiene una clara persecución política y un disciplinamiento a todo el movimiento popular que enfrenta actualmente el ajuste del gobernador Sadir y el gobierno nacional de Milei.
Se da en un contexto de brutal persecución a las organizaciones sociales por parte de Milei y con una escalada que vulnera las libertades democráticas y políticas del país, como es el allanamiento a la sede central del Partido Obrero. Al mismo tiempo se cumple un año de la enorme lucha del pueblo jujeño contra la reforma constitucional de Morales, que pretende prohibir definitivamente la protesta social.
El responsable de esta ofensiva es el gobernador Sadir que pretende alinearse con Milei en todos los campos. Le aportó los votos en la Ley Bases y ahora se suma a la persecución política y judicial a la izquierda y el movimiento piquetero.
El gobernador busca disciplinar frente a un clima social que se calienta con salarios de miseria y tarifazos permanentes. Y al mismo tiempo fortalecerse en su propia interna con Gerardo Morales. El Ministerio Público de Acusación, que la reforma le dio rango constitucional, viene del escándalo de los “presos por tuitear”, quedando más expuesto que nunca como un instrumento directo de Gerardo Morales para perseguir opositores y luchadores.
Vamos por la absolución
Estamos ante un avance que debe poner en alerta a todo el movimiento popular, ya que el gobierno de Jujuy pretende dejar un precedente grave como es una condena por el art. 194 del Código Penal que puede ser utilizado contra cualquier manifestación o corte de calle. Venimos de la condena a Martín Rodríguez, dirigente del Polo Obrero en Mendoza, con otro radical mileista como Cornejo, intentando generalizar la prohibición de la protesta.
Jujuy es una provincia de rebeliones populares y el gobernador Sadir y el poder económico son conscientes de que frente una ofensiva como la que está aplicando Milei y el gobierno provincial la respuesta del pueblo jujeño no tardará en llegar. La semana anterior al juicio se votará la Ley Bases en el Senado y Sadir quiere votar la ley de emergencia económica en Jujuy. Estamos ante una confrontación de fondo entre el régimen político y los empresarios contra el pueblo. La defensa de las libertades democráticas son fundamentales para poder defender todos los derechos que pretenden ser barridos.
Manifestarse no es delito. Saldrá una declaración para juntar adhesiones por la absolución de Copello, Chorolque y Urzagasti y se realizará una conferencia de prensa la próxima semana para denunciar este nuevo atropello de la justicia y el gobierno de Jujuy.
