El asesinato del trabajador Daniel Barrientos, de la línea de colectivos 620 de La Matanza, explotó en repercusiones y también en medidas de lucha como el paro de más de 100 líneas en toda la zona oeste del Conurbano bonaerense, el piquete de los choferes reclamando justicia por su compañero y por mejoras en las condiciones laborales y el paro autoconvocado sin el apoyo de la dirigencia de la UTA del día jueves 6 para exigir la liberación de los choferes detenidos, por haber sido parte del piquete en donde fue repudiada la presencia del ministro de Seguridad de Kicillof, Sergio Berni.

Al estallido de la bronca popular, que entonaba “que se vayan todos”, Kicillof, Larreta y Berni eligieron responder con represión a los trabajadores: repartiendo palos, allanando hogares y lugares de trabajo y armando causas en tiempo récord.

Esa respuesta continuó con un despliegue policial inusitado en el distrito, incluso con fuerzas federales y Gendarmería, acompañado de “cacheos” sorpresivos ejecutados por la Utoi (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas) de la bonaerense, en donde ordenan descender a los pasajeros de las unidades para realizar una requisa, cacheos y pedidos de documentos.

Es un ensayo del reforzamiento represivo, disfrazado de montaje contra la “inseguridad”. En primer lugar, los cacheos no tienen ningún tipo de incidencia ante las desprotecciones y ataques que las familias trabajadoras de los barrios sufren cotidianamente. De parte de las y los usuarios del transporte, los testimonios dan cuenta que los hechos de inseguridad ocurren generalmente durante el camino hacia las paradas de transporte, la odisea de viajar no se agota en la unidad. De parte de los trabajadores del transporte, los reclamos que hace años se arrastran incluyen el pedido de cabinas, luminaria en las calles y cámaras de seguridad. Usuarios y choferes señalan por igual al Estado, apuntando a la complicidad de la policía con el delito que toma forma de regenteo del mismo y de las zonas liberadas.

Las prácticas requisitorias de la policía en los cacheos suscitaron polémicas en todo el arco político. El exministro de Seguridad del gobierno de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, dijo que “montaron un show” en La Matanza y Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, cuestionó los cacheos. Pero a no confundirse, ellos no repudian la presencia policial ni sus prácticas: Juntos por el Cambio y los liberfachos (Ritondo desde el PRO llama a Milei a integrar las listas de Juntos) acuerdan en que la solución es profundizar el despliegue de móviles y efectivos policiales para que llegue a todas las zonas sin concentrar las fuerzas en las recorridas de los colectivos, la misma política que está ejecutando Kicillof, Berni y Aníbal Fernández.

Pero el problema de la inseguridad, como lo muestra la situación de Rosario y recientemente en Villa Celina, parte precisamente de la connivencia entre las fuerzas de seguridad y el delito. Son esas fuerzas las que liberan las zonas y organizan las bandas, que capturan a una juventud condenada ante la falta de perspectiva y futuro que tejieron todos estos sectores. En este sentido, es mentira que aumentando el desfile policial y la profundización de las prácticas como cacheos y requisas a los laburantes el panorama frente a la inseguridad sea distinto para les trabajadores en general.

Lo que sí garantizarían la profundización de esta orientación es un aumento en el reforzamiento represivo contra los trabajadores, porque justamente el asesinato de Daniel Barrientos, así como el de Limbert Valero en Celina, destapa la olla todo el entramado mencionado, el caldo de cultivo de la inseguridad ciudadana. Un entramado que choca con sectores de trabajadores hartos de la complicidad policial con el delito y toman en sus manos la tarea de desmantelamiento de bunkers narcos, por ejemplo. Son los mismos sectores que están hartos de la inflación, los bajos salarios y hartos del ajuste.

Todo el arco político capitalista sabe que el rol de la policía no es proporcionar seguridad, sino velar por esa continuación del status quo capitalista, disciplinando y reprimiendo la bronca social ante el avance de las políticas hambreadoras que dictamina el FMI y que jamás van a ofrecer ninguna solución de fondo para los trabajadores.

Por ello la problemática de la inseguridad es explotada por la derecha pidiendo más presencia policial, con el Frente de Todos, Juntos y los Milei aplaudiendo en sintonía. El intendente Fernando Espinoza hace silencio, pero el gobierno ya llenó ese vacío diciendo que el asesinato de Daniel Barrientos no era un hecho de inseguridad sino que era un atentado político contra el ministro de Seguridad Sergio Berni. No quieren resolver la inseguridad, pero sí reforzar la represión. La oposición de Juntos por el Cambio dijo que iba a presentar una interpelación al intendente matancero en el Concejo Deliberante para evaluar el problema. Al día de hoy no se conoce ninguna propuesta.

La izquierda no puede hacer silencio ante esta problemática y sus debates. La bronca tiene que encontrar un canal de expresión opuesta a los discursos derechistas de “mano dura”, que son para reprimir a quienes reclaman, y señalar que el reforzamiento represivo es incapaz de resolver la inseguridad. El fracaso del peronismo, del macrismo, el radicalismo y los Milei -que no son nada novedosos-, para resolver la inseguridad, está a la vista.

Desde el Partido Obrero repudiamos el desfiladero represivo que pasea por las barriadas de La Matanza. El reforzamiento de prácticas propias de la dictadura militar no resuelve la inseguridad y prepara el terreno para la criminalización de la protesta. Señalamos la connivencia de las fuerzas represivas con el delito y defendemos el desmantelamiento de este aparato con todos sus engranajes políticos y judiciales. Fuera Berni, ¡No al reforzamiento represivo en los barrios!

https://prensaobrera.com/politicas/desdoblamiento-en-caba-un-formato-a-la-carta-votado-por-juntos-por-el-cambio-y-el-frente-de-todos

https://prensaobrera.com/politicas/a-que-vienen-las-enviadas-del-gobierno-yanqui-a-argentina