La rebelión que protagonizaron los choferes de la UTA ante el asesinato de su compañero Daniel Barrientos mientras manejaba un colectivo de la línea 620 en La Matanza puso de manifiesto las tendencias más de fondo de la situación política. Durante casi una jornada completa los choferes expusieron ante el país entero la desidia de los gobiernos y las patronales sobre su propia vida, denunciaron la complicidad criminal de la burocracia sindical y su irrevocable carácter reaccionario y antiobrero y revelaron cómo La Matanza (“la capital del peronismo”) fue transformada en una gran zona liberada en favor de los narcos y bandas delictivas, que cooptan para sus tareas a una parte de la juventud condenada a la pauperización y carente de todo futuro. En este cuadro la golpiza propinada a Sergio Berni fue un acto de ira de los trabajadores ante la presencia provocadora de un ministro que incumplió una y otra vez sus promesas. Quien hizo su carrera golpeando y reprimiendo a trabajadores en lucha y familias desprotegidas como las de Guernica, ahora recibió el mismo trato ante las cámaras de la TV. La humillación pública del Rambo del kirchnerismo fue completa, al punto que debió ser rescatado por las fuerzas de choque de Larreta.

Durante las horas que duró el piquete los choferes fueron los voceros de todo el pueblo argentino. Mejor que nadie resumieron todos sus padecimientos y expresaron el estado de ánimo reinante en el país. ¿O acaso no es generalizado el sentimiento de que los políticos prometen cosas que jamás cumplen mientras son los trabajadores y sus familias los que pagan con su vida esta negligencia del poder? ¿O no lo sabe todo el mundo que las bandas delictivas actúan con el amparo policial y judicial, cuando no es que directamente es la propia policía la que se pone el traje de delincuente? El “que se vayan todos” que cantaban los choferes sobre la General Paz mientras lloraban a su compañero asesinado mostró que para los trabajadores no hay futuro si “ellos se quedan”. Emergió una cuestión de poder, que durante horas paralizó al propio poder. Tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof decidieron suspender los actos que tenían previstos durante esa jornada, para esquivar el repudio popular. La locuaz Cristina Kirchner se refugió en el silencio, sin animarse a respaldar públicamente a su siempre protegido Sergio Berni. Lo mismo hicieron los dirigentes de La Cámpora. Para defenderse el ministro de Seguridad debió inventar una de sus historias: el asesinato de Daniel Barrientos no habría sido un hecho de inseguridad de los que cotidianamente azotan al Conurbano sino un atentado político contra el ministro al que “le tiraron un muerto”. Así, y aunque resulta increíble, la víctima no sería el chofer asesinado sino el propio ministro.

Un régimen quebrado

Mientras el piquete de los choferes de la General Paz tenía en vilo al país y obligaba a los funcionarios del gobierno a refugiarse en la clandestinidad, salía a la luz un documento del FMI que resumía los compromisos que habían asumido Sergio Massa y el propio presidente de la Nación en su reciente viaje a los Estados Unidos. Para no disimular la humillación, el Fondo redactó el documento no bajo el estilo más clásico de recomendaciones o propuestas, sino con exigencias y fechas precisas para ponerse en práctica. Entre estas se destacan: la reducción de los planes sociales, tanto en su cantidad como en el monto de los mismos; limitar los beneficiarios que ingresen a la moratoria previsional mediante un DNU que debe sacar el Poder Ejecutivo; aplicar un nuevo tarifazo en el mes de abril; proceder a una devaluación monetaria de inmediato, que no solo abarque a las exportaciones sino también a las importaciones. A cambio de la aplicación de estas medidas el Fondo aceptó modificar algunas de las metas incumplidas y girar el dinero para pagar parte de los vencimientos próximos. La expectativa del gobierno de obtener un desembolso adicional de fondos debido a la sequía se vio frustrada.

Nadie duda que el efecto inmediato de estas medidas será una mayor inflación, en momentos que el índice de marzo promete superar el 7% mensual y llevar el porcentaje anual bien arriba del 100%. Esta inflación galopante, combinada con un ajuste sobre los sectores populares que tendrán menos salario, jubilaciones y reducción de la asistencia social, llevará inevitablemente a nuevos saltos de la pobreza y también de la indigencia. Sin embargo, nada indica que estas medidas logren estabilizar el proceso económico ni despejar una crisis mayor en las próximas semanas, con más razón con la merma en el ingreso de alrededor de 20.000 millones de dólares que se calculan como consecuencia de la sequía. Es que mientras tanto el Banco Central no deja de perder divisas todos los días amenazando con una devaluación generalizada incluso antes del cambio de gobierno. La suba de la tasa de interés servirá para frenar aún más la economía y permitir un negocio para los bancos y especuladores, pero no para detener la inflación. Por este mismo motivo la candidatura de Sergio Massa que esperaba lanzar Cristina Fernández de Kirchner ha quedado por el momento archivada.

La bronca popular

La rebelión de los choferes expuso una bronca popular contra la superexplotación laboral, la desidia de los funcionarios y empresarios del transporte, la inseguridad ciudadana, la corruptela de las fuerzas de seguridad y la descomposición social producto de la bancarrota capitalista. El crecimiento del narcotráfico que alimenta la inseguridad de las familias trabajadoras ya ha provocado varias rebeliones focalizadas. En Rosario, en Villa Celina de La Matanza, e incluso en zonas de la Ciudad de Buenos Aires, sectores de trabajadores cansados de la complicidad policial destruyen los búnker de venta de droga que son protegidos por policías, jueces y fiscales.

Este avanzado estado de descomposición busca ser explotado por la derecha para profundizar una política represiva. Aunque resulte una contradicción, no será la primera vez que la descomposición capitalista alimenta a las tendencias más reaccionarias. Es lo que pasa cuando la bronca popular no encuentra el cauce adecuado para su expresión. Sin embargo, esto está lejos de ser su estadio definitivo. Después de todo, Berni hacía las veces de la Patricia Bullrich del Frente de Todos y del kirchnerismo. Los golpes sufridos por el ministro de Seguridad muestran la incapacidad de la derecha para resolver la cuestión de la inseguridad.

Esta crisis interpela de modo directo a la política de la izquierda, que si quiere jugar un papel en esta situación debe desarrollar un gran trabajo de organización de las barriadas populares y de lucha contra el copamiento del narcotráfico, toda vez que denuncia la complicidad policial y estatal con el mismo. Otro tanto sucede con los lugares de trabajo, empezando por la propia UTA cuyo interior es un volcán a punto de explotar. Las peleas públicas entre Berni y Bullrich sucedidas luego del asesinato de Daniel Barrientos son un intento de recrear una polarización entre elementos derechistas, en el mismo momento que se prueba el fracaso de sus políticas. El ajuste pactado con el FMI que ha salido a la luz en estos días agravará aun más la situación, al profundizar la pauperización de la población y en especial de la juventud.

Nuestro llamado al Frente de Izquierda-Unidad a convocar un gran Congreso abierto apunta a intervenir en esta situación. Solo una izquierda jugada a organizar a los trabajadores de manera independiente contra el Estado y los partidos capitalistas puede evitar que la bronca popular sea capitalizada por la derecha reaccionaria. Es la tarea del momento.

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