En 2021, las fuerzas del Estado cometieron un asesinato cada 17 horas. La escalofriante cifra se desprende del informe anual presentado por la Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) en Plaza de Mayo por la tarde del viernes 17 de diciembre. Una radiografía de todo un régimen que atenta contra la juventud y la población trabajadora, que se agrava en el curso del gobierno nacional del Frente de Todos e involucra a los gobernadores del oficialismo y la oposición derechista.

Aún antes de concluir el año, Correpi registró 417 casos de crímenes policiales y de otras fuerzas de seguridad en el curso de 2021. Vale remarcar que la estadística se va completando luego, como sucedió con la contabilización de nuevas muertas en 2020 que elevaron la cifra a 537. El informe evidencia así que los recientes crímenes contra los jóvenes Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires y de Luciano Olivera en Miramar no son de ninguna manera excepcionales, como lo es tampoco el operativo de encubrimiento desplegado por la Policía de la Ciudad y la Bonaerense al mando de Sergio Berni, con el respaldo del poder político y la Justicia.

"Los datos muestran que estamos en una situación muy preocupante, que amenaza empeorar y que va a requerir de la mayor unidad, organización y lucha para poder enfrentarla" @LaNegraVerdu de @CORREPI en la presentación del informe anual de la situación represiva pic.twitter.com/NzEJruwDzT

— Prensa Obrera (@prensaobrera) December 17, 2021

De los 981 asesinatos perpetrados por el aparato represivo del Estado desde la asunción de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la enorme mayoría corresponde a hechos cometidos en lugares de detención o bajo custodia (68%) y fusilamientos por gatillo fácil (21,3%), que suman 209. La mayoría de las víctimas son jóvenes menores de 35 años. El relevamiento observa que en los primeros once meses de 2021 se identificaron 53 muertes en comisarías, donde se aloja mayoritariamente a “personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”; casi la mitad fue en la provincia de Buenos Aires.

Retratando a todo un régimen represivo y de descomposición de las llamadas fuerzas de seguridad, el registro de casos desde la restauración de la democracia en 1983 suma 8.172 muertes hasta mediados de noviembre de 2021. Los crímenes contra el pueblo han sido una constante de todos los gobiernos que se sucedieron desde entonces.

María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi, manifestó a Prensa Obrera que la crítica situación relevada “amenaza con empeorar”, y por ende demanda “la mayor unidad, organización y lucha para poder enfrentarla”. Por su parte, el dirigente del Partido Obrero y legislador porteño del FIT-U, Gabriel Solano, valoró la importancia de la presentación en los mismos momentos en que eran reprimidas las masivas movilizaciones en Chubut contra la sanción trucha de la zonificación minera, y cuando proliferan en todo el país los casos de gatillo fácil sin distinción de “grieta”.

"La lucha contra la represión institucional es fundamental, demuestra que el responsable del gatillo fácil es el Estado. Llamamos a la juventud y los trabajadores a organizarnos contra todos los gobiernos, ahí no hay grieta, todos aplican el gatillo fácil" @Solanopo, legislador pic.twitter.com/hXTYgDZGKZ

— Prensa Obrera (@prensaobrera) December 17, 2021

"Como todos los años estoy acá presente. Estremecedor de principio a fin, esperemos que la lucha de nuestro pueblo termine con el aparato represivo, con el gatillo fácil y podamos vivir en un país mejor" Carlos "Sueco" Lordkipanidse en el informe anual de @CORREPI pic.twitter.com/YsbYQOR6o6

— Prensa Obrera (@prensaobrera) December 17, 2021

https://prensaobrera.com/politicas/presupuesto-hundido-un-salto-en-la-crisis-politica

https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/el-gatillo-facil-y-las-cajas-recaudadoras-de-la-policia/