La provincia de Córdoba se vio cruzada por novedades en el caso Blas Correas. Sucede que la titular del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra, fue imputada por “abuso de autoridad”. Le endilgan el haber habilitado a uno de los uniformados que disparó contra lxs pibxs, Lucas Gómez, a continuar en plenas funciones pese a tener en su contra la imputación de encubrimiento de un violador.

Cabe agregar que Gómez, de 35 años, irá a juicio junto a otros tres policías por el encubrimiento del violador serial de La Calera, Leandro Castañeras, condenado por seis violaciones en el 2018. El Tribunal de Conducta Policial había tomado conocimiento de la falta cometida por el mencionado policía en febrero del 2017: es decir que el uniformado continuó en la fuerza 4 años después de haber estado implicado en un delito grave.

Por el mencionado caso, el fiscal anticorrupción, Matías Bornancini, imputó a Becerra. Vale señalar que por el delito de “abuso de autoridad” que se le imputa a la directora cabe una pena excarcelable de entre un mes a dos años. Ahora, la funcionaria deberá dar las explicaciones en torno a por qué autorizó que un policía imputado volviera a las calles portando un arma que luego usó para disparar contra Blas y sus amigxs.

En declaraciones a Villa María Ya, la todavía directora de conducta policial afirmó que “la Justicia está tratando de buscar en otros la responsabilidades que le caben, y que la imputación les viene más que bien”. Así de suelta, Becerra argumentó que se puso a disposición de la Justicia desde el primer momento, que nunca le respondieron, y que “tenemos mucha tranquilidad con respecto al expediente”.

La directora, aseguró que, en el caso de Blas Correa, la Justicia se vio interpelada por no haber actuado como correspondía y “están buscando afuera lo que deberían buscar adentro”, declaró Becerra a la citada fuente.

En el programa Arriba Córdoba, que se emite por Canal 12, Fernando Correas, padre de Blas, señaló sobre la imputación de Becerra que “es un paso más, es positivo. Sigue confirmando lo que venimos diciendo desde el primer día: que no eran solamente los asesinos los que mataron a mi hijo. A mi hijo lo mataron cuatro veces: cuando dejaron que estas personas porten un arma de guerra, cuando le dispararon, cuando armaron la red de encubrimiento y cuando no lo dejaron continuar a su amigo para que lo lleve hasta la clínica".

Además, el padre de la víctima marcó que “son 18 ya los imputados: 16 entre policías y comisarios y dos personas del sector privado. Pero sostengo que debe haber más, siempre hemos peleado porque esto se destrabe y la política deje actuar a la Justicia”.

Esta nueva imputación deja a la vista un eslabón más de la cadena de responsabilidades que hay detrás de crimen contra Blas, pero no solo esto, sino que también expone un modus operandi de la institución policial para encubrir a efectivos implicados en todo tipo de delitos.  Funcionarias como Ana Becerra son un eslabón de una cadena de responsabilidades que involucra al poder político y Judicial.

El gatillo fácil contra Blas destapó la olla de algo que desde las páginas de Prensa Obrera señalamos: las fuerzas represivas del Estado, amparadas por el poder político y judicial, están en completa descomposición. Urge el desmantelamiento y avanzar con la lucha por justicia por lxs pibxs víctimas de la policía. Se trata de un principio de salida para hacer efectiva la consigna gatillo fácil nunca más.

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