La causa judicial por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro está en curso. A principios de octubre, los fiscales federales Andrés Heim y Horacio Azzolin solicitaron medidas para avanzar en la investigación sobre qué pasó con Facundo a partir del 30 de abril. Sucede que la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón se negó a ordenar las acciones más sustanciales: secuestrar celulares de comisarios, oficiales y suboficiales de la Bonaerense y allanar las comisarías donde ya se encontraron objetos y rastros del ADN de Facundo. “Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables”, dijo Marrón. “Es fácil creer que haya sido la policía pero se necesita prueba”, agregó. Estamos frente a un claro operativo de encubrimiento de la criminal Bonaerense, comandada por Sergio Berni, por parte del poder político.

Todas las pruebas apuntan a la Bonaerense

Hace aproximadamente un mes se dio a conocer el resultado de la autopsia sobre el cuerpo esqueletizado de Facundo, que no definió si fue “homicidio, accidente o suicidio”. Los abogados querellantes descartan las últimas dos opciones. “¿Como se va a suicidar o accidentar y dejar una zapatilla intacta a 20 metros? Y una mochila a 4 km. Todos esos elementos fueron colocados por la Policía Bonaerense”, dijo Leandro Aparicio, el abogado de Cristina Castro.

El lugar donde se encontró el cuerpo esqueletizado de Facundo es de muy difícil acceso, al cual no se llega caminando. Lo que sí sabemos es que allí llegó una camioneta Hilux de la policía el día 8 de mayo, y que dejó huellas que no fueron peritadas. En ese sentido, los investigadores solicitaron el secuestro de los celulares de los policías involucrados, y la jueza lo negó.

El caudal de pruebas que existe confirma la hipótesis de la responsabilidad sobre los policías Sosa, Curuhinca, Flores y González. El accionar de encubrimiento de la Bonaerense al crimen también implicaba una serie de amenazas: los comisarios le mandaron cartas documento al propio abogado Aparicio, persiguieron a los amigos, profesores, a Cristina, y han golpeado y amenazado a familiares.

La negativa de la jueza Marrón en avanzar en la investigación, que implica a policías de la Bonaerense de manera directa en la desaparición de Facundo, no es un hecho aislado. El conjunto del gobierno busca lavarle la cara a toda la institución criminal que es la Bonaerense, que solo en cuarentena asesinó a decenas de pibes y a su responsable directo, el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Las prioridades de Berni, apadrinado y apoyado por el gobernador Axel Kicillof, están en otro lado: hace muy pocos días anunciaron el lanzamiento de un liceo en la provincia de Buenos Aires para que al cabo de 6 años, los jóvenes se conviertan en agentes policiales de la Bonaerense. Mientras la familia, los abogados y los organismos de DD.HH. continúan en la búsqueda de verdad y justicia para Facundo Castro, el gobierno provincial refuerza al aparato policial, el responsable de su desaparición forzada seguida de muerte.

Es fundamental entonces, reforzar la organización independiente. El reagrupamiento nacional antirrepresivo plantó bandera en Plaza de Mayo y distintos puntos del país exigiendo justicia por Facundo Castro y todos los casos de gatillo fácil, fuera Berni y por tierra para vivir. Es necesario redoblar los esfuerzos de organización y movilización popular para exigir el juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos de la desaparición seguida de muerte de Facundo.

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