El fiscal Gómez Barbella, a cargo del caso por la muerte de Lucas González, el joven de 17 años baleado por la Policía de la Ciudad en Barracas, solicitó que vuelvan a quedar detenidas las efectivas acusadas de encubrir a los presuntos responsables del crimen. Las policías Lorena Miño y Micaela Fariña habían sido liberadas hace apenas dos semanas por falta de mérito para procesarlas o sobreseerlas. Son las oficiales que intervinieron en un primer momento cuando los chicos les pidieron ayuda.

El panorama cambió luego de que este lunes los resultados de un peritaje de la División Unidad de Búsqueda de Evidencia de la Policía Federal Argentina (PFA) se confrontó las muestras recolectadas sobre la réplica de arma de fuego encontrada dentro del auto en el que iban la víctima y sus tres amigos, “con los olores obtenidos” de nueve de los policías imputados, entre ellos, las dos oficiales. El fiscal elevó el requerimiento, de seis páginas al juez de Instrucción Martín del Viso, quien ahora deberá resolver si hace lugar o no a este pedido. El 12 de enero último, la Cámara de Apelaciones entendió que no era suficiente la prueba recabada como para procesarlas junto al resto de los efectivos también acusados de encubrimiento (Infobae, 2/2).

En primera instancia, Miño y Fariña habían sido procesadas con prisión preventiva junto a los efectivos Roberto Inca, Héctor Cuevas, Fabián Du Santos y Juan Romero, y por los delitos ya mencionados.

A su vez, un informe pericial sobre los policías acusados de haber asesinado al joven, muestra que tres tenían rastros de haber efectuados los disparos que causaron la muerte.

Si bien por las características del proyectil extraído del cuerpo de la víctima no se podrá determinar, según otro informe balístico, quién efectuó el disparo mortal, este nuevo peritaje consolida la teoría de la coautoría de los tres acusados. Los coautores tienen la misma pena que el autor, de modo tal que la imputación contra los integrantes de la Brigada sigue siendo la de homicidio agravado, que contempla la pena única de prisión o reclusión perpetua (Ámbito, 13/1).

La movilización y la organización independiente de la juventud contra el gatillo fácil y toda forma de violencia institucional sigue siendo la clave para lograr que se haga justicia. Vamos por justicia y cárcel efectiva a todos los responsables del asesinato de Lucas González y su encubrimiento. Por la apertura de los libros de todas las comisarías y su control por comités de trabajadores y organismos de derechos humanos. Basta de gatillo fácil. El Estado es responsable.

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