Después de varios meses y audiencias en el juicio por el “Chubutazo”, en la que se armó toda una causa trucha al servicio del poder político, con una gran colaboración mediática y con el claro objetivo de disciplinar las acciones de lucha que lograron dar vuelta la ley de zonificación minera en 2021, se conoció la sentencia en primera instancia del juez Allende donde se considera penalmente responsables a 6 de las 8 personas que fueron llevadas a juicio en esta causa.

Los abogados defensores impugnarán esta sentencia y ya se encuentran preparando las instancias de apelación para conseguir la absolución de los 5 vecinos que fueron injustamente condenados en un proceso plagado de irregularidades, sin pruebas, con el accionar nefasto de la fiscalía a cargo de Florencia Gómez, con un ensañamiento manifiesto hacia los acusados, con una mayoría de testigos pertenecientes a la misma fuerza policial, con el guiño permisivo de los distintos jueces y juezas intervinientes y la presión patotera del gobernador Torres y de las demás fuerzas políticas en la Legislatura provincial. 

En diciembre de 2021, luego de que se aprobara “entre gallos y medianoche” la ley del arcionismo que habilitaba la megaminería en la provincia, tras casi 20 años de lucha implacable en defensa del agua y del territorio, transcurrieron 6 días de masivas movilizaciones y un gran despliegue represivo, que se vivió con mucha intensidad en la ciudad de Rawson, como centro neurálgico del poder. El triunfo de esa lucha derivó en la obligatoria derogación de la ley de zonificación minera que tuvieron que aprobar los mismos diputados y diputadas el 21 de diciembre de ese mismo año. 

En ese contexto de brutal represión, balas de goma, gases y cacería llevada a cabo por las fuerzas policiales, se presentaron decenas de denuncias por violencia institucional y policial, las cuales fueron rápidamente archivadas quedando vecinos y vecinas que fueron heridos, algunos con mucha gravedad al punto de haber perdido la visión de un ojo o partes de sus piernas, completamente desprotegidos ante un Estado violento y con secuelas no solamente físicas sino también socioeconómicas y psicológicas, que persisten hasta hoy en día. 

El 21 de agosto se conoció la sentencia dictada por el juez Allende, basada en el fallo de la jueza Ponce, donde se considera penalmente responsables a 6 de las 8 personas que fueron llevadas a juicio en esta causa, dos de ellas fueron absueltas. Lo que se supo al día siguiente es que uno de ellos, Lautaro Martínez, se había quitado la vida, en un contexto de extrema vulnerabilidad, con un Estado que además lo persiguió. Lautaro había estado detenido durante parte del proceso. Luego de que no se diera lugar a la impugnación, presentada por detectarse varios vicios en este fallo, entre ellos la falta de justificación de la fiscalía de los agravantes y por tanto de los pedidos de pena, no se concedieron las penas pedidas por Gómez, pero tampoco se concedieron las mínimas legales. Rápidamente, los medios hegemónicos difundieron una gacetilla de prensa oficial, cuya información falseaba las penas impuestas con una clara bajada del gobierno de Torres para amedrentar a activistas y luchadores, y a una población que no quiere megaminería en su territorio.

Hay una imperiosa necesidad del gobierno de Ignacio Torres de señalar culpables y lanzar el titular disciplinador para criminalizar a las asambleas y al activismo ambiental, a las organizaciones que luchan,  a los pueblos originarios, a las fuerzas políticas de izquierda y a cualquier vecino de a pie que pretenda hacer uso de sus derechos constitucionales a la protesta y a la defensa de los bienes comunes como el agua y el territorio. 

Esto se da en el marco del reciente anuncio sobre el avance en las negociaciones con YPF Nuclear de avanzar en la explotación de uranio en Cerro Solo, lo que despertó un repudio generalizado luego de que se advirtiera desde el año anterior acerca del otorgamiento de 13 permisos de exploración en yacimientos de uranio.

Como se viene diciendo, cuando se trata de extractivismo y saqueo no existe grieta ni oposición de los partidos tradicionales que valga. El peronismo provincial es un actor fundamental en este sentido, no solo porque son los primeros responsables de la iniciativa de la zonificación minera, de su tratamiento express e ilegal, del rechazo de la iniciativa popular, la represión y la judicialización en todas estas instancias, de la mano del ex gobernador Mariano Arcioni, sino también porque son manifiestos garantes de todos los negociados extractivistas que se cocinan gobierno tras gobierno y que benefician a los mismos grupos económicos de siempre, en detrimento de las necesidades populares cada vez más descubiertas.

Y es que mientras levantan la bandera de la soberanía energética y lanzan la empresa de energía con carguitos creados para todos, las tarifas son cada vez más altas y más familias pierden acceso a los servicios básicos; se firman acuerdos de “paz social” con bombos y platillos con las empresas y los sindicatos petroleros mientras crecen los despidos y el desempleo indirecto por la caída de la actividad, pero habilitan el fracking y bajan las regalías; hacen campaña en defensa de la educación y de la salud, mientras los docentes están bajo la línea de la pobreza a fuerza de medidas extorsivas, las escuelas se caen a pedazos y reprimen a trabajadores de la salud.  

Ante esta nueva embestida de criminalización de la protesta social y las condenas injustas a 5 vecinos y vecinas tras una causa armada al servicio de Torres, las mineras y de todo el arco político, organicemos masivas movilizaciones y un fuerte acompañamiento para exigir la absolución en la Causa del Chubutazo. Nuevamente decimos: ¡no es no! ¡Absolución ya! Lautaro presente.

Peor momento de Milei: crisis económica, Spagnuolo y derrotas en el Congreso

Editorial de Gabriel Solano en 14 Toneladas T2E30. -

prensaobrera.com