Libertades democráticas
28/4/2025
Por la absolución a les vecines del Chubutazo, todes a la Oficina Judicial en Rawson
Lautaro Martínez, ¡presente! ¡Ahora y siempre!
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Luchar no es delito.
En las ultimas semanas tuvo lugar el juicio oral y público al que fueron sometidos ocho vecinos y vecinas de la ciudad de Rawson por participar de las masivas manifestaciones contra de la zonificación minera en diciembre de 2021. Todo el proceso se caracterizó por la clara intencionalidad del poder político, la justicia y los medios de comunicación de aleccionar a un pueblo que sale a la calle en cada arremetida de saqueo y extractivismo, y que en esa ocasión logró un triunfo contundente impidiendo el paso a la megaminería en la provincia de Chubut.
Durante las audiencias quedó evidenciada la falta de pruebas y que fue una causa armada a requerimiento del gobernador Ignacio Torres, en el escenario de la agenda extractivista del Uranio, con toda una serie de irregularidades: desde la dudosa fiabilidad de los testigos, las parcialidades de la jueza a cargo, el accionar criminal de la fiscalía de Estado, la Justicia al servicio del poder y de las mineras, entre otras.
Después de conocerse la sentencia de la jueza penal de Rawson, Eve Ponce, donde se declara penalmente responsables a seis de los ocho imputados por la causa del Chubutazo se convoca a la audiencia de cesura de pena este 29 de abril. Los abogados defensores realizaron las presentaciones para solicitar la apelación de la sentencia, la impugnación de la audiencia de cesura y la recusación de la jueza Ponce.
Revocación “política” de la probation
En agosto del 2024 la jueza penal María Laura Martini había concedido una suspensión de juicio a prueba como salida alternativa a los imputados. A partir de hacerse pública dicha decisión, no tardaron los medios de comunicación hegemónicos de la región en tergiversar la información ni tampoco tardó el gobernador Torres en hacer declaraciones patoteras como acostumbra, en este caso hacia Martini diciendo que “si la jueza tiene miedo que se compre un perro o que se dedique a otra cosa”.
Con estos hechos se desató toda una campaña de presión, persecución e intromisión de poderes, que tuvo su epicentro en la Legislatura de Chubut. El oficialismo y el bloque del peronismo presentaron una serie de iniciativas que no solo cuestionó y pidió revisión sobre la designación de la magistrada sino que aprobó una resolución de repudio al fallo judicial y para instruir al fiscal de Estado en iniciar las acciones pertinentes ante el Superior Tribunal de Justicia. La única banca que votó en contra fue la del FIT-U.
Nefasto accionar de la fiscalía
La fiscalía a cargo de Florencia Gómez, tristemente célebre por perseguir militantes ambientalistas, ha incurrido en gravísimas faltas y mal desempeño, montando toda una carga probatoria basada en declaraciones de testigos policiales que refuerzan el carácter estigmatizante además de criminalizador de esta causa armada, al sostener que reconocen a los vecinos llevados a juicio por sus características físicas o formas de caminar y ya ser conocidos en el ámbito delictual sin poder precisar sobre los delitos de los que se los acusa.
Además, dentro de las pruebas presentadas se encuentran: vídeos obtenidos mediante espionaje, objetos incautados mediante allanamientos ilegales, la rotura de la cadena de custodia de alguno de estos objetos, entre otras negligencias que, a pesar de haber sido señaladas por los abogados defensores no se declaró su nulidad.
Fue muy evidente la parcialidad de la jueza Ponce, que se mostró colaborativa y permisiva con la fiscal Gómez, siendo que a pesar de haber tenido un desempeño bochornoso y no haber justificado los agravantes de la condenas que solicita, le otorga una “segunda oportunidad” de hacerlo en la audiencia de cesura de pena. La misma fiscal debería haber investigado las más de 50 denuncias por violencia policial e institucional en las jornadas del Chubutazo, que sin embargo se encuentran todas archivadas.
Una vez más, el aparato judicial reafirma su carácter clasista y patronal, mostrándose al servicio del poder político y económico, garante de los negociados y sin un halo de independencia del gobierno de turno. Quienes deberían estar siendo juzgados son los responsables políticos, incluyendo a Mariano Arcioni y todos los diputados que votaron la zonificación minera, desatando una rebelión popular que resistió cinco días de brutal represión y cacería en las calles de las principales ciudades de Chubut.
Lautaro presente
A horas del fallo sobre la causa se conoció la trágica noticia de la muerte de uno de los imputados. Lautaro Martínez fue hallado sin vida en su domicilio y aún se desconocen las causas de su muerte. Lautaro había sido detenido durante el proceso y atravesó, junto a los demás supuestos implicados, además de la persecución judicial por cuatro años, el escarnio público y el hostigamiento mediático, que publicaba a diario sus fotos y sus nombres con acusaciones totalmente falsas. Finalmente, había sido absuelto.
En los días posteriores, se realizaron marchas para pedir la absolución inmediata de los acusados al grito de "Lautaro presente".
Ante una nueva embestida de la criminalización y del atropello al derecho a la protesta, en un contexto de nuevos intentos de rifar la provincia a los capitales extranjeros a costa de la salud y del ambiente de toda la población trabajadora, convocamos a todos los vecinos y vecinas que lucharon contra de la megaminería a movilizar la Oficina Judicial en Rawson este martes 29 de abril de 2025 a las 11:30, a dar apoyo y pedir por la absolución inmediata de los luchadores del Chubutazo.
¡Luchar no es delito! ¡No a la megaminería!
