Este jueves 11 de abril se aprobó en la legislatura de Chubut, con 25 votos a favor del oficialismo del gobernador Torres, el PJ y los libertarios, y con el único voto en contra de la banca del Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad que ocupa Santiago Vasconcelos, una “ampliación” de la “Ficha Limpia”, que modifica, nuevamente, el Artículo 66° bis de la Ley Orgánica de Partidos Políticos de la provincia (Ley XII N°9).

Los medios locales señalaron que esta ampliación fue con “el objetivo de impedir que las personas con una pena por un delito penal doloso de cualquier tipo, no solo de corrupción, pueda ser candidata a cargos electivos o partidarios” (Adn Sur, 11/04). Y agregan: “La ley aprobada en 2020 estableció que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas a cargos partidarios ni electivos. Luego, en 2022, el proyecto tuvo su primera ampliación e incluyó a los delitos por violencia de género como impedimento adicional para las candidaturas“.

La novedad central de esta ampliación, fuertemente impulsada tanto por el gobernador del PRO Ignacio Torres, como por el vicegobernador radical Gustavo Menna, como señalaba el texto del proyecto, es la inclusión de la inhabilitación a “las personas condenadas por delitos dolosos de cualquier naturaleza, de orden federal u ordinario, aún cuando la resolución judicial se encontrase recurrida o por cualquier razón no hubiese adquirido firmeza”. Es decir, cualquier delito doloso y sin necesidad de condena firme. En un nuevo ejemplo de los acuerdos políticos entre el PJ y el oficialismo de Torres, se negoció que en el texto final aparezca la necesidad de una sentencia de segunda instancia condenatoria para llevar adelante la inhabilitación.

La intervención de Vasconcelos apuntó a señalar que la iniciativa, lejos de querer combatir que la corrupción y el narcotráfico tengan lugares en las listas, apunta a criminalizar más aún y a proscribir a las y los luchadores:

“Por supuesto que vamos a estar de acuerdo con la abstención de quienes cometen delitos de lesa humanidad, de violencia de género y demás. En ese punto no hay controversia. Lo que agrega este proyecto es que, además de lo referido a su inconstitucionalidad respecto a la presunción de inocencia y también que una persona no puede ser penalizada doblemente por una misma causa, lo que nos preocupa es el punto que señala a cualquier delito doloso y sin condena firme, porque dentro del conjunto de los delitos dolosos están los que consideramos criminalización de la protesta. Son sabidas las vinculaciones entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y este proyecto reafirma esa ligación, porque quien esté siendo juzgado, o procesado, o incluso condenado por formar parte de manifestaciones, de ninguna forma puede además ser castigado con la imposibilidad de presentarse como candidato, justamente, en aras de defender aquello por lo cual estaba luchando”.

Ampliación ficha limpia: un fragmento de la exposición en donde, a partir de las amenazas de Milei contra Torres con el artículo 194, explico los elementos proscriptivos de esta ampliación. Pero igual lo votaron, para usarlo luego contra los condenados por luchas populares pic.twitter.com/He52y5erY1

— Santiago Vasconcelos (@santivascon) April 12, 2024

La confirmación de dicha intencionalidad política tras el proyecto fue confirmada por una intervención de Andrea Aguilera, diputada provincial de la UCR y una de las principales figuras del bloque “Despierta Chubut” (el oficialismo del gobernador Torres) y miembro informante del proyecto cuando señaló: “Los verdaderos delincuentes son los diputados que están procesados”, haciendo inequívoca alusión al diputado Vasconcelos, que junto a otros vecinos y vecinas está siendo perseguidos por el juez federal Gustavo Lleral por manifestaciones durante el año 2021 en defensa de la Iniciativa Popular que buscaba prohibir definitivamente la megaminería en Chubut y que la legislatura ni siquiera trató. Aguilera también era diputada en ese entonces.

Antecedentes

Esto no es nuevo. En 2020 también la legislatura de Salta avanzó en este sentido, donde también el único voto en contra fue el del diputado provincial del Partido Obrero, Claudio Del Plá, quien señaló que  el poder judicial que está a cargo del seguimiento de las causas no es un ente neutral, sino un espacio donde se disputan los distintos bloques políticos patronales que quieren garantizarse la impunidad, como el caso del exgobernador Romero que se valió de su influencia y sus fueros de senador para bloquear incontables causas de corrupción que tiene abiertas.

Por otro lado, el concepto de “Ficha Limpia” también es utilizado en los proyectos de limitación de los mandatos sindicales que buscan emular una nueva “Ley Mucci”, impulsada en 1984 por el radicalismo alfonsinista. En este nuevo impulso, también en manos del radicalismo que parece hacer honor a una tradición, se plantea una exigencia de “idoneidad para llevar adelante la representación de los trabajadores y para que nunca más un condenado por corrupción tenga a cargo la conducción de un sindicato”. Con esta amplitud y ambigüedad, al igual que en los proyectos que se impulsan desde las legislaturas, se puede apuntar tanto contra el enriquecimiento de burócratas como contra activistas combativos que tengan procesos o embargos por haber llevado acciones de lucha.

Como se ve, los capitalistas y sus partidos impulsan desde varios frentes modificaciones del marco jurídico que tienen como objetivo a la clase trabajadora. El “envoltorio” es una falsa lucha “honestista” contra la corrupción, a lo que ahora se suman ademanes contra el narcotráfico.

Más argumentos

Durante la sesión el diputado Vasconcelos recordó casos de “doble moral” por parte de los sectores políticos que impulsan la “Ficha Limpia”, como el caso del diputado provincial del PRO Sebastián “100 lucas” López, quien fue filmado pidiendo plata a las mineras a cambio de ejercer posteriormente, de ser electo, lobby parlamentario. Así como también los “piquetes” de los cuales participó la ahora ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, tanto con los sectores reaccionarios del campo como durante las marchas “anticuarentena” en pandemia. E incluso uno reciente: cuando escaló la crisis política entre el gobernador Torres y el gobierno de Milei, por los fondos de coparticipación federal, y el gobernador patagónico amenazó con “no se va a mover un sólo barril de petróleo”, el presidente dijo que de llevar adelante dicha acción, le cabía a Torres las penas por violar el artículo 194 del Código Penal, que plantea el entorpecimiento del transporte y los servicios públicos. En esta posición Milei incluso contó con el apoyo de Bullrich en este caso, del mismo espacio político que Torres, el PRO, e “invitada de honor” a la legislatura durante su asunción, el 9 de diciembre de 2023.

Estos ejemplos demuestran que la aplicación de la ley, y la determinación de qué es delito y qué no, con herramientas como la “Ficha Limpia”, responde a un carácter de clase y no a una supuesta “neutralidad” de los poderes que componen el Estado capitalista. Si hubieran sido los trabajadores petroleros los que de manera independiente hubieran llevado adelante el bloqueo de los yacimientos en defensa de sus puestos de trabajo, seguramente hubiera sido el mismo Torres, con el apoyo de Bullrich y seguramente Milei, el que hubiera impulsado una política represiva contra los obreros, y luego además los hubiera proscripto aplicándoles “Ficha Limpia” si alguno deseara presentarse como candidato en las elecciones.

En la provincia de Chubut hay decenas de activistas sindicales, ambientales, miembros de comunidades originarias, a quienes se les han armado causas “a la carta”, bajo las órdenes de los capitales extractivos, como el reciente caso de la docente de Sarmiento, Estela Juárez, objetivo de la petrolera Pan American Energy, que se presentó como demandante frente a un corte de ruta en 2019, en pleno Chubutazo estatal contra el pago escalonado de Arcioni. Chubut tiene el antecedente de ser la primera provincia, puntualmente en Comodoro Rivadavia: en 1999 fueron condenados por un corte de ruta los dirigentes sindicales Miguel Ángel Gatti y Walter Natera, por el entonces juez federal Norberto Napolitani, actual miembro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Como anticipo de una política de criminalización que Torres apunta a profundizar, uno de los nombres que suena como nuevo integrante del STJ de Chubut es el de Javier Raidan, abogado defensor de los policías asesinos de los piqueteros Maxi Kosteki y Darío Santillán.

Para impulsar realmente “Ficha Limpia”, y que no sea meramente una herramienta para proscribir luchadores o perseguir arbitrariamente a adversarios políticos, serían necesarias otras medidas, por ejemplo la transparencia total en el financiamiento de las campañas políticas sumado al levantamiento del secreto fiscal y financiero (que sólo se aplica, como ha sucedido recientemente, contra el movimiento piquetero), la eliminación de cualquier ley que habilite el blanqueo de capitales, y que en última instancia los magistrados sean revocables y electos por el voto popular.

Como lo demuestra el drama de Rosario, el narcotráfico, objetivo de este tipo de iniciativas como “Ficha Limpia”, es en realidad narcoestado, donde están fuertemente entrelazados los partidos políticos patronales, el poder judicial, las propias fuerzas represivas y el sistema financiero.

Lo que votó el oficialismo de Torres en la legislatura de Chubut, repetimos, con apoyo del PJ (lo cual es lógico porque el jefe de bloque del “Arriba Chubut” es Juan Horacio Pais, el impulsor de la ley de zonificación de Arcioni que terminó en la pueblada del Chubutazo en diciembre de 2021 y en una brutal represión que actualmente tiene decenas de vecinos y vecinas perseguidos por la justicia), no es más que un reforzamiento de la regimentación del Estado, la justicia y del aparato represivo para con las y los luchadores que ponen el cuerpo en defensa de las reivindicaciones más elementales, ya sea el agua, los salarios y las propias libertades democráticas.

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