Este lunes 27 fue una jornada histórica para los trabajadores de Villa Constitución. Esto, porque luego de iniciado el juicio por la causa “El Villazo” el pasado 13 de noviembre, las querellas, los sobrevivientes, familiares y los organismos de derechos humanos hicieron un reclamo muy explícito sobre el Tribunal Oral de la ciudad de Rosario: que el juicio se traslade a Villa Constitución para que los genocidas de la Triple A, de las fuerzas represivas y de la empresa Acindar, sean juzgados en la ciudad donde ocurrieron los hechos.

Finalmente, las víctimas sobrevivientes van a poder declarar desde los tribunales provinciales de Villa Constitución, rodeados por sus familiares, compañeros y de cara al pueblo trabajador de la ciudad. Un importante logro en la lucha por el juicio y castigo a los genocidas.

Este lunes comenzaron las declaraciones, acompañadas por una movilización que recorrió el centro de la ciudad, encabezada por los “históricos del Villazo” junto a una parte de los delegados de la UOM, la comisión interna de Acindar, la agrupación 22 de abril y a una marcha del Polo Obrero de distintos barrios de la ciudad, entre otros presentes.

La movilización se trasladó hasta las puertas del tribunal, donde junto a la APDH saludamos y dimos nuestro fuerte y conmovedor apoyo a los compañeros que se disponían a ingresar al tribunal para declarar. Luego nos dirigirnos a la Plaza Central y desde allí seguimos el relato estremecedor por pantalla gigante de los compañeros sobrevivientes.

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La causa de “El Villazo” trata el operativo “Serpiente Roja del Paraná”, que consistió en el copamiento el 20 de marzo de 1975 de Villa Constitución por alrededor de 4.000 agentes de las fuerzas represivas legales e ilegales de la Triple A, que ocuparon la ciudad y desarrollaron una verdadera cacería de delegados, militantes y activistas obreros, en su mayoría de la UOM, con represión, tortura, la desaparición y muerte de 69 víctimas y la detención de alrededor de 200 trabajadores de la ciudad.

Tamaño operativo estuvo al servicio de los intereses de la empresa Acindar y tuvo como objetivo liquidar a la vanguardia metalúrgica que le hacía frente. La empresa formó parte del plan criminal para aniquilarla, entregando legajos y domicilios de los activistas obreros a las fuerzas represivas, aportando un lugar físico que sirvió como centro clandestino de detención, colaborando con logística y financiando con sobresueldos a las fuerzas de seguridad. El presidente de Acindar en ese momento era Martínez de Hoz, quién luego sería el ministro de Economía de Videla.

A seguir movilizados y en las calles hasta conquistar la cárcel común y efectiva para todos los genocidas, responsables del operativo “Serpiente Roja del Paraná”. Seguimos reclamando la apertura de todos los archivos de la dictadura. Por la memoria, la verdad y la justicia.

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